En cualquier Estado moderno que aspire a la democracia y al desarrollo, el funcionamiento de administraciones públicas profesionales y eficientes no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Basta imaginar, aunque sea brevemente, una sociedad sin dichas administraciones para comprender el caos que sobrevendría. Toda comunidad organizada requiere de instituciones que gestionen y administren los servicios esenciales para la vida colectiva. Dedicar recursos financieros para que esas administraciones alcancen altos niveles de profesionalismo y eficiencia es, sin duda, una inversión que reditúa para toda la sociedad, incluyendo a las empresas.

Detengámonos, por ejemplo, en el monopolio legítimo de la violencia. Este principio, pilar de la teoría política moderna, significa que el Estado es el único con autoridad para ejercer la fuerza a través de sus agentes y oficiales de policía. Pero no basta con que existan policías: se requiere de una administración pública de enorme complejidad, especialmente en regímenes que aspiran a respetar los derechos individuales y las libertades cívicas. La formación, supervisión y evaluación de los cuerpos policiales; la transparencia en sus procedimientos; y la garantía de que la fuerza se use exclusivamente para proteger a la ciudadanía requieren de cuadros administrativos altamente calificados.

La educación pública, considerada por muchas personas como columna vertebral del desarrollo nacional, representa otro caso emblemático. Gestionar exitosamente el sistema educativo no solo implica construir escuelas o contratar docentes; demanda sofisticación administrativa en planificación curricular, distribución de recursos, evaluación del desempeño y capacitación constante. La educación es, por tanto, un fenómeno que exige técnicas y conocimientos avanzados en gestión pública si se busca, de verdad, preparar a nuevas generaciones capaces de integrarse y aportar al progreso social y productivo del país.

El sistema de salud pública, por su parte, es quizá uno de los ejemplos más claros de la necesidad de administradores públicos competentes. Asegurar el suministro constante y suficiente de insumos médicos, la operación eficaz de hospitales, clínicas y centros de atención primaria, la coordinación de emergencias y la implementación de campañas preventivas, todo ello requiere una burocracia profesional, experimentada y responsable. Las complejidades logísticas, sanitarias y presupuestarias de la salud pública no admiten improvisación.

Un caso similar ocurre en el desarrollo y mantenimiento de la red de carreteras e infraestructura básica. Planificar, construir y conservar caminos y autopistas supone una visión de largo plazo, capacidad para coordinar múltiples actores, y acceso a información e investigación de vanguardia. Cuando estas tareas quedan en manos de personas sin la preparación adecuada, el resultado es el desperdicio de recursos, retrasos interminables y obras de poca duración o dudosa calidad.

El fondo de la cuestión, entonces, es claro: los recursos financieros destinados a profesionalizar las administraciones públicas no son un gasto superfluo, sino una inversión que previene el despilfarro, la corrupción y el fracaso de políticas esenciales. Es indispensable articular mecanismos que atraigan, incentiven y retengan a profesionales talentosos y motivados en el servicio público, ofreciéndoles oportunidades reales de desarrollo y reconocimiento.

Por ello, resulta urgente una revolución cualitativa en el régimen del servicio civil, ese núcleo donde se define la calidad de la gestión pública. Reformar, modernizar e invertir en la carrera administrativa debe convertirse en una prioridad para gobiernos responsables y sociedades que entienden que el futuro colectivo depende, en gran medida, de la calidad de quienes administran los recursos y servicios públicos.