El pasado 20 de noviembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió la liberación bajo fianza de varias personas detenidas por las autoridades migratorias desde septiembre, en el estado de Illinois.

La suspensión fue solicitada por el gobierno de Donald Trump, luego de que un juez federal de Chicago falló a favor de los abogados que representaban al menos a 600 personas detenidas por el ICE en Illinois.

Según el juez, no existían motivos razonables para que las personas fueran detenidas por las autoridades migratorias, ya que tampoco había registros de órdenes de arresto pendientes.

Muchos de los detenidos habían sido procesados en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Además de la liberación de al menos 450 personas, el juez también ordenó que se les fijara una fianza de US$1 mil 500, además de aplicar medidas de vigilancia como tobilleras electrónicas.

Sin embargo, un tribunal de apelaciones suspendió la liberación de esas 450 personas y fijó una audiencia para el próximo 2 de diciembre.

El gobierno de Trump argumentó en la apelación que el juez había cometido una serie de errores legales que podían poner en riesgo la seguridad pública.

“Las órdenes del tribunal de distrito someten al gobierno a mandatos onerosos, costosos e intrusivos —incluidos requisitos de capacitación, documentación e informes— y obstaculizan la reimplementación de las leyes de inmigración del país tras años de no aplicación”, señaló la administración.

Las detenciones de los migrantes sí se realizaron en medio de un operativo denominado Midway Blitz, que el gobierno de Trump llevó a cabo en Illinois.

Según el mandatario, esta operación busca “detener a inmigrantes ilegales criminales que aterrorizan a los estadounidenses”.

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