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Agentes de PNC denunciaron en el MP que fueron obligados a redactar parte policial
Según una denuncia a la que tuvo acceso La Hora, bajo amenazas de muerte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían sido obligados por grupos delictivos a redactar un informe circunstanciado con el cual buscan la construcción de una narrativa que responsabiliza al Ejército de Guatemala sobre el hecho armado en el municipio de […]
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Según una denuncia a la que tuvo acceso La Hora, bajo amenazas de muerte, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían sido obligados por grupos delictivos a redactar un informe circunstanciado con el cual buscan la construcción de una narrativa que responsabiliza al Ejército de Guatemala sobre el hecho armado en el municipio de Nahualá, Sololá en el que fallecieron al menos seis personas que no han sido identificadas en su totalidad, según fuentes del Ministerio de Gobernación (Mingob)que pidieron no ser citadas por nombre.
Desde que se dio a conocer el hecho, circuló información en redes sociales que busca responsabilizar al Ejército nacional de un ataque armado en contra de “civiles” para buscar su salida para facilitar a grupos delincuenciales tomar control de la zona, sin embargo, la narrativa que se ha buscado establecer presenta inconsistencias, según lo descrito por fuentes de Gobernación.
Personas que se han identificado como familiares de las víctimas han asegurado en redes sociales que el hecho inició alrededor de la medianoche del 13 de diciembre, cuando un helicóptero del Ejército guatemalteco supuestamente disparó sin razón en contra de civiles de la comunidad de Pachipac, en el municipio Nahualá, versión que ha sido objetada por el Gobierno.
Para sumar a la narrativa, la PNC habría sido obligada a redactar un primer informe con el que se responsabilizaba al Ejército del ataque armado en contra de al menos 13 personas, según explicaron las fuentes de la cartera del Interior.
Sin embargo, las fuentes subrayaron que este primer escrito contradice el Oficio No. 1423-2025 Ref. OF. II MRAM/Mejía, enviado horas más tarde al Fiscal Distrital del Ministerio Público (MP), así como su ampliación por medio del Oficio 1424-2025 Ref. OF. II MRAM/Mejía, firmados por el jefe de la estación 72-4, a los cuales La Hora tuvo acceso.
Estos informes detallan la forma en que la PNC fue advertida sobre personas desaparecidas en la zona montañosa del municipio de Nahualá, el secuestro agentes policiales, así como los daños, robos y heridas que sufrieron los elementos policiales por grupos encapuchados, al mismo tiempo que rescataban los cuerpos de personas y el Ejército respondía a los ataques.
Este segundo informe también resalta que el hecho podría atribuirse a grupos criminales vinculados al narcotráfico, ya que, según las fuentes de Gobernación la zona facilita el tráfico de ilicitos.
Para ocultar la verdad de lo ocurrido en Nahualá, las fuentes de Gobernación subrayaron que los involucrados en crear la narrativa también se negaron a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) efectuara las necropsias de ley y así revelar la identidad y causa de muerte de las víctimas del hecho armado.
La investigación también busca determinar el tipo de arma que puede provocar daños a un helicóptero de las fuerzas armadas nacionales, según explicó la fuente dentro del Mingob que habló con La Hora.
ASÍ EMPEZÓ
Las fuentes de Gobernación resaltaron a La Hora que los grupos que provocaron los hechos no son campesinos, sino grupos paramilitares, que cuentan con armamento pesado.
Según explicaron, la PNC tuvo conocimiento de los hechos cuando un grupo de mujeres llegó a la estación policial de Nahualá manifestando que cinco vecinos estaban desaparecidos, por lo que requirieron su búsqueda en un lugar cercano al área donde el Ejército mantenía un enfrentamiento con los grupos paramilitares.
El segundo informe detalla que los hechos ocurrieron a las 10:30 horas del sábado, cuando alrededor de 30 mujeres, pidieron a la PNC subir al área de la aldea Pachic, donde se escuchaban fuertes detonaciones de proyectil de fuego de grueso calibre, puesto a que sus familiares habían quedado en la línea de fuego del área montañosa.
TOMAN A AGENTES COMO REHENES
Posteriormente, un grupo de encapuchados llegó a ocupar ilegalmente la estación policial para tomar como rehenes a los elementos uniformados, desarmarlos y golpearlos, incluso con las culatas de las armas largas que cargaban, de acuerdo a lo relatado por la fuente de la cartera del Interior.
El documento presentado el 14 de diciembre expone que un aproximado de 50 hombres llegaron a la estación portando armas de grueso calibre y con violencia agredieron a los elementos con bofetadas, patadas y golpeándolos con las culatas de las armas.
Luego, fueron obligados a ir a buscar a los que supuestamente estaban desaparecidos y lograron localizar tres cuerpos, los cuales fueron trasladados hacia la escuela de la aldea Pachipac, según lo explicado por las referidas fuentes.
El segundo informe resalta que un elemento fue llevado en contra de su voluntad y bajo amenazas en un pick-up de color rojo, hacia el cantón Pachipac, en donde fue despojado de su arma de fuego y dos tolvas.
También, detalla que a las 10:50 horas del 13 de diciembre, bajo amenazas de muerte y siendo apuntados con armas de fuego tipo fusil, cinco elementos semi uniformados y vestidos de particular fueron llevados hacia el salón comunal del cantón Patzij, Nahualá, en donde fueron colocados de rodillas y se les amenazó para que el Ejército se retirara del lugar a cambio de ser liberados.
Cinco minutos después de las 11:00 horas, el jefe de la estación policial 72-4, pidió el apoyo del Núcleo de Reserva de la Comisaría 72 de Sololá, conformado por nueve elementos policiales, y el Oficial Tercero de Policía, debido a que fueron atacados con armas de fuego. En ese momento, un elemento policial alertó que fue retenido.
Los elementos tardaron 10 minutos en llegar y fueron recibidos por los encapuchados armados, quienes los agredieron físicamente a puñetazos, patadas y la culata de las armas largas, además, encontraron a cinco elementos retenidos.
Tres minutos antes de la medianoche, el personal policial fue trasladado por los encapuchados y pobladores a bordo de las unidades policiales bajo amenazas desde la Estación Policial 72-4 Nahualá, hacia la escuela del cantón Pachipac, en donde continuaron las agresiones de los encapuchados.
Diez minutos pasados del medio día, seis elementos policiales fueron amenazados para que se trasladaron hacia el área boscosa del conflicto, en la cima de la montaña de la aldea, en donde continuaba el fuego cruzado.
En el lugar, elementos policiales fueron utilizados como escudo humano para evacuar a las personas heridas a tiros, bajo la amenaza de un ataque en contra de los 10 elementos que estaban retenidos en el centro educativo.
“Por lo que arriesgando y sacrificando nuestras propias vidas fuimos y realizamos lo que los encapuchados requerían”, indica el segundo informe, el cual detalla que habían más de 300 personas encapuchadas en el lugar, quienes los despojaron de sus armas y atacaron las radiopatrullas.
PRIMEROS 5 LOCALIZADOS
El informe relata que se solicitó al Ejército detener los disparos, por lo que se contactó con el coronel a cargo del destacamento militar, pero eso no ocurrió, por lo cual ascendieron a la montaña “exponiendo su vida” y lograron localizar tres cuerpos de personas de sexo masculino, quienes presentaban heridas de bala, la cuales fueron colacadas en la unidad policial.
Posteriormente, descendieron aproximadamente 50 metros de la montaña, en donde, los encapuchados al ver los cuerpos, atacaron a los elementos policiales que habían evacuado a las víctimas.
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A las 14:00 horas, entraron en un área boscosa, donde encontraron otros dos hombres fallecidos, quienes estaban tirados a un costado del camino de terracería que conduce a la cima de la montaña, por lo cual, procedieron a trasladar los cinco cadáveres hacia la escuela. Las víctimas fueron identificadas así:
Felipe Yaxon Carrillo, de 46 años
Lorenzo Yaxon Tzep Tziquin, de 14
Manuel Federico Coj Ixmata, de 21
Francisco Rafael Carrillo Tzoc, de 18
Edwin Yaxon Coj, de 20
OBLIGAN A ESCRIBIR INFORME
Asimismo, la fuente de la cartera del Interior subrayó que los encapuchados pidieron una conferencia de prensa en la que se hicieran presentes medios de comunicación locales, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Ministerio Público (MP) y Gobernación Departamental de Sololá.
El informe sostiene que ello ocurrió a las 15:30 horas, cuando la Junta de Seguridad de Cantón Pachipac, quienes no brindaron nombres, solicitaron la coordinación de la prensa, altos mandos de la PNC, PDH, Gobernación Departamental de Sololá y el ente investigador.
La denuncia agrega que a las 16.00 horas, la Junta de Seguridad dio la conferencia de prensa sin las entidades solicitadas y a cambio de liberar a los policías, solicitaron el retiro del destacamento militar y los lugares de monitoreo del Ejército en el cantón Chuajuyu, Santa Catarina Ixtahuacán, por responsabilizarlos de los hechos.
Durante esta conferencia de prensa, se escuchó un helicóptero, el cual solicitaron que se retirara del lugar, ya que asumen que fue una aeronave de este tipo la que disparó en contra de las personas, según el documento.
Tras brindar las declaraciones, los encapuchados se negaron a dejar en libertad a los elementos policiales, de acuerdo con lo explicado por las fuentes de Gobernación.
El informe explica que debido a que el grupo aseguraba que aún había desaparecidos, solicitaron continuar con la búsqueda, para no “eliminar físicamente” a los policías.
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Por ello, a las 17:30 horas, tres elementos policiales, junto con 12 personas encapuchadas subieron a bordo de la unidad SOL-128 hacia la montaña, en donde localizaron un sexto fallecido, el cual fue identificado como Diego Valeriano Lopez Tzoc, de 22 años, según agrega el escrito.
A las 9 de la noche, los encapuchados exigieron a los policías un informe circunstanciado “a su manera”, para liberar a los elementos policiales retirados, por lo que, también solicitaron al jefe de la Comisaría 72 para que se hiciera presente a la estación 72-4.
“Después de tomar una decisión se les manifestó a los líderes de seguridad de dicho cantón que se les apoyaría con el informe, y en el mismo se hizo constatar lo que ellos requería, siendo ellos, quienes nos proporcionaron datos de doce personas fallecidas, de las cuales únicamente los 6 antes descritos nos constó de vista, y los otras seis no nos constató”, indica el escrito.
Estas son las otras seis personas que la PNC no constató:
Diego Carrillo Tum, de 70 años
Pablo Rosario Tambriz, de 32
Nehemias Yaxon Coj, de 20
Juan Tziquin Ixtos, de 36
Diego Tzoc Ixtos, de 43
Francisco Tziquin Mus, de 42
Las fuentes indicaron que transcurrieron más de 20 horas, al filo de la medianoche cuando el jefe de la estación de Nahualá entregó el informe circunstanciado, bajo los términos que estaban dictando los grupos criminales y mientras eran coaccionados con amenazas de muerte.
Este informe circunstanciado aseguraba que el helicóptero disparó a la población civil y a la PNC, el cual fue publicado por las personas encapuchadas para poder liberar a los elementos retenidos, según destacaron las fuentes del Interior.
Lo descrito por el segundo informe resalta que fue a las 00:30 horas que el personal policial fue liberado por los pobladores, quienes se retiraron del lugar a bordo de pick-ups y microbuses.
Derivado de ello, a las 0:45 horas, cuatro elementos policiales fueron trasladados hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ya que presentaban heridas en varias partes del cuerpo. Además, se constató los bienes hurtados, entre ellos armas, tolvas, y equipo policial, según el segundo informe.
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Las fuentes del Mingob expresaron que luego de los hechos se estructuró el segundo informe, en el que se explicó detalladamente las horas y los incidentes ocurridos, en donde se incluyó la ocupación, el hurto y los golpes a los policías, con el fin de denunciarlos ante el ente investigador.
Fuentes de Gobernación informaron que la versión oficial fue dada a conocer días después con el fin de resguardar la seguridad de los agentes que supuestamente fueron coaccionados.
HELICÓPTERO
Ante los hechos, las fuentes de Gobernación explicaron que se consultó con elementos de la PNC que vivieron los hechos si constataron que un helicóptero del Ejército disparó en contra de los pobladores y de los uniformados, quienes negaron que ello haya ocurrido, y afirmaron que fueron “encañonados”, mientras elementos castrenses respondieron a los ataques de los paramilitares.
Según explicaron las fuentes, el helicóptero que fue dañado por los grupos paramilitares es una aeronave que se utiliza como ambulancia y que no está artillado, según la explicación del titular del Ministerio de la Defensa (Mindef), Henry Saénz y el Jefe del Estado Mayor, José Giovani Martínez Milián.
Las explicaciones de las fuentes de Gobernación también resaltan que el helicóptero no es capaz de disparar, ya que el aspa y el rotor de la aeronave genera una fuerza tan fuerte, que no se puede disparar, por lo que se necesita una ametralladora muy potente para atacar desde la nave aérea.
También, el Ejército resaltó que en el helicóptero no viajaban elementos castrenses y la puerta de la aeronave estaba cerrada en el momento de los hechos.
INACIF NO LOGRÓ ESTABLECER
Las fuentes de Gobernación explicaron que se busca determinar la forma en que se produjeron las muertes, así como los responsables del hecho, pero los encapuchados impidieron que los cuerpos fueran trasladados hacia el INACIF.
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De acuerdo a la explicación, las personas se llevaron los cuerpos para inhumarlos, mientras los agentes policiales estaban retenidos, por lo cual la PNC no pudo verificar la forma en que fueron atacados.
También, resaltaron que la comunidad mostró 13 cuerpos, pero los agentes policiales no les consta haber conocido a siete de las víctimas, cuyos nombres fueron brindados por los responsables de retener a los elementos de la PNC.
Al mismo tiempo, mencionan que ahora los comunitarios piden que se exhumen los cuerpos para que sean trasladados al INACIF, ya que aseguran que hubo torturas.
“Pero los cuerpos estuvieron ahí, en la aldea Pachipac a la vista de todos y ahí no había señales de tortura ni nada de eso”, indicó una de las fuentes.
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Asimismo, las fuentes resaltaron que el hecho no forma parte del conflicto limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, sino que se trata de un grupo fuertemente armado que atacó un destacamento militar durante más de 12 horas.
Según las fuentes de Gobernación se supone que estos grupos tienen nexos con el tráfico de ilícitos, lo cual todavía está bajo investigación.
De acuerdo con Gobernación, el lugar es una zona de paso que conecta con la Transversal del Norte y con la Costa Sur.
También, subrayó que el lugar está en un punto alto y con anterioridad, Nahualá tenía una ventaja sobre Santa Catarina Ixtahuacán, por lo cual lograban atacarlos con armas de fuego.
“Entonces para evitar que tuvieran esa ventaja, el Ejército está instalado ahí, pero entendemos también que esa presencia del Ejército ha evitado el paso de tráfico de ilicitos”, indicó.
El informe policial también resalta que el jefe de la estación, quien fue delegado y observador de los Acuerdos de Paz de la República de Colombia, en las misiones de las Naciones Unidas en Colombia, después de lo observó, escuchó y vivió derivado del conflicto territorial, considera hipotéticamente que el problema podría atribuirse al narcotráfico.
“Narcotrafico; 01.- Control y resguardo del sistema vial con el que se cuenta en el lugar para la movilidad. 02.- Control y resguardo de logística criminal. 03.- Posible presencia de activos ilícitos y/o algún laboratorio. Asi mismo (Sic) no podría asegurar que cartel pudiera tener la presencia en la zona y de acuerdo a lo que se escucha posible influencia de estructuras criminales transnacionales”, indicó.
