El Tribunal De Mayor Riesgo B reinició el juicio en contra de cinco implicados en el caso TCQ, luego que el debate sufriera un atraso tras la conformación de las nuevas Cortes de Apelación y Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El juicio inició, originalmente, el 11 de junio de 2024 y se desarrollaba según lo establecido en ley, no obstante, el 13 de octubre, con la conformación de las Salas de Apelación, la juez vocal Elia Perdomo, paso a integrar la Sala Primera de Apelaciones Penal.

En ese momento, la juzgadora solicitó permiso a la CSJ para terminar el debate, sin embargo, este le fue negado, lo que provoco que el juicio fuera suspendido y dejado sin efecto, ya que la ley establece que un debate no puede pasar más de 10 días sin discutirse y tiene que ser con los mismos jueces que lo iniciaron.

#AhoraLH | En el Juzgado de Mayor Riesgo B se lleva a cabo por segundo día consecutivo la continuación del juicio por el caso TCQ.

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— Diario La Hora (@lahoragt) April 3, 2025

Ante la imposibilidad, el Tribunal tuvo que esperar el nombramiento de un juez suplente que pudiera integrarse para ocupar el vacío que Perdomo dejó, llegando a ser nombrada en febrero de este año.

No obstante, por la carga de trabajo de la judicatura, el debate por el caso TCQ tardo en ser reprogramado hasta que finalmente, el pasado 2 de abril, se reinició el mismo.

Dado que dicho juicio se debe iniciar de cero, el tribunal ha comenzado a escuchar nuevamente a los testigos y peritos que ya habían declarado, pero que dadas las circunstancias deben presentarse nuevamente a rendir declaración.

Se espera que el juicio concluya en las próximas semanas.

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EL CASO

Según la acusación del Ministerio Público (MP), los cinco implicados fueron responsables de recibir supuestos sobornos a cambio de entregar en concesión Puerto Quetzal a manos de la empresa Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ).

Presuntamente, estas personas habrían recibido una serie de sobornos para favorecer la entrega en usufructo del puerto a la empresa española, con montos que van de los Q125 mil a los Q225 mil, según fuera el caso.

Por su parte, la defensa de estos aseguran que no hay pruebas de los supuestos hechos cometidos y, por lo tanto, se debe absolver a sus patrocinados.