La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial ayer por el Congreso de la República es un hecho clave y fundamental en el contexto histórico que vive el país porque no solo apunta a la construcción de vías fundamentales para el desarrollo, sino que establece mecanismos y financiamiento para alcanzar el objetivo dentro de un esquema que, Dios mediante, rompa con los compadrazgos entre funcionarios y constructores de turno. La iniciativa estuvo mucho tiempo durmiendo el sueño de los justos, pero tras ajustes bien estructurados, este año se puso en el tapete de varias comisiones de trabajo y tras el análisis se llegó a alcanzar un consenso que permitió su aprobación por mayoría absoluta del pleno de diputados.

La tradición en nuestro Organismo Legislativo ha sido que no se aprueban leyes de interés nacional sino simplemente las que son parte de los mecanismos de la corrupción en la que ha sido tradicional la participación de diputados que obtenían beneficios a cambio de los votos que daban para proyectos turbios. Este nuevo instrumento legal pretende la construcción de vías fundamentales para el país, priorizando la ampliación y mejoramiento de las rutas CA-10, CA-11 y un importante tramo de la CA-12, pero además ordena realizar las circunvalaciones 1 y 2 del área metropolitana y los anillos en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla y Santa Rosa así como varios libramientos que pretenden facilitar el tránsito donde actualmente hay serios obstáculos.

El hecho de que 118 diputados dieran su voto a favor de este proyecto es significativo porque, repetimos, cambia por completo la tónica que prevaleció durante años para la emisión de leyes, sobre todo cuando se referían concretamente a la construcción de obras que alentaron, esencialmente, el tema de la corrupción. Ahora se antepone el interés nacional al individual de funcionarios y contratistas y ojalá no se implementen las viejas acciones para pervertir leyes hechas con la mejor de las intenciones.

La opinión pública jugará un papel importante en la verificación necesaria del comportamiento de las autoridades involucradas para impedir que una ley positiva y bien intencionada termine siendo retorcida, como tradicionalmente se ha hecho en nuestro país. Pero es de reconocer el mérito de quienes dirigieron las negociaciones en el Congreso y otras instancias para alcanzar este sano objetivo y ahora nos toca a todos los guatemaltecos vigilar su ejecución.

Hemos sido críticos por la falta de acciones que apunten a mejorar las condiciones del país deterioradas por años de saqueo y mal uso de los fondos públicos y por ello ahora valoramos mucho la actuación del Congreso y otros actores, pero advertimos que, sabiendo que hecha la ley hecha la trampa, no debemos atenernos; por el contrario, de esa constante vigilancia dependerá el éxito de la nueva ley.