Nueva ley antilavado redefine reglas para bancos, empresas y criptomonedas; el desafío es implementarla
Guatemala acaba de aprobar una de las reformas más profundas de las últimas dos décadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, que sustituye y amplía la antigua Ley 67‑2001, marca un antes y un después […]
Guatemala acaba de aprobar una de las reformas más profundas de las últimas dos décadas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, que sustituye y amplía la antigua Ley 67‑2001, marca un antes y un después en la capacidad del Estado para detectar, investigar y sancionar operaciones ilícitas que afectan la seguridad, la economía y la reputación internacional del país.
La reforma no es un ajuste cosmético: es una reconstrucción completa del andamiaje antilavado, diseñada para cerrar brechas históricas, incorporar sectores emergentes como los activos virtuales y preparar al país para la evaluación de GAFILAT en 2027.
“Esta nueva normativa marca un hito al sustituir un marco legal vigente por más de 25 años e integrar, por primera vez en un solo cuerpo legal, las disposiciones para combatir tanto el lavado de dinero como el financiamiento del terrorismo”, afirmó la Superintendencia de Bancos (SIB).
Sin embargo, el gran reto ahora es su implementación y la hoja de ruta que la llevará a estar en plena vigencia.
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EL ANTES Y EL DESPUÉS
La antigua legislación trataba el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como mundos separados.
La nueva ley los integra junto con la proliferación de armas de destrucción masiva, creando un sistema coherente, actualizado y más fácil de aplicar.
En un contexto global donde los flujos ilícitos se vuelven más sofisticados, Guatemala apuesta a este marco moderno, integral y alineado con las 40 recomendaciones del GAFI.
La legislación no es solo un cambio legal, es un blindaje. Así lo ve Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), quien explica que la norma une en un solo instrumento el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo porque “comparten la misma infraestructura criminal”.
Son los mismos canales, las mismas técnicas de ocultamiento y las mismas debilidades del sistema, como evidenció el estudio Drogas, Armas y Efectivo que FUNDESA y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) publicaron a finales de 2025.
“Con la ley, las Personas Obligadas tendrán un solo manual, un solo Oficial de Cumplimiento y un solo reporte. Se acaban las duplicidades y toda la inteligencia financiera se concentra en la IVE como ventanilla única”, agregó.
Esta visión integral era una deuda pendiente que ahora coloca al país en la misma ruta que las jurisdicciones con mejores prácticas internacionales.
EL ABC DE LA NUEVA LEY
Uno de los cambios más celebrados es la actualización del tipo penal de lavado, que ahora describe con mayor precisión la intención de ocultar el origen ilícito y el conocimiento sobre los fondos, explica la SIB.
Esta modernización reduce ambigüedades que históricamente han debilitado casos judiciales y permitirá al Ministerio Público construir expedientes más sólidos.
“Antes los fiscales no podían perseguir el lavado sin primero condenar al narcotraficante, al extorsionista o al corrupto”, advierte Zapata. Eso se acabó.
La ley amplía las conductas —convertir, adquirir u ocultar— y permite probar que alguien sabía del origen ilícito con inferencias objetivas del caso, sin depender de una confesión.
A ello se suma el fortalecimiento del rol de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), cuyos reportes adquieren mayor peso operativo y probatorio. En la práctica, esto significa investigaciones más ágiles, mejor coordinación interinstitucional y mayor capacidad para seguir la ruta del dinero.
EL MUNDO CRIPTO BAJO LA LUPA
Por primera vez, Guatemala incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados.
En un entorno donde las criptomonedas se han convertido en un vehículo frecuente para mover fondos ilícitos, esta medida coloca al país en sintonía con los estándares más recientes del GAFI y reduce un vacío que los criminales han aprovechado durante años.
“Una tipificación más clara y actualizada nos va a permitir reducir vacíos legales, fortalecer las acciones penales y brindar mayor certeza jurídica a las autoridades, al sector privado e incluso a las personas obligadas”, agregó Adolfo Lemus, de la Universidad Rafael Landívar.
Las criptos permiten transferencias inmediatas, pseudónimas y transfronterizas que esquivan los controles bancarios. Sin regularlas, dice Zapata, “cualquier esfuerzo de cumplimiento tendría un hueco estructural que la economía criminal aprovecharía”. GAFILAT lo revisará en febrero de 2027.
PEP: SALIENDO DE LAS ZONAS CIEGAS
La nueva ley redefine y amplía el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo familiares, asociados cercanos y estructuras jurídicas vinculadas.
Además, exige debida diligencia reforzada durante el ejercicio del cargo y hasta un año después.
Este cambio apunta de manera directa a uno de los riesgos más sensibles del país: la corrupción y la captura del Estado mediante redes opacas.
A los PEPs, sus familiares de primer grado, cónyuges y asociados cercanos se les aplica debida diligencia intensificada. No obstante, la ley aclara: ser PEP no es delito ni debe limitar el acceso a servicios financieros.
Para Lemus, de la URL, este es un beneficio en doble vía. Para las personas obligadas, una legislación más robusta proporciona reglas más claras para la gestión de riesgos y la prevención de operaciones ilícitas, y al país le beneficia ese compromiso con la transparencia.
El catálogo de sujetos obligados se expande para incluir sectores que hoy concentran riesgos significativos: fintech, casas de apuestas, notarios en operaciones específicas y otros actores no financieros.
Con ello, Guatemala reduce las “zonas ciegas” donde el lavado de dinero ha operado con mayor libertad.
BENEFICIOS PARA EL PAÍS
La aprobación de esta ley no solo fortalece la seguridad interna; también protege la posición internacional de Guatemala.
Un marco robusto reduce el riesgo de que el país sea incluido en listas grises del GAFI, lo que afectaría la banca corresponsal, encarecería transacciones internacionales y desincentivaría la inversión extranjera.
La Ministra de Economía, Gabriela García, explicó durante una citación en el Congreso que la aprobación de la Ley funciona como “un sello” que certifica el compromiso del país con la transparencia financiera, contribuyendo positivamente al clima de inversión.
Para FUNDESA, este es un paso más en el camino para que el país consiga el “grado de inversión”. Un elemento sobre el que las calificadoras internacionales de riesgo crediticio se han pronunciado.
Con esta reforma, Guatemala envía una señal clara: está comprometida con la transparencia y la integridad financiera.
Por su parte, este miércoles, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, emitió un mensaje a través de su cuenta de X en la que refiere: Reconocemos el importante paso que el Congreso ha dado en contra el lavado de dinero. «La aprobación de una ley en este ámbito demuestra el compromiso con el fortalecimiento económico y el Estado de derecho en Guatemala al establecer un marco legal que protege a sus ciudadanos de actividades criminales y terroristas. Esperamos su implementación rápida y efectiva para promover la prosperidad económica y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala».
EL DESAFÍO: LA HOJA DE RUTA
Aunque la aprobación es un hito, el verdadero desafío comienza ahora, señalan los expertos. La implementación requerirá:
- Reglamentos claros y oportunos.
- Capacitación intensiva para supervisores, fiscales y sujetos obligados.
- Inversión tecnológica para la IVE y las entidades financieras.
- Coordinación estrecha entre sector público y privado.
- Campañas de sensibilización para sectores recién incorporados, como proveedores de activos virtuales.
El éxito dependerá de la capacidad del Estado para convertir la letra de la ley en prácticas efectivas, y del compromiso del sector privado para adoptar una cultura de cumplimiento más rigurosa.
Para FUNDESA, la primera fase de esta implementación debe incluir el reglamento, constitución del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT), el listado oficial de cargos PEP y registro de Personas Obligadas.
Posteriormente, se tendría que priorizar la implementación diferenciada. Bancos actualizan datos; cooperativas, criptos e inmobiliarias reciben guías y capacitación de la IVE; y abogados, notarios y contadores entran con régimen especial.
Otras acciones incluirán reformas al Código de Comercio. Todas las sociedades deben registrar accionistas y reportar cambios en 10 días. El Registro Mercantil necesita digitalizarse urgente porque hoy no tiene plataforma segura para manejar esa información confidencial.
“La implementación debe acompañarse de un conocimiento claro de la ley, capacitación desde el regulador, oficiales de cumplimiento con pleno conocimiento de la norma, coordinación interinstitucional y un enfoque basado en riesgos que permita concentrar esfuerzos en las amenazas más relevantes sin generar cargas excesivas para los sectores regulados«, agregó Adolfo Lemus, de la URL.
Finalmente, el país debe prepararse para la visita GAFILAT en 2027. En octubre de este año, el CONCLAFT debe publicar cuántas Personas Obligadas están registradas, cuántos reportes sospechosos se han recibido y cuántas investigaciones avanzan.
Guatemala también debe pedir una visita técnica previa para tapar brechas.
“GAFILAT no evaluará si la ley existe en papel. Evaluará si el sistema funciona: reportes, sanciones, casos sentenciados y coordinación real entre IVE y MP”, dijo Juan Carlos Zapata.
La nueva Ley Integral LD/FT representa una apuesta ambiciosa y necesaria. Guatemala se coloca en una ruta de modernización que fortalece su institucionalidad, protege su economía y la alinea con los estándares globales más exigentes.
El reto ahora es sostener el impulso, asegurar una implementación efectiva y demostrar que el país puede construir un sistema financiero más transparente, seguro y confiable para todos.
