En el sector privado, a las personas se les mide por resultados, estableciéndose metas a alcanzar y, si no lo logran, tienen deméritos o son despedidos. Los llamados Indicadores Clave de Desempeño (KPI, por sus siglas en inglés), son métricas cuantificables para medir el cumplimiento de objetivos, metas y resultados que sirven no solo para evaluar el desempeño de las personas, sino para tomar decisiones correctivas, informadas y oportunas. Si a los funcionarios públicos se les evaluara por resultados y no se les tolerara por compadrazgos o conveniencias políticas, seguramente la población recibiría oportunamente los bienes y servicios públicos de calidad que demandan y que difícilmente reciben.

Lamentablemente, en el sector público no existe una cultura de cumplimiento y efectividad que permita evaluar el desempeño de cada uno de los funcionarios públicos en función de resultados. La única excepción en Guatemala (aunque no lo es en otras latitudes) es el cargo de Superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria, a quien se le mide primordialmente sobre una meta objetiva y concreta: haber alcanzado o superado la meta de recaudación tributaria a la que se compromete año con año, salvo causas de fuerza mayor.

En la década de los noventa del siglo pasado, empezamos a desarrollar e implantar un sistema presupuestario basado en resultados, partiendo del concepto de presupuesto base cero; es decir, que cada año se solicitaba el presupuesto del año siguiente partiendo desde cero y había que justificar hasta el último centavo, en función de los productos, bienes o servicios que cada dependencia, cada puesto de trabajo y cada funcionario o empleado se comprometía a realizar con los recursos presupuestarios requeridos, mediante el Plan Operativo Anual (POA) y su correspondiente presupuesto. Ya no se podía simplemente “copiar y pegar” el presupuesto aprobado el año anterior, independientemente si se había cumplido con los planes, programas y proyectos.

Este enfoque de efectividad, de eficiencia (hacer lo que se debe, ni más ni menos) y de eficiencia (al menor costo posible), atiende a los principios consignados en la Ley Orgánica del Presupuesto, de “legalidad, economía, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y publicidad”, que se supone deberían estar presentes durante todas las etapas de planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición de cuentas del presupuesto, que fue la base del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

En la primera década de este siglo se inició la metodología de Gestión por Resultados (GpR), apoyado en los sistemas informáticos de gestión (SIGES) y de contabilidad integrada (Sicoin-web), para facilitar la formulación del presupuesto anual y multianual.

En el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado del 2026, que presentó el Ejecutivo al Congreso de la República, se detallan los productos, subproductos y metas por institución. A manera de ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Educación incluye Q395 millones para reparar y remozar 5,695 centros escolares de nivel primario; es decir, Q69.4 miles por escuela. Este es un avance en la planificación y contabilidad de costos y presupuestos, porque hay un compromiso concreto, pero no se indica quién es el responsable de dar este resultado y tampoco qué pasa con el funcionario directamente responsable si, efectivamente, no cumple con la meta, a pesar de haberle asignado los fondos presupuestarios solicitados.