Las últimas semanas se han caracterizado por paros “en fila”, causantes de enormes gastos y pérdidas para todos los ciudadanos y hasta el mismo gobierno, cuyas decisiones afianzan esa conclusión, basada en una simple lógica. Al tan dañino paro organizado por Joviel Acevedo, vergonzosamente resuelto a las escondidas y causante de gasto millonario para medio arreglar sus efectos en la educación, lo cual garantiza el subdesarrollo. De inmediato apareció el paro del sindicato portuario de Empornac, también resuelto con secretos inadmisibles. No se necesita ser genio para no ver detrás de ambas acciones un nefasto plan de gente a quien los daños educativos y/o económicos no les pueden importar menos, ni pueden entender sus efectos a largo plazo. La Constitución, junto con la diosa de la justicia, llorarían de tristeza y rabia.

Los hechos de la política no ocurren porque sí, ni es posibles prever sus resultados. Las presiones al actual régimen tienen un titiritero oculto y en nuestro caso parece ser la conocida titiritera y siempre poder detrás del trono de la UNE. Será sin duda una terca aspirante a la presidencia en el 2028, y lo comprueba su extraño silencio desde su tercera derrota electoral seguida. El gobierno no sabe explicar sus verdaderas intenciones, con medidas incomprensibles. Influye también la modesta capacidad de demasiados de sus integrantes, y a todo esto se suman ese remedo de Congreso y entidades jurídicas como la Corte Suprema de “justicia” y la de Constitucionalidad, todas ellas en prestigio descendiente poco después de entrar a la vida jurídica hace ya 40 años.

Es tiempo de pensar en serio en cambios o supresión de algunos, no todos, sus artículos, aquellos cuyos efectos han sido contraproducentes al haber caído en manos de personajes oscuros. Hay un problema serio: cómo y quién sugerirlos, pero fuera del Congreso, pues borrarían los buenos y dejarían los otros. Hay tiempo, aunque corto, de darle esa tarea a representantes de la mayor cantidad posible de sectores sociales, económicos, ideológicos, e incluso partidistas, previamente a presentar un listado pétreo, para dejarle al parlamento la única tarea de declararla vigente en una sola sesión. Una traba es la calidad constitucional de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y por eso sería inútil pedir a los diputados este cambio. Véase el ejemplo de su autoaumentado sueldo.

Un riesgo de cambios sería hacerlos a la ley de libre emisión del pensamiento, orden público y amparo. En otro caso, la constitución estadounidense, vigente desde 1787, permite posibles enmiendas, es decir rectificación de errores, realizadas, claro, luego de discusiones y votaciones. Así se abolió la esclavitud, se dio ciudadanía a los nacidos allí, derecho a voto a las mujeres (en 1920 y Guatemala en 1944), reducir a dos los períodos presidenciales y —muy interesante— decidir la sucesión presidencial por discapacidad. Lo menciono por ser posible, y ahora necesario en nuestro país, hacer algo basado en esa idea. Es fundamental el trabajo de grupos de ciudadanos probos, íntegros y honrados.

Un efecto de la realidad actual es la conciencia de un grueso sector ciudadano de realizar cambios parciales de algunas de las leyes. Si se mantiene el desinterés de lo ocurrido en el país, no se puede luego ni criticar, porque existe de hecho una complicidad no planificada. La población adulta guatemalteca se puede dividir en dos: los jóvenes, entre 18 y 40 años (edad mínima para ser candidato presidencial), y quienes pasan de esa edad. El primer grupo tiene la ventaja de estar informados en mejor forma gracias a los avances tecnológicos de comunicación, manejados y dominados por ellos, porcentualmente son 50%-50% y ello les permite analizar mejor, aunque sus gustos musicales —por ejemplo— sean distintos. No son solo el futuro, sino el presente.