La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció de nuevo por la coyuntura electoral en el país en comunicado revelado este miércoles.

En el escrito, la Comisión señala que en el desarrollo del proceso electoral identifica un “conjunto de situaciones que ejemplifican el deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Guatemala”.

Pide respeto a resultados electorales y cesar acciones del MP

Sobre el resultado de las elecciones generales, la CIDH “urge” al Estado de Guatemala a respetarlos, además de parar las acciones del Ministerio Público (MP) “que ponen en riesgo el orden constitucional y la independencia de los poderes públicos”. De esta manera, estará cumpliendo con las “obligaciones internacionales que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana”.

La instancia de la OEA cita las acciones recientes del pasado 29 de septiembre, cuando la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) realizó un nuevo allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el cual secuestró por lo menos 125 mil documentos y actas originales de las elecciones generales. El ente investigador se justificó, indica, al explicar que las diligencias se desarrollaron “con fundamento en la ley, en la Constitución Política, y en cumplimiento a la orden de un juez como parte de un caso bajo reserva”.

Sin embargo, el TSE adujo que dicho allanamiento forma parte de una “serie de acciones intimidatorias, destinadas a socavar la integridad de la democracia y poner en duda los resultados electorales ya oficializados”. A esto se le suma la petición de retirar la inmunidad a magistrados titulares y suplentes del TSE.

“De acuerdo con la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA), el allanamiento realizado a la sede del Tribunal Supremo Electoral, que constituye la quinta diligencia realizada después de las elecciones, fue ‘llevada a cabo sin la debida motivación, atacando las funciones, independencia y autonomía del órgano electoral’. Agrega que el permanente asedio sin fundamentos ni motivación clara del MP ‘constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios’. Asimismo, señaló que ‘la actuación del Ministerio Público es una violación intolerable a la constitución de Guatemala (…) y que “está alterando el orden constitucional’; y que no existen elementos que pongan en duda los resultados electorales”, explica.

La CIDH además advierte injerencias en el proceso electoral, “mediante la interpretación de normativas y prácticas que impidieron la participación efectiva de personas y partidos políticos, la suspensión del anuncio de los resultados de la primera vuelta por más de dos semanas, el intento de suspender la inscripción como persona jurídica del Movimiento Semilla para impedir a sus integrantes la adjudicación de cargos públicos y el allanamiento a su sede”, entre otras acciones.

Alerta a países miembros por la situación en Guatemala

Indica que ya alertó a la comunidad internacional sobre “la falta de independencia del Ministerio Público, la intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar del cargo a personas operadoras de justicia encargadas de investigar y juzgar casos vinculados con el conflicto armado interno y con hechos de corrupción de alto impacto, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”.

Agrega que también señala el “continuo deterioro de las garantías para ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa en Guatemala”. Indica que la Carta Democrática Interamericana reconoce que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La respuesta del Estado guatemalteco

Cita que el Estado de Guatemala reiteró que el Ministerio Público es el órgano autónomo y encargado de ejercer la persecución penal, “ente técnico y apolítico, cuyas diligencias en el caso concreto se han realizado en el marco legal correspondiente y con el fin de esclarecer la verdad ante la posible comisión de un delito y defensa de los derechos de los denunciantes, así como de la ciudadanía”. Además, que la investigación penal en curso “de ninguna manera” pretende alterar los resultados de las elecciones generales en el país.

“El Estado indicó que todas las resoluciones judiciales emitidas en el caso han sido debidamente fundamentadas y dictadas por la judicatura correspondiente. Y criticó que comunicados como los de la Comisión pueden poner en riesgo “las resultas e independencia de las investigaciones que se encuentran en curso”.