Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía y exdirector de asuntos corporativos de Comunicaciones Celulares S. A., se declaró culpable el martes 19 de julio de 2022 ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, en donde la Fiscalía del mismo distrito lo señala de conspiración para el lavado de dinero, el cual habría sido utilizado para el pago de sobornos a funcionarios en Guatemala.

Según el expediente hecho público esta semana por el Tribunal de Distrito Sur de Florida, las pruebas presentadas por las autoridades demostrarían que Valladares Urruela habría sido dirigido por una compañía que opera en Guatemala, y a la que se refieren en el proceso como “Compañía A”, para que como directivo obtuviera dinero en efectivo y luego “fuera utilizado en una serie de transacciones en beneficio de la referida empresa”.

“El acusado acordó con otros participar en una serie de transacciones que beneficiaron a la Compañía A y que involucraron tanto a instituciones financieras guatemaltecas como estadounidenses”, se lee en los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida.

Las autoridades añaden que las transacciones que se ejecutaron “involucraban dinero que el acusado sabía o debería haber sabido que era proveniente de actividad ilícita” lo que “probaría, entre otras cosas, que existe un delito contra una nación extranjera, en este caso Guatemala. Que involucra cohecho a un funcionario público”.

La acusación que fiscales hicieron contra el exministro Valladares Urruela detallaba que habría ayudado a lavar cerca de US$10 millones (Q77 millones), presuntamente provenientes de ganancias de narcotráfico y otros orígenes ilícitos.

En el esquema habría participado un narcotraficante, otro político guatemalteco y un empleado de la banca central, según la justicia estadounidenses, que en los documentos no detalla nombres.

En el acuerdo firmado entre la Fiscalía y Valladares se determina que “el testimonio del coconspirador y la evidencia recabada son suficientes para probar la culpabilidad del acusado”.

El caso

Los actos de conspiración habrían ocurrido entre 2014 y 2018, cuando Valladares Urruela fungía como directivo de la empresa citada, según dijo el Ministerio Público en ese entonces, para manipular los votos en el Congreso de Guatemala para que favorecieran la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en 2014.

Según documentos incluidos en el expediente, la investigación efectuada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI)afirma que el esquema de lavado habría consistido en “transacciones espejo”, que permitían hacer depósitos bancarios en Guatemala, provenientes de dinero ilícito, y hacer transferencias a entidades en los Estados Unidos sin aparentemente dejar rastro.

“Durante este esquema, alrededor de diciembre de 2017, el acusado transfirió o hizo que se transfiriera a entidades en los EE. UU. aproximadamente $350 mil”, se afirma en los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida.

También añade que Valladares Urruela fue “responsable personalmente de participar en transacciones monetarias ilícitas de al menos US$140 mil”.

El exministro, según el acuerdo firmado en la corte, aceptó que le fueran decomisados US$140 mil como parte de la aceptación de los cargos.

El origen del caso fue revelado en mayo de 2019, cuando el Ministerio Público (MP) y extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de inmunidad de siete diputados del Congreso de la República y de Acisclo Valladares Urruela, quien en ese entonces fungía como ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales.

La investigación del MP señaló en ese entonces que al menos 62 diputados habrían estado involucrados en el pago de sobornos para favorecer la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles.

Sin embargo, solo se presentó solicitud de retiro de inmunidad de los diputados: Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco, todos integrantes del Partido Patriota (PP).

En ese entonces, las autoridades indicaron que recopilaron indicios como testimonios, chats, correos electrónicos y fotografías en las que los diputados condicionaron su voto y cobraron por la aprobación de leyes, como la mencionada.

Posible sentencia

En la documentación publicada por la Corte del Distrito Sur de Florida se indica que luego de la declaración de Valladares Urruela, en la que aceptó las acusaciones, se espera que la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos prepare un informe respecto a la sentencia que se dictaría.

Según el expediente de la Corte, por el delito en mención hay “un máximo de 10 años de prisión, seguido de un período de libertad supervisada de hasta cinco años, y una posible multa de hasta US$500 mil, o el doble de la cantidad de bienes derivados del crimen, involucrados en las transacciones, lo que sea mayor”. Además, la Fiscalía podría recomendar al Departamento de Justicia de EE. UU. que el acusado no sea deportado a Guatemala al final de una posible condena, para salvaguardar su vida.

Prensa Libre ha solicitado una postura al departamento de prensa de Comunicaciones Celulares S.A. comprada en 2022 por la transnacional Millicom, pero hasta ahora no ha sido emitida. Se incluirá en esta nota en el momento de recibirla.

Por su parte, los abogados de Valladares Urruela en Guatemala enviaron una comunicación al respecto a Prensa Libre, el martes 19 de julio de 2022, donde Valladares expresa: “su confianza en el sistema de justicia de los Estados Unidos de América y pondera su acrisolado respeto por la presunción de inocencia y por la preservación de las garantías individuales”. También proporcionaron una fotografía Valladares Urruela (incluida en esta nota) junto a uno de sus abogados en EE. UU., Barbara Llanes.