La búsqueda de justicia para Melisa Palacios tiene nuevo escenario después del cambio de estrategia de la defensa de Fernanda Bonilla, encabezada por el abogado Saúl Zenteno, quien busca excluir las pruebas obtenidas del teléfono celular de la acusada, bajo el argumento de que fueron obtenidas de manera ilegal debido a supuestas inconsistencias en los plazos y fechas establecidos por el juez para el vaciado y análisis de la información.

En concreto, la defensa sostiene que:

• El juez otorgó un plazo para extraer la información del celular.

• Fernanda dio el celular de manera voluntaria pero no sabía que era sospechosa.

• El análisis y entrega de los informes técnicos superaron ese plazo establecido por el juez. Y al no cumplirse estrictamente el tiempo fijado, las pruebas quedarían viciadas de ilegalidad y deberían excluirse del debate.

• Ausencia de ADN de Fernanda en el cuerpo de Melisa Palacios.

Según el abogado Juan Carlos Aquil, representante del Instituto de la Víctima, este argumento no invalida las pruebas, ya que el Ministerio Público (MP) actuó conforme a la ley y contó con la autorización judicial correspondiente para el vaciado y análisis del dispositivo.

Existió autorización judicial

Aquil explica que el , en efecto, el juez estableció un plazo de tres días para que el MP realizara los requerimientos de información, no para que las instituciones entregaran los informes finales.

En esa línea el MP, indicó Aquil, cumplió con solicitar la información dentro del tiempo fijado, pero la entrega de los análisis dependía de entidades externas como las empresas telefónicas y el Inacif, cuyos procesos técnicos suelen tardar más.

“El retraso en la entrega de informes no convierte la prueba en ilegal”, afirmó Aquil, al señalar que, en todo caso, podría derivar en una responsabilidad administrativa, pero no en la nulidad de la evidencia.

Entrega voluntaria del teléfono

Saúl Sazo, el nuevo abogado de Bonilla, sostiene que su patrocinada entregó el dispositivo sin conocer que era considerada presunta responsable dentro de la investigación penal y que la falta de firma del abogado resta validez legal al acta.

Sazo indicó que Fernanda Bonilla entregó su celular por presiones para colaborar con la investigación y que no fue informada de que era sospechosa ni del alcance del análisis del dispositivo.

Sin embargo, el nombre y número de colegiado constan en el acta, aunque este no firmó el documento.

A este respecto, el Instituto de la Víctima rechaza esta postura y señala que la presencia del abogado acredita que Bonilla sí contó con asesoría legal y conocía el contexto de la investigación. Además, subraya que, aun tratándose de una entrega voluntaria, el MP solicitó autorización judicial para el vaciado del teléfono, lo que, según el Instituto, evidencia un actuar más riguroso de lo exigido por la ley y refuerza la legalidad de la prueba.

Audios, ADN y otros indicios

La defensa también cuestionó la validez de un audio clave, argumentando que no se puede confirmar que la voz sea de Bonilla. Sin embargo, Aquil aclara que el perito indicó únicamente que la calidad del audio no permitía un peritaje de voz, no que la voz no fuera de la acusada.

Además, existen otros elementos probatorios, como testigos, registros de llamadas, ubicación por celdas telefónicas y cámaras, que no dependen exclusivamente del vaciado del teléfono.

Ausencia de ADN en la escena

En relación con la ausencia de ADN de Fernanda Bonilla en el cuerpo de la víctima, el abogado del Instituto de la Víctima, Juan Carlos Aquil, afirmó que este elemento no resulta determinante para descartar su participación en el crimen.

El abogado agrega que, debido a las circunstancias del ataque, no se encontraron células bajo las uñas de la víctima, ya que no hubo forcejeo. “Ella no tuvo la oportunidad de defenderse, por eso no hay rastro biológico que vincule a alguien más”, puntualiza

Según el Instituto de la Víctima, este aspecto será desarrollado y contextualizado durante el debate oral y público, junto con otros indicios que, a su criterio, permiten reconstruir la forma en que se ejecutó el crimen.

Contradicciones en la estrategia de defensa

El abogado también destacó que Bonilla, en una etapa previa, se declaró responsable del hecho bajo la figura de homicidio en estado de emoción violento, mientras que ahora su defensa sostiene que no existen pruebas que la vinculen directamente con el crimen.

Aunque esa admisión no sustituye la obligación del MP de probar el caso, Aquil considera que evidencia un cambio de estrategia que será analizado durante el debate.

La validez de la prueba queda en manos del tribunal

La jueza, Carol Berganza, determinó que la legalidad o ilegalidad de las pruebas no puede resolverse en esta etapa procesal, sino durante el debate oral y público, donde el tribunal de sentencia escuchará a ambas partes y decidirá si las pruebas se admiten o se excluyen.

Para Aquil, esta decisión fue correcta, ya que corresponde al tribunal valorar el alcance probatorio de los informes técnicos y su apego a la ley.

La defensa de Bonilla presentó un recurso contra la decisión de la jueza, el cual aún está pendiente de resolución, mientras el proceso sigue a la espera de que se fije fecha para el debate, en un caso que la familia de Melisa Palacios ha enfrentado durante cuatro años en su búsqueda de justicia.