El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, fue condenado este martes 24 de junio en audiencia del Juzgado de Mayor Riesgo B a nueve años de prisión conmutables, a razón de Q25 diarios.

Según lo resuelto por el juez Eduardo Orozco, la condena se compone de cuatro años por fraude y cinco años por cohecho pasivo, en el marco del caso Cooptación del Estado. Además, el juzgador le impuso una multa de Q500 mil.

La nueva sentencia fue dictada debido al impago de Q4 millones por reparación digna, tras haber aceptado los cargos en septiembre de 2023. De esa suma, Q2 millones correspondían a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y los otros Q2 millones a la Empresa Portuaria Quetzal.

El juez revocó parcialmente los beneficios otorgados a Otto Pérez Molina durante el procedimiento de aceptación de cargos, específicamente en lo relativo a la rebaja de la pena por los delitos de fraude y cohecho pasivo, en concurso real.

Lo resuelto ahora dispone que Pérez Molina cumpla la pena de cuatro años conmutables por fraude, a razón de Q25 diarios, y cinco años conmutables por cohecho pasivo, también a razón de Q25 diarios, además de pagar una multa de Q500 mil.

Asimismo, se le inhabilita para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena por cohecho pasivo. En cuanto al delito de lavado de dinero u otros activos, el juez confirmó el pago de reparación digna.

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Los agraviados, en este caso la PGN y la Portuaria, podrán reclamar la reparación digna por la vía civil.

Tras la sentencia, Otto Pérez Molina declaró a la prensa que el Ministerio Público solicitó la revocatoria parcial de beneficios, dado que él no pudo efectuar el pago correspondiente.

“Todo está embargado”

Respecto del impago, manifestó: “todo está embargado, hasta mi propio sueldo está embargado por casi 10 años, en una cuenta donde solamente está el sueldo que yo recibía como presidente de la República”.

Agregó que por ese motivo solicitaron un año de plazo para pagar, pero no logró restablecer sus cuentas embargadas y, por ello, no pudo cumplir con el pago de la reparación digna en dos de los delitos.

Indicó que, según lo resuelto, seguirá bajo medida sustitutiva y se ordenó trasladar el expediente a un juzgado de ejecución para determinar las condiciones del pago de las multas y las conmutas.

Afirmó que hará el “esfuerzo” para conseguir los recursos y saldar las conmutas y la multa. “Ya me revocaron los beneficios, ese es el castigo que estoy recibiendo por no haber pagado”, expresó sobre el pago pendiente de la reparación digna.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, asistió a la audiencia y señaló a la prensa que el procedimiento de aceptación de cargos presenta algunas lagunas y que, en su momento, no fue analizado adecuadamente por los legisladores.

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Caso Cooptación del Estado

La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló en 2015 al expresidente de liderar una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.

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