Actualmente y en una diversidad de países, el ejercicio libre del periodismo y de las libertades de expresión y pensamiento que tienen reconocimiento universal y están protegidas en instrumentos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos, se encuentran bajo acoso y los periodistas independientes perseguidos, criminalizados y en ocasiones reprimidos por sus opiniones o por ejercer los derechos a informar y ser informados.

Por regla general, este fenómeno recurrente lo originan actores sociales neofascistas de la clase política, de élites oligárquicas y agentes ultraderechistas del Estado que monopolizan el uso de contravalores como intolerancia, autoritarismo, desprecio a la ley, abuso de poder y sistemática violación de derechos y libertades fundamentales.

Esta condición se observa con frecuencia tanto en Guatemala, en países centroamericanos vecinos, como en Estados Unidos de Norteamérica, de Europa, de Asia y de África, es decir, hablamos de una condición que no es exclusiva de ningún país en particular, pues ahora se refrenda a nivel global, lo cual agrava la situación.

Esta semana se conoció el Informe Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina 2024 “Periodismo, violencia y persecución”, publicado por la organización civil independiente “Voces del Sur”. El capítulo 11 se refiere al caso de Guatemala que registra 73 alarmas, 38 agresiones y ataques, 24 restricciones en acceso a la información, 5 procesos civiles y penales, 2 marcos jurídicos contrarios a estándares internacionales, 2 discursos estigmatizantes, 1 uso abusivo del poder estatal y 1 restricción en internet. Con respecto a agresores, el 57,5% corresponde a actores estatales, el 5,5% no estatal, el 5,4% paraestatal y 31,6% no identificados.

El contexto y tendencias, dicho informe anota que en Guatemala durante 2024 se “profundizó el hostigamiento a la libertad de expresión, con 73 alertas documentadas por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS)”. Con respecto al sistema de justicia, agrega que la “instrumentalización del aparato judicial siguió siendo uno de los principales mecanismos de represión contra la prensa, con un sistema de justicia cooptado por el denominado “pacto de corruptos”, una alianza entre élites políticas, empresariales y, en algunos casos, criminales. A pesar del cambio en la administración en diciembre de 2023, las estructuras heredadas del gobierno anterior, y el poder centrado en la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, resultan en la persistencia de la criminalización del periodismo, la autocensura, el exilio forzado y la desinformación digital”.

Continúa indicando que, “en 2024 las alertas aumentaron un 58,7% respecto al año anterior. Las agresiones y ataques siguieron siendo la modalidad más frecuente, confirmando un patrón persistente de violencia contra el periodismo. El cambio más notorio fue el aumento exponencial de las restricciones al acceso a la información, que se cuadruplicaron de 6 alertas en 2023 a 24 en 2024, consolidándose como uno de los principales obstáculos para la labor periodística. Los procesos civiles y penales, en cambio, se redujeron casi a la mitad (de 11 a 5). Finalmente en 2024 surgieron por primera vez 2 alertas vinculadas al marco jurídico contrario a estándares internacionales”.

Al referirse a la actuación de actores estatales fueron responsables del 57,5% de las alertas, “confirmando su rol central en la represión contra la prensa. Casi la mitad de estas alertas (45,2% fueron restricciones al acceso de la información, en su mayoría ejecutadas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). Un caso sucedió el 24 de mayo en Quetzaltenango, cuando la SAAS aisló a diez periodistas durante una visita del presidente Bernardo Arévalo, impidiendo la cobertura del acto oficial. A su vez, el 40,5% de las alertas asociadas a actores estatales fueron agresiones y ataques, principalmente perpetrados por diputados. Como el caso del diputado Oswaldo Rosales Polanco (VIVA), quien agredió físicamente y amenazó de muerte a un periodista durante una actividad oficial. Estos hechos evidencian cómo el Estado utiliza la opacidad institucional y la violencia física para limitar la labor periodística”.

Otra tendencia que persiste, “es el hostigamiento contra la prensa comunitaria, sobre todo en territorios donde se investigan actividades de minería, deforestación, criminalidad local o corrupción de autoridades municipales. Tal fue el caso del periodista Mario Paolo Monterroso, quien el 4 de febrero denunció un intento de extorsión y amenaza de muerte contra él y su familia, tras cubrir dos presuntos expendedores de droga en su comunidad. La vulnerabilidad resulta mayor por la ausencia de mecanismos de protección diferenciada y por limitaciones estructurales relacionadas con la falta de recursos, visibilidad y acceso a la justicia. Esta tendencia revela que el periodismo comunitario implica un riesgo desproporcionado y sistemáticamente ignorado por las políticas estatales”.

El informe también analiza la violencia basada en sexo u orientación sexual. Uno de los casos fue el de la periodista Ashley Monzón, atacada en redes sociales con comentarios misóginos, luego que el secretario de Comunicación de la Presidencia la tratase como trabajadora de “encentar”. Otro caso es el de la periodista Maya Q’eqchi’ Irma Tzi, agredida físicamente por un agente policial durante una cobertura en Alta Verapaz. Estas agresiones fomentan la autocensura, reducen la participación de mujeres en el debate público y restringen el acceso ciudadano a información plural y diversa, “debilitando de forma directa el ejercicio pleno de la libertad de prensa y expresión en Guatemala”.

Una de las conclusiones indica que, “en 2024, el hostigamiento judicial y la criminalización de la libertad de expresión fueron impulsados principalmente por fiscales, jueces y magistrados vinculados al “pacto de corruptos”, que operan de forma selectiva para amedrentar al periodismo crítico y desalentar el escrutinio público”.

Esta misma semana, nos enteramos que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sale al exilio y que trasladan fuera del país su personería jurídica ante “la necesidad urgente de trabajar sin limitaciones ni presiones”. Decenas de periodistas, críticos y activistas han abandonado su país, por temor a represalias del Gobierno que preside Nayib Bukele.

Así la complicada situación de la libertad de expresión, la prensa y periodistas en el mundo. Por eso la necedad de insistir en defender libertades de pensamiento y expresión.