En Guatemala, la democracia es una promesa traicionada y el Congreso, su principal verdugo. La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), creada en 1985 y reformada en 2016, impone listas cerradas que aseguran la reelección indefinida de los protegidos de las cúpulas partidarias, incluso de figuras señaladas por corrupción y nexos con el crimen organizado. El artículo 205 de la Lepp y el método D’Hondt consolidan este fraude institucional, diseñado para perpetuar una élite política en detrimento de un pueblo olvidado.

Para los guatemaltecos, el voto es un espejismo. En 2023, 64 diputados se reeligieron, pese a señalamientos. Antes de su expulsión, la Cicig denunció plazas fantasmas y desvíos millonarios vía “asesores” ficticios, prácticas que aún persisten (Transparencia Internacional). No existe la rendición de cuentas y el Legislativo bloquea las investigaciones. La corrupción no es un accidente, el sistema está diseñado para protegerla y perpetuarla.

Aún con el 59% de pobreza y un 48% de desnutrición infantil (PNUD), el Congreso recorta fondos para Salud y Educación, para engordar partidas de “asesores” y proyectos clientelares. Diputados ligados a constructoras desvían recursos en contratos amañados, dejando escuelas sin techos, hospitales sin medicinas y familias sin esperanza. El abstencionismo (40% en 2023) no es apatía, es desconfianza absoluta en un sistema que recicla corruptos y traiciona al pueblo.

Las reformas propuestas en 2016 —listas abiertas, límites a la reelección y mayor fiscalización— se estancaron en el Congreso. En 2024, la iniciativa 6377 del TSE para modernizar la Lepp quedó engavetada por falta de voluntad política. Sin cambios, las elecciones de 2027 se perfilan como otro engaño. Incluso el gobierno del presidente Arévalo, que asumió con promesas de cambio, está maniatado por un sistema que castiga la decencia y premia la complicidad.

El sistema agrava la crisis social, económica y política. En 2024, el Congreso rechazó proteger a denunciantes de corrupción, silenciando a quienes desafían a los poderosos. El financiamiento electoral ilícito sigue sin control (TSE: 70% de los fondos de campaña en 2023 fueron opacos), evidenciando que los partidos sirven a intereses privados, no al pueblo. Mientras tanto, la deforestación y la contaminación avanzan por priorizar a empresas extractivas sobre el bienestar colectivo.

¡La ciudadanía debe romper el letargo! Con protestas pacíficas, presión al TSE y campañas en redes sociales se pueden exigir listas abiertas, transparencia y límites a la reelección. Organizaciones como JusticiaYa y CIVIKA luchan por el cambio, pero sin un liderazgo unificado, la indignación solo se diluye. El tiempo para reformar la Lepp para el 2027 se agota. Depurar el Congreso exige acción inmediata, no solo lamentos de un pueblo cansado.

La juventud mostró su fuerza en 2023, pero en la contienda equivocada. El verdadero campo de batalla es la elección legislativa, donde se define el futuro del país. Universidades y redes sociales podrían viralizar la exigencia de un sistema electoral justo, inspirando a una generación hastiada. Guatemala necesita “influencers cívicos” que movilicen conciencias, no solo creadores de entretenimiento. Sin presión local e internacional, el sistema seguirá siendo una pantomima.

El voto es poder democrático, no un simulacro que legitima el saqueo. Guatemala no puede seguir siendo rehén de un Congreso que traiciona a su pueblo, mientras se hunde en pobreza y desigualdad. La lucha por listas abiertas y un sistema justo es la lucha por un país digno. ¡Dejemos la apatía y actuemos con valentía, unidad y determinación!