Las acciones violentas de hordas de supuestos “manifestantes” resultan sospechosas porque dejan entrever intereses y afanes ajenos al bien común, contrarios a mejorar la seguridad vial y empecinados, eso sí, en causar zozobra social y económica. Los bloqueos viales no se pueden considerar pacíficos y la expresión de protesta pierde legitimidad al degenerar en agresiones contra la autoridad e incluso contra ciudadanos que intentan continuar su ruta. Las barricadas conculcan el derecho de libre locomoción de la mayoría de guatemaltecos, y con ello causan pérdidas de tiempo, oportunidades y recursos: en Q1 mil 200 millones se calculan los daños por negocios truncados, mercaderías perdidas y plazos de entrega incumplidos en dos días.

Durante los intentos de romper uno de los bloqueos en la zona 1 capitalina ocurrió un hecho injustificable, que no se puede pasar por alto: la utilización de un taxi como arma para tratar de arrollar a agentes antimotines. Tal agresión no puede quedar impune, pues deja al descubierto propósitos criminales más bien asociables con pandilleros, no con ciudadanos honrados. El vehículo debió ser rastreado, detenido e incautado o, por lo menos, suspendido en su permiso de circulación, por estar involucrado en un ataque potencialmente letal, que podría volver a cometerse.

Una medida similar de registro y sanción podría evaluarse en relación con todo automotor cuyo permiso de circular se utiliza, paradójicamente, para obstruir el paso en calles y carreteras, en oposición flagrante al cumplimiento de una norma vigente. El anuncio del seguro vial fue súbito, solo como obligación y sin mayor información de potenciales beneficios para el portador. El llamado al diálogo del Gobierno fue tardío, impreciso, reactivo. Ahora, para concretarlo, es necesario que se depongan los bloqueos.

En este clima agitado poco ayudaron las posturas populacheras de politiqueros demagogos que quisieron pescar en río revuelto. Incluso interpusieron amparos en la Corte de Constitucionalidad, (CC), que ahora tiene otros asuntos pendientes, como defenestrar el inverecundo autoaumento salarial de los diputados. El Ejecutivo, aunque derogará la medida del seguro, relegada por décadas, necesita de un plan para enfrentar futuras reacciones violentas, liberar las vías y así garantizar la libre locomoción, que parece que será el tono cada vez que intente cambiar algo.

El ministro de Gobernación habló ayer de un uso proporcional de la fuerza para liberar los pasos obstruidos; sin embargo, a causa de los incidentes de ayer, se puede afirmar que no puede haber una acción efectiva si no hay precedentes legales en contra de actos vandálicos. Es necesario un pronunciamiento sereno, claro, pero firme del binomio presidencial y del Gabinete de Gobierno en pleno para establecer un norte para el país en muchos temas. Esta crisis es una oportunidad para exhibir una visión más allá de la conveniencia personal o grupal.

En el caso de grupos comunitarios que suelen invocar la sabiduría de los ancianos y los ancestros, no deberían actuar con cerrazón sin atender a los beneficios de una nueva cultura de aseguramiento y participar activamente en las discusiones en la mesa técnica anunciada. El seguro vial no es una panacea contra los accidentes de tránsito, pero sí un acto de responsabilidad. Cualquier otra resistencia solo denota indiferencia o desprecio por la garantía de seguridad de pasajeros y conductores. En Guatemala no existe una cultura del seguro, pero no pueden pasar otros 30 años para que se implemente. En todo caso, miles de taxis ilegales ya están en deuda respecto del mal estado de sus unidades y falta de permisos, un descontrol del que muchas comunas son cómplices.