El subsecretario de Estado de EE. UU. para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, fue muy claro al puntualizar ayer que el presidente Alejandro Giammattei “no quiso” reunirse con él durante su visita al país, y por ello el encuentro fue con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Búcaro. El agitado entorno, marcado por las manifestaciones ciudadanas de rechazo al asedio del Ministerio Público (MP) en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los resultados de los comicios hacía oportuna, significativa y crítica la interlocución con el mandatario.

Sin embargo, Giammattei prefirió mantener su evasiva a censurar las acciones del MP, cuyo epítome fue el inédito y forzoso secuestro de actas electorales, el 30 de septiembre, a pesar de la oposición de magistrados del TSE, con lo cual el MP rompió la debida cadena de custodia de las mismas. Es preciso mencionar que en el 2020 expresó que la fiscal general, Consuelo Porras, era su “gran amiga” y la designó para un segundo mandato en mayo del 2022, después de que se forzara su inclusión en la nómina de la comisión postuladora y pese a que desde el 2021 fue incluida en la denominada lista Engel del Departamento de Estado.

Ese año se celebró la Cumbre de las Américas, en California, a la cual Giammattei fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero optó por no asistir. La lectura política es que de esa manera expresaba su descontento con la inclusión de Porras en la lista negra de la potencia del norte. Fue un desatino garrafal, porque dicha cita, enfocada en el fenómeno migratorio, era la ocasión ideal para pedir el anhelado estatus de protección temporal (TPS) para millones de guatemaltecos radicados en ese país. El mandatario envió a Búcaro, quien presentó la solicitud, que a la fecha sigue sin respuesta.

A 82 días de finalizar su mandato, Giammattei podría efectuar una enfática censura a las acciones de Porras en contra del proceso electoral. Si no son politizadas, las investigaciones podrían retomarse después del 14 de enero del 2024, para mostrar que no se busca socavar la democracia ni sabotear el relevo presidencial. Ahora mismo existen otras prioridades, como la retención de fiscales del Ministerio Público en Tajumulco, San Marcos, de la cual mañana se cumple un mes.

Reza el dicho que “al entendido, por señas”, pero por si queda alguna duda a nivel de Estado sobre la relevancia internacional de la crisis política que vive Guatemala, es elocuente el comunicado conjunto firmado por Nichols, Marcela Escobari, administradora adjunta de Usaid, y Brian Glynn, director general de la Unión Europea para las Américas, para expresar sus “graves preocupaciones por los intentos flagrantes de socavar el resultado de las elecciones, poniendo en peligro los esfuerzos hacia una transición pacífica y ordenada”, por lo cual llamaron a la mesura y el respeto a la voluntad ciudadana.

El mandatario habló de injerencia e intromisión en el proceso electoral en varios discursos. Sin embargo, luego invitó a la Organización de Estados Americanos para mediar en la crisis. Esta entidad, citada en el comunicado de marras, también sentenció que “nadie se puede anteponer a la decisión soberana de la ciudadanía”. Entonces, las autoridades salientes deberían pensar dos veces cualquier acción, silencio, incomparecencia o tácito aval. No se vale argüir una antojadiza “soberanía”. Si no importó para comprar vacunas rusas en condiciones dictadas por el vendedor, entregadas a destiempo y bajo pesquisa del MP desde el 2021 , ¿para qué gastarla en despropósitos que Nichols describe como “condenados al fracaso”?