La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), Nancy Hernández, conversó con Prensa Libre durante la celebración del 176.º periodo de sesiones ordinarias del tribunal, que esta vez se realiza en Guatemala.

En la entrevista, Hernández reflexionó sobre el futuro del sistema interamericano de derechos humanos ante los profundos desafíos de la región.

América Latina, explicó, es la región más violenta y desigual del mundo, donde persisten graves problemas estructurales como la desaparición forzada, la persecución de disidentes, la represión contra la prensa y los defensores de derechos humanos. A pesar de los esfuerzos por consolidar la democracia, aún no se ha alcanzado plenamente.

A estos desafíos históricos se suman ahora dos retos de gran magnitud para el siglo XXI: el impacto de la inteligencia artificial sobre los derechos humanos y la crisis climática.

Ambos fenómenos —señaló— exigen respuestas urgentes, coordinadas y centradas en la dignidad de las personas. También resaltó la necesidad de acercar la justicia a los pueblos.

¿Cómo es la situación de derechos humanos en Latinoamérica y cuáles considera usted que son los principales desafíos que enfrenta hoy?

Uno de los mayores desafíos que tenemos por delante es el de la inteligencia artificial no regulada. Por primera vez en la historia, la humanidad enfrenta la existencia de una inteligencia no humana capaz de tomar decisiones de forma autónoma. Ya no se trata solo de una herramienta para facilitar el trabajo humano, sino de una entidad con capacidad propia de decisión, lo que representa un cambio sin precedentes.

Las consecuencias aún son inciertas, ya que estas decisiones autónomas no estarán guiadas por la ética ni por la conciencia humana. Es un tema muy serio que, a mi parecer, aún no se está abordando del todo desde nuestra lógica regional.

No hay una discusión política, ni a nivel estatal ni regional, sobre cómo se dará la transición frente al impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y en otros derechos fundamentales, como las patentes, la libertad de expresión, los neuroderechos o la protección de la privacidad. La inteligencia artificial ahora va a tener capacidad de vigilar más nuestras acciones.

La inteligencia artificial ya puede realizar cualquier tarea mecánica mejor y más rápido que los humanos —por ejemplo, con vehículos autónomos o maquinaria agrícola sin necesidad de agricultores—, y todo depende de la inversión. Pero ¿qué va a pasar con las personas que hoy desempeñan esos trabajos? ¿Cuándo serán desplazadas? ¿Cómo se van a relocalizar o readaptar a nuevas funciones?

Aunque no estoy en contra de la inteligencia artificial, por el contrario, reconozco sus beneficios en áreas como la ciencia o la medicina, también va a tener un impacto muy negativo sobre millones de empleos de personas ya de por sí vulnerables, y esto no se está regulando.

Esta transición debe estar regulada por el Derecho nacional e internacional, con un enfoque centrado en la dignidad humana, para evitar un impacto devastador en nuestras sociedades. Por ejemplo, ya he tomado vehículos autónomos en Boston y San Francisco; si esa tecnología se generaliza, ¿cuántos taxistas podrían ser desplazados? El Derecho debe acompañar esta revolución, tomando en cuenta la dignidad de las personas como centro de las decisiones que tomemos. Si no lo hacemos, aumentarán el caos, la desigualdad estructural y los problemas sociales que ya afectan a América Latina.

¿Y el cambio climático también figura entre los temas emergentes?

Ahora tenemos unos desafíos nuevos muy importantes que toda la región va a tener que enfrentar. En primer lugar, los efectos del cambio climático. En especial, el desplazamiento y migración masiva de millones de personas por razones climáticas, en un plazo muy corto, en la próxima década.

Eso nos va a impactar muy especialmente a toda la región, pero muy particularmente a la región Caribe y a la Amazonía y pueblos indígenas que están ya sufriendo los efectos del cambio climático.

¿Qué significa para la Corte sesionar en Guatemala y no en su sede habitual en Costa Rica?

Esta política de trasladar sesiones fuera de su sede en San José, Costa Rica, comenzó en 2005, como un esfuerzo por acercar la justicia interamericana a las realidades locales. Hemos ido desde entonces a 36 períodos de sesiones fuera de la sede.

En esta ocasión, Guatemala nos extendió una invitación desde el año pasado, y aceptamos gustosos. Hacía 14 años que no veníamos.

Creemos en el valor de que las personas conozcan más de cerca el trabajo de la Corte. Las audiencias públicas permiten que ciudadanos, prensa y sociedad civil presencien cómo funciona un tribunal internacional de derechos humanos, y eso es acercar la justicia interamericana a las realidades locales.

¿Qué relevancia tienen las audiencias públicas que se están realizando en este periodo de sesiones?

Siempre es positivo que en las audiencias recibamos alegatos, peritajes y testimonios de víctimas en tres casos clave: uno sobre el pueblo Salango de Ecuador, otro de la comunidad garífuna de Honduras, y un caso contra Perú por la muerte de Celia Ramos Durand tras una esterilización forzada en 1997.

Además, estamos realizando cinco audiencias privadas de supervisión de cumplimiento en casos de Guatemala. Estos espacios permiten evaluar directamente, con el Estado, las víctimas y la Comisión Interamericana, cuáles son los avances y obstáculos para implementar nuestras sentencias.

¿Qué tan efectivas son esas audiencias de seguimiento?

Muy efectivas. Ha sido extremadamente positivo incluir casos de supervisión de cumplimiento en este periodo, lo que sucede en este mismo ejercicio de supervisión en otros Estados. No es lo mismo enviar informes escritos que sentarse en una mesa con las partes involucradas. Se genera un diálogo directo que permite detectar dónde están los bloqueos y cómo se pueden superar. En muchos casos, se logran acuerdos concretos de avance.

¿Qué impresión tiene de Guatemala como sede y del compromiso del país con el sistema interamericano?

Que Guatemala haya ofrecido ser sede es, en sí mismo, un reconocimiento de su compromiso con el sistema interamericano, y luego permite a la gente acercarse y conocer de primera mano cómo funciona el Tribunal Internacional Regional de Derechos Humanos.

¿Por qué tantos de los casos que llegan a la Corte tienen que ver con pueblos indígenas?

Porque hay una deuda histórica de la región con los pueblos originarios, especialmente en temas de tierras. A lo largo de 45 años, la Corte ha establecido estándares importantes en esta materia, que los pueblos indígenas conocen y reconocen, y por eso acuden a este tribunal con confianza.

¿Y qué lectura le da usted al sistema de justicia guatemalteco, en relación con los casos que ha visto la Corte?

Como mencioné en mis palabras inaugurales, Guatemala ha luchado históricamente por la democracia y los derechos humanos, a pesar de sus desafíos. En general, el hecho de que la sesión se desarrolle aquí, pues también refuerza esa lucha que está haciendo el país por mejorar su sistema de justicia.

Cada caso refleja aspectos específicos, pero sí puedo decir que hay una voluntad positiva del Estado en muchos de los casos que estamos revisando. Las audiencias privadas de estos días han sido muy productivas y se han alcanzado acuerdos importantes. Siempre hay desafíos, pero también una búsqueda constante de mejorar.

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