El plan para bloquear señales en cárceles enfrenta tecnología obsoleta, corrupción y vacíos legales
El Mingob arranca con las pruebas para bloquear internet, 5G y señal satelital en las cárceles, en un intento por frenar las extorsiones. Sin embargo, el plan enfrenta desafíos técnicos, vacíos legales y corrupción sistemática.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) inició este 18 de junio las pruebas de un nuevo sistema para bloquear señales de telefonía, internet y otras comunicaciones en las cárceles del país. Sin embargo, la estrategia enfrenta al menos tres obstáculos: una tecnología criminal que ha evolucionado más rápido que la estatal, denuncias de corrupción dentro del Sistema Penitenciario y vacíos legales para involucrar a todos los proveedores de internet.
La viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz, informó el lunes 15 de junio que los equipos utilizados para las pruebas ya ingresaron al país y fueron instalados, mientras concluyen los procesos de programación con empresas proveedoras de servicios.
“Los equipos provienen del extranjero y estamos finalizando una programación a nivel de sistemas que debe hacerse con las empresas proveedoras de servicio”, explicó la funcionaria, quien además indicó que se trabaja en cerca de 20 aspectos técnicos relacionados con la inhibición de señales dentro de los centros de detención.
Por razones de seguridad, los detalles no fueron divulgados, pero oficialmente se conoció que las pruebas técnicas se efectuaron en 10 centros carcelarios con equipos temporales y software especializado.
En febrero del 2026, el entonces viceministro de Tecnologías, William Cameros, calculó que la implementación de inhibidores de señal tendría un costo de Q2 millones mensuales para cubrir 15 centros preventivos.
Equipos operativos, pero limitados a tecnología 3G
Durante una citación efectuada este jueves 18 de junio por el diputado José Chic, el subdirector de Informática del Sistema Penitenciario, Daniel Edelmann, reveló que actualmente existen 53 bloqueadores de señal distribuidos en cinco de los 15 centros carcelarios del sistema y que todos se encuentran operativos.
No obstante, reconoció que esos equipos fueron diseñados para tecnologías que ya quedaron rezagadas.
“El bloqueador de señal implementado actualmente cubre hasta las frecuencias 3G y sabemos que la tecnología que hoy tenemos es 4G y 5G, por lo que no la bloquea completamente”, afirmó.
Según explicó, esa limitación es precisamente la razón por la que el Gobierno realiza pruebas con una nueva generación de equipos que buscan bloquear redes, wifi, radiofrecuencias y otras formas de comunicación utilizadas actualmente.
Las declaraciones coinciden con advertencias efectuadas por Ortiz sobre la necesidad de actualizar las herramientas del Estado frente a tecnologías detectadas durante requisas, incluidas conexiones inalámbricas e internet satelital.
Starlink, 5G y teléfonos de alta gama
Para Chic, el problema es que las estructuras criminales han logrado modernizar sus sistemas de comunicación más rápido que el Estado.
El congresista recordó que los equipos ya son obsoletos porque siguen encontrando dispositivos de Starlink, lo que supera lo que califica como “intentos” por parte de las autoridades de ponerles un límite.
El legislador sostuvo que grupos vinculados al crimen organizado continúan utilizando teléfonos inteligentes y otros mecanismos para mantener comunicaciones ilícitas, y fue más allá al cuestionar la respuesta de las autoridades.
“Si existe capacidad técnica para restringir contenidos o señales en otros ámbitos, como eventos futbolísticos, la pregunta es por qué no se ha logrado aplicar con la misma efectividad para combatir los delitos que se siguen coordinando desde los centros penitenciarios”, cuestionó Chic.
“No solo es el bloqueo de señal; también hay que evolucionar en otros controles, como rayos X y escáneres”, complementó Eddy Morales, exdirector del Sistema Penitenciario, al ser consultado sobre el asunto.
El problema va más allá de la tecnología
Más allá de la discusión sobre redes 4G, 5G o internet satelital, Chic insistió en que uno de los principales desafíos sigue siendo evitar que las estructuras criminales encuentren apoyo dentro de las propias cárceles.
Según indicó, la presencia de equipos tecnológicos, antenas y sistemas de comunicación dentro de las cárceles requiere necesariamente algún nivel de colaboración interna.
“Cuando han aparecido antenas de Starlink dentro de las cárceles debe haber participación de guardias del Sistema Penitenciario”, aseguró.
El diputado también señaló que cualquier inversión podría fracasar si no se combate la corrupción dentro del Sistema Penitenciario.
“No sirve de nada invertir millones en tecnología si alguien puede apagar el equipo, cortar un cable o permitir el ingreso de dispositivos”, dijo Chic.
“El Sistema Penitenciario carece de un recurso humano eficiente; si hay corrupción, la tecnología no sirve”, agregó Morales.
A su criterio, estos mecanismos de extorsión interna forman parte de una economía criminal que también facilita comunicaciones ilícitas y operaciones delictivas hacia el exterior.
Finalmente, Morales advirtió que, sin capacidad y control efectivo, las medidas actuales no tendrán un impacto sostenido. “Sin personal capacitado y control efectivo de los bloqueos, vamos a volver a las mismas andanzas”, enfatizó.
Un vacío legal pendiente
Ortiz también señaló que el Gobierno presentó observaciones a una iniciativa de ley que busca trasladar responsabilidades de bloqueo no solo a las compañías telefónicas, sino también a los proveedores de internet.
Sin embargo, reconoció que existe una dificultad adicional, debido a que Guatemala no cuenta con un registro completo de proveedores de internet, lo que complica la supervisión y la aplicación de medidas de bloqueo.
La funcionaria explicó que las soluciones analizadas incluyen mecanismos que podrían aplicarse directamente desde los servidores de las empresas proveedoras, sin necesidad de instalar equipos visibles dentro de los centros penitenciarios.
El superintendente de Telecomunicaciones, Herbert Rubio, señaló que la normativa actual enfrenta una “doble problemática” en la identificación de usuarios de servicios móviles, ya que, según explicó, el usuario proporciona los datos al momento de contratar el servicio, pero el operador no tendría la obligación de verificarlos.
“No hay un registro que permita establecer hoy de quién es un terminal”, afirmó.
Rubio también subrayó que, en términos legales, no existe una obligación expresa para que las operadoras bloqueen la señal en centros carcelarios.
“No tenemos obligación de bloquear señal en cárceles”, indicó, aunque añadió que “podríamos analizar jurídicamente acciones, pero eso debe revisarse”.
Además, explicó que, aunque las empresas tienen asignadas bandas de frecuencia, no es posible determinar con certeza cuáles están siendo utilizadas en un momento específico.