Durante la plenaria del 12 de noviembre, los diputados mantuvieron los consensos y aprobaron el decreto 29-2024, que conforma la Ley de Infraestructura Vial. La nueva ley pretende mejorar la adjudicación de proyectos carreteros, como la construcción y reparación de carreteras principales.

Los diputados pasaron más de tres horas en la discusión de la normativa de Infraestructura Vial, la cual tuvo cambios a varios artículos, unos recomendados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Aunque al inició de la votación de las enmiendas, la junta directiva del Congreso de la República esperó más de siete minutos para alcanzar el apoyo requerido, pero luego las modificaciones se respaldaron en menor tiempo.

La Ley de Infraestructura Vial prioriza la ampliación y mejoramiento de la ruta Centroamericana CA-10, la carretera Centroamericana CA-11, el tramo de la ruta Centroamericana CA-12.

Además, circunvalaciones 1 y 2, en el área metropolitana de Guatemala, y anillos metropolitanos en Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez y Santa Rosa, como libramientos.

También se revisa el pago de los contratos de proyectos viales prioritarios, y se fijan tres modalidades, por pagos por trabajo ejecutado, anticipos de hasta 20 por ciento, y pagos por disponibilidad cuando la constructora inicie la operación o mantenimiento.

Además, se crea la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), y el Fondo para Proyectos Vial Prioritaria (FOVIP), que iniciará con Q10 millones, y en 2026 tendrá un presupuesto de Q20 millones.

Y se regula el tema de arbitraje, cuando haya controversias o reclamos por la interpretación o aplicación del contrato de infraestructura vial, o las que surjan por su ejecución, podrán ser resueltas a través de arbitraje, y los aspectos técnicos o económicos de una controversia podrán ser llevados a arbitraje, solo cuando hayan sido sometidos previamente al conocimiento y recomendación del panel técnico de resolución de disputas.

CARRETERAS PRIORIZADAS 

La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios iniciará de forma gradual y en los primeros 18 meses de la vigencia de la Ley preparará un informe técnico, jurídico y financiero de todos los contratos que afecten a cualquier proyecto de infraestructura vial prioritaria.

Por lo que la Unidad Ejecutora de Conservación Vial o la Dirección General de Caminos o el Fondo Social de Solidaridad, según corresponda, en los 36 meses a partir de que esté vigente la normativa, estarán facultados para priozar la contratación de infraestructura, servicios, equipo y suministros mediante contratos, convenios o tratados internacionales.

El FOVIP obtendrá ingresos asignados en el presupuesto general de la Nación, asignaciones específicas provenientes de impuestos, y recursos provenientes de deuda pública de mediano y largo plazo, que incluyen montos de operaciones de crédito público aprobado por el Congreso de la República.

«El Fondo para Proyectos Viales Prioritarios se crea con el objeto de asegurar la continuidad de los proyectos viales prioritarios, facilitar la obtención del financiamiento oportuno y efectivo de los proyectos viales prioritarios generando certeza de pago conforme a lo establecido en los contratos, así como asegurar la oportuna, eficiente y continua operación de la DIPP», menciona el artículo 29 de la Ley.

De acuerdo con la ley, el Fondo se dividirá en dos subfondos, uno será el Fondo Operativo, compuesto por recursos destinados a la administración y funcionamiento de la Dirección, y el otro es el Fondo de Infraestructura, compuesto por los recursos destinados al pago de los contratos de proyecto vial prioritario.

Además, la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios deberá elaborar el  Plan de Infraestructura Vial Prioritario será el documento rector de la planeación del desarrollo y conservación de la infraestructura vial por 30 años, y se actualizará cada cinco años.

La iniciativa de ley de infraestructura vial fue dos veces analizada por la comisión de Economía y Comercio Exterior, debido a que varios diputados no aceptaron el primer dictamen, y en el segundo los integrantes de la mesa de trabajo optaron por modificar el nombre de la iniciativa denominándola como iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria.