El gobierno de Estados Unidos pretende deportar la próxima semana a Uganda a un ciudadano salvadoreño que se ha convertido en figura emblemática de la política migratoria del presidente Donald Trump, informaron este sábado sus abogados.

En un escrito, los defensores solicitaron a los tribunales desestimar el caso contra Kilmar Ábrego García, al considerar que se trata de una acción vengativa por haber impugnado su deportación inicial a El Salvador.

El intento de enviarlo a Uganda, en África oriental, añade un giro dramático al caso, que según los críticos de Trump ilustra posibles violaciones a las leyes en su cruzada contra la migración irregular.

El viernes, Ábrego García fue liberado por orden judicial y se le permitió regresar a su hogar en Maryland, en espera de juicio por cargos de tráfico de personas.

Había sido deportado por error a una prisión de alta seguridad en su país y luego reingresó a territorio estadounidense, donde fue detenido por segunda vez.

Un juez ordenó su liberación el viernes, pero nuevas acciones indican que podría ser expulsado otra vez, esta vez hacia Uganda, país que suscribió un convenio con EE. UU. para recibir personas indocumentadas consideradas indeseables por las autoridades estadounidenses.

Ábrego García niega haber cometido irregularidades, mientras que el gobierno de Trump lo señala como presunto miembro de la pandilla MS-13 y de traficar con personas migrantes.

El jueves, al conocerse que sería liberado, funcionarios del gobierno le ofrecieron declararse culpable a cambio de ser deportado a Costa Rica, según sus abogados. Rechazó la oferta.

“El gobierno respondió de inmediato con indignación a la liberación del señor Ábrego”, afirma el escrito.

Pocos minutos después de salir de prisión preventiva, un representante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) informó a su abogado que se ordenaría su deportación a Uganda y que debía presentarse en la oficina local del ICE en Baltimore el lunes por la mañana.

Simpatizantes de Trump elogiaron su postura, pero juristas y defensores de derechos humanos criticaron lo que consideraron una deportación apresurada y sin audiencia judicial, en posible violación de la legislación estadounidense.