El Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, se reservó y no respondió si Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno y pareja del expresidente Alejandro Giammattei, enfrentará un proceso penal motivado por el ente investigador ante el pedido de la Fiscalía de Extinción de Dominio de inmovilizar ocho propiedades vinculadas al exfuncionario, valoradas en unos Q10 millones, en un caso independiente de cualquier causa penal.

Martínez fue sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2023 bajo la Ley Magnitsky, debido a su implicación en actos de corrupción, lo que resultó en la congelación de sus activos. El 6 de mayo último, el MP confirmó la publicación de Prensa Libre, señalando que la Fiscalía solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio la inmovilización de bienes inmuebles vinculados a Martínez, los cuales habrían sido adquiridos de manera irregular.

La acción contra las propiedades vinculadas a Martínez se produjo 478 días después de que su pareja, el expresidente Giammattei, dejara el poder. La Hora ha documentado este periodo con un conteo diario que evidencia la inacción del MP y la protección que ha brindado Porras a Martínez. Giammattei calificó a Porras como su amiga y la defendió públicamente cuando EE. UU. la sancionó, poco antes de reelegirla al frente de la institución encargada de perseguir el delito.

MÁS DUDAS QUE RESPUESTAS

La Hora consultó al Departamento de Información y Prensa del MP si Martínez está sindicado por el delito de lavado de dinero u otros activos en un proceso judicializado en el Organismo Judicial (OJ), paralelo a las medidas cautelares que solicitó la Fiscalía de Extinción de Dominio sobre ocho propiedades vinculadas al exfuncionario.

Sin embargo, al cierre de la edición de este trabajo no se obtuvo respuesta. Además, el pasado 6 de mayo, el vocero del MP indicó que «la investigación del caso (de la Fiscalía de Extinción de Dominio) se encuentra bajo reserva», por lo que no ofrecieron más detalles.

Este medio también consultó al MP si sobre Martínez pesa alguna medida de coerción o si se prevé solicitar una en su contra, como una orden de arraigo o de captura. Asimismo, se preguntó si ha sido citado a rendir su primera declaración. Hasta el momento, no se obtuvo respuesta.

En octubre del año pasado, el MP informó a La Hora que contaba con nueve investigaciones por corrupción que «hacían mención» de Martínez y del expresidente Giammattei. Meses después, aclaró que se trataba de denuncias en su contra. Sin embargo, una de ellas fue desestimada por la Fiscalía, pese a que señalaba a ambos de liderar una presunta estructura dedicada a saquear al Estado.

LA DUPLA SANCIONADA

Al igual que Martínez, Giammattei fue vetado por EE. UU. apenas tres días después de dejar la Presidencia. El Departamento de Estado lo señaló de haber recibido sobornos durante su mandato. En su caso, la sanción fue menos severa que la impuesta a su pareja, quien fue castigado por el Departamento del Tesoro.

Según EE. UU., Martínez influyó «en el proceso de contrataciones gubernamentales en beneficio propio y de allegados», y actuó “en confabulación con otros funcionarios del Gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a oferentes favorecidos fuera de Guatecompras”, el sistema oficial de adquisiciones del Estado.

El Gobierno estadounidense sostiene que el exfuncionario no operó en solitario. «Martínez y sus conspiradores utilizaron disposiciones anticuadas de las leyes de adquisiciones para eludir el proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales a empresas en las que tenía un interés económico», señaló.

Además, lo acusan de haber exigido en 2021 «cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por parte del Gobierno de Guatemala, en una operación controvertida que implicó la adquisición de 16 millones de dosis contra la COVID-19».

La administración de Porras se ha negado a investigar a Martínez por el caso de las vacunas. La propia Fiscalía indicó a La Hora que no abriría una pesquisa mientras no recibiera una denuncia formal del Gobierno estadounidense.

VÍNCULOS A EMPRESAS

Este medio ha documentado diversas investigaciones sobre adjudicaciones a empresas vinculadas a Martínez, cuyos contratos con el Estado se incrementaron significativamente durante el gobierno de Giammattei. Es el caso de Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro), que llegó a recibir adjudicaciones por Q2.561 millones.

Asimismo, Asfaltos y Petróleos de Guatemala, S. A. figura entre las 410 compañías interrelacionadas que, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), defraudaron al Estado por Q300 millones. El caso fue identificado como B410.

Otra de las compañías favorecidas durante esa administración fue la farmacéutica La Botica, S. A., vinculada a Jairo Ernesto Ponce Fernández, amigo cercano de Martínez. Esta empresa aumentó sustancialmente sus contratos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud: pasó de Q16.7 millones en 2019 a Q540.1 millones durante el gobierno de Giammattei.

Estructura denunciada apunta a la operación de Miguel Martínez