En toda república que aspire a la estabilidad institucional, las comisiones de postulación deben ser un dique de contención frente a intereses particulares y presiones indebidas. Su razón de ser es clara: garantizar que quienes integren altas magistraturas posean idoneidad técnica, solvencia ética e independencia. Cuando ese espíritu se diluye, la confianza pública comienza a resquebrajarse.

Hoy, diversas voces de la sociedad civil, entre ellas los integrantes de Foro Guatemala, han manifestado su preocupación por el proceso de evaluación y votación que derivó en la nómina de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), misma que será sometida a elección por el Congreso de la República. La inquietud no es menor: se señala que la integración final no privilegió de manera clara la meritocracia ni la independencia, particularmente frente a eventuales vinculaciones con estructuras ilícitas.

Se esperaba una nómina construida sobre bases sólidas, centrada en la experiencia comprobada en materia electoral, la coordinación de procesos complejos y la trayectoria intachable. Existía —según distintos análisis— una amplia gama de candidaturas idóneas, competentes y sin señalamientos, capaces de fortalecer la institucionalidad electoral. Sin embargo, el resultado final deja interrogantes legítimas.

Preocupa que algunos perfiles incluidos no hayan acreditado evidencia suficiente de conocimiento en la organización de eventos electorales, mientras aspirantes con calificaciones adecuadas en la tabla de gradación y trayectorias íntegras fueron descartados sin una explicación de fondo. También inquieta la percepción de que se obviaron buenas prácticas observadas en ejercicios anteriores. Fue a un ritmo acelerado y sacrificó la evaluación.

La integración de la nómina refleja, a juicio de varios observadores, una atención limitada al contenido y a la calidad de los expedientes. ¿Qué pasó con evaluar con rigor la idoneidad técnica y ética?

La preocupación no se circunscribe al ámbito local. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala expresó públicamente su inquietud respecto de un proceso que, según indicó, no priorizó la idoneidad técnica y ética en la conformación de la nómina. Más allá de interpretaciones, el señalamiento de muchas voces de la sociedad civil subrayan que la credibilidad institucional del país está bajo escrutinio.

No debe olvidarse que los futuros magistrados del TSE tendrán la responsabilidad de conducir dos procesos de elecciones generales, fortalecer la institución y resguardar la independencia de poderes.

Ante este panorama, la pregunta que resuena en la conciencia nacional es inevitable: ¿estamos avanzando hacia mayor transparencia y dignidad institucional, o retrocediendo en estándares que ya parecían consolidados? El desafío no es señalar, sino exigir claridad. Aparentemente hay tres personajes dentro de la nómina a quienes les queda grande la camisa. No es atacar, sino demandar explicaciones objetivas y verificables.

La ciudadanía no puede permanecer indiferente. Corresponde a todos observar, analizar y exigir que las decisiones públicas respondan al interés nacional. La fortaleza de una democracia se mide por la calidad de sus instituciones y por la vigilancia activa de su pueblo. Lo que hoy se defina en torno al TSE marcará el tono de los próximos años. Guatemala merece procesos que honren la ley, la ética y el mérito. Ahora recalco que es tarea del Congreso regresar la lista para que se reciba otra más adecuada y pueda la ciudadanía seguir confiando en este proceso.