Arévalo sanciona Ley marco de Ciberseguridad: qué contempla y cuál será su aplicación en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026 del Congreso, que da vida a la Ley Marco de Ciberseguridad.
El Congreso de la República publicó este martes 17 de noviembre en el Diario Oficial que el presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto 26-2026, que da vida a la Ley Marco de Ciberseguridad.
La ley tiene por objeto crear y desarrollar el marco institucional de la ciberseguridad en Guatemala, así como establecer un régimen sancionatorio de carácter administrativo, generar el marco jurídico penal y procesal penal en materia de ciberseguridad, promover la cooperación internacional y fortalecer las capacidades técnicas necesarias para abordar la ciberseguridad en el país.
El decreto fue declarado de urgencia nacional y aprobado en un único debate, con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
La ley también declara de interés nacional los esfuerzos dirigidos al cumplimiento de sus objetivos y demás disposiciones.
Además, crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad (Conciber), como ente rector para la toma de decisiones estratégicas sobre los asuntos de interés nacional en materia de ciberseguridad. El Consejo no tendrá presupuesto propio y estará conformado por el presidente y cinco ministros, entre ellos los de Gobernación y Defensa.
Los integrantes del Consejo ejercerán sus funciones ad honorem mientras dure su cargo o nombramiento, según corresponda.
El Consejo se reunirá de manera ordinaria una vez al mes y de forma extraordinaria cuando se considere necesario, a solicitud de alguno de sus integrantes. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias se hará por instrucciones del presidente de la República, a través del Ministerio de Gobernación.
Las instituciones representadas en el Consejo deberán atender los lineamientos y directrices planteados por este, respetando el ámbito de sus competencias, para contribuir al cumplimiento de las atribuciones y funciones contempladas en la ley.
También se crea la Dirección Nacional de Ciberseguridad (Diciber), como una dependencia del Ministerio de Gobernación, de carácter técnico-operativo y especializada en ciberseguridad a escala nacional.
Debido a la naturaleza y las funciones especializadas que llevará a cabo, la Dirección tendrá presupuesto propio y deberá considerarse un cuerpo de seguridad del Estado.
La ley también ordena la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad de Guatemala (CRIC-GT), como una dependencia de la Dirección Nacional de Ciberseguridad.
Esta dependencia será de carácter técnico y especializada en ciberseguridad, y se regirá por la ley y su reglamento.
Estarán sujetos al régimen administrativo sancionatorio de esta ley los operadores de servicios esenciales y las personas individuales o jurídicas que administren, gestionen u operen sistemas informáticos cuya afectación pueda comprometer la continuidad de servicios esenciales, infraestructuras críticas, la seguridad de la información o el funcionamiento de sistemas estratégicos para el país.
Delitos en la Ley de Ciberseguridad
- Comete el delito de acceso ilícito quien acceda sin autorización o excediendo la autorización que posea, por cualquier método, a todo o parte de un sistema informático o sistema que utilice tecnologías de la información y la comunicación, cuando dicho acceso se realice infringiendo medidas de seguridad. Al responsable de este delito se le impondrá una pena de prisión de 4 a 6 años.
- Comete el delito de interceptación ilícita quien, sin autorización y por cualquier medio o forma, intercepte datos informáticos en transmisiones no públicas en un sistema informático que utilice tecnologías de la información y la comunicación u otras, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes o efectuadas dentro de este, que transporte dichos datos informáticos. Al responsable de este delito se le impondrá una pena de prisión de 5 a 8 años.
- Ataque a la integridad de los datos informáticos. Comete este delito quien, sin autorización, oculte, dañe, borre, deteriore, altere o suprima datos o registros informáticos. Al responsable se le impondrá una pena de prisión de 5 a 7 años.
- Ataque a la integridad del sistema informático. Comete este delito quien, sin autorización, obstaculice de propósito el funcionamiento normal de un sistema informático o sistemas que utilicen tecnologías de la información y la comunicación, mediante la introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos. Al responsable se le impondrá una pena de prisión de 5 a 8 años.
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de la ley comprende todo el territorio de la República, el ciberespacio y los demás ámbitos territoriales y extraterritoriales establecidos en el ordenamiento jurídico vigente que tengan vinculación con la materia objeto de esta ley.
En materia penal, su aplicación tendrá efectos sobre toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que cometa un hecho tipificado como delito en el ciberespacio, en cualquiera de las siguientes condiciones o circunstancias:
- Cuando el sujeto activo origine, ordene o ejecute la acción delictiva dentro del territorio nacional
- Cuando el sujeto activo origine, ordene o ejecute la acción delictiva desde el extranjero y produzca su consumación o sus efectos dentro del territorio nacional
- Cuando el origen o los efectos de la acción se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentren en el territorio nacional
- Cuando se materialice o evidencie cualquier tipo de participación desde el territorio guatemalteco, mediante un acto sin el cual no se hubiera podido cometer la acción delictiva
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