La Corte de Constitucionalidad (CC) dio la razón a un grupo de ciudadanos que accionó ante el riesgo de un desconocimiento a los resultados electorales del 2023, luego de una resolución del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

Ese riesgo al sistema democrático también fue advertido por el presidente Bernardo Arévalo, quien en cadena nacional, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la destitución del juez.

En la reciente resolución constitucional se advierte al juez Orellana a que se abstenga de emitir resoluciones que pudieran caer en el delito de prevaricato, cargo que fue creado para evitar abusos desde administradores de justicia.

La acción resuelta fue presentada por un grupo de ciudadanos, entre ellos el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, quien dijo estar satisfecho con el criterio emitido por la CC.

“Creemos que esta es la resolución correcta por tres razones. Primero, porque reconoce la amenaza al proceso electoral y protege la voluntad popular. Segundo, porque anula todo lo actuado por el juez Orellana, quien pretendía reabrir un proceso ya concluido. Y tercero, porque le advierte del delito de prevaricato, es decir, el delito que comete un juez cuando dicta resoluciones contrarias a la Constitución”, indicó Ortiz.

Piden tomar acción

Para la presidencia de Guatemala, la resolución confirma las irregularidades que ellos han denunciado al hablar de las resoluciones judiciales emitidas por el juez Orellana.

“Las actuaciones del juez Fredy Orellana son abiertamente prevaricadoras y antidemocráticas. Ha dictado resoluciones contrarias a la ley y al amparo otorgado por la Corte en diciembre de 2023. Más allá de su reiterado desprecio por el orden constitucional, esta resolución de la CC evidencia las graves faltas en que ha incurrido Orellana, las cuales deberán ser evaluadas por la Corte Suprema de Justicia”, afirma la presidencia.

Por su parte Patricia Gámez, presidenta la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), considera que incluso la CC, lejos de solo advertir, debería certificar lo conducente ante posibles ilegalidades en las órdenes judiciales emitidas por Orellana.

“Creo que es necesario que los órganos de justicia al responder sean contundentes, no basta solo con insinuarlo o señalarlo, correspondía una certificación de lo conducente, porque eso corresponde cuando alguien actúa al margen de la ley”, indicó Gámez.

OJ poco claro

Tras el silencio que permaneció en la CSJ tras la solicitud publica del presidente para la destitución del juez Orellana, el Organismo Judicial emitió un comunicado la tarde de este miércoles 29 de octubre.

La postura oficial de la Corte Suprema de Justicia, a criterio de algunas fuentes judiciales que prefieren no ser citadas, no fue consultada en el pleno de la CSJ, ya que tras la publicación del documento algunos de los magistrados desconocían el contenido del mismo.

En el texto, el Poder Judicial explica cuáles son las causas y escenarios por las que se puede destituir a juez, sin detallar si existe alguna acción de ese tipo presentada concretamente contra Orellana.