Los enemigos de la democracia liberal en nuestro país no cejan en su afán de demonizarla, socavarla y sustituirla por un régimen despótico, autoritario o totalitario, con ropajes ideológicos o políticos a conveniencia, que les asegure el abuso de poder, la opresión, el enriquecimiento torticero y la impunidad.

La democracia liberal se asume como la democracia representativa, cuyos elementos esenciales son: (i) Respeto y protección de los derechos fundamentales; (ii) acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho, cuya columna vertebral es una justicia oficial meritocrática, independiente e imparcial; (iii) celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía popular; (iv) pluralismo político, libertad de expresión y competencia y debate electoral en igualdad de condiciones; (v) reconocimiento de un tribunal supremo electoral que dirima las controversias políticas y comiciales en ejercicio de la jurisdicción político-electoral; (vi) supremacía de la Constitución y separación e independencia de los poderes públicos; y (vii) frenos y contrapesos, transparencia, probidad, libre acceso a la información, rendición de cuentas y responsabilidad.

Un régimen despótico es una forma de gobierno cuyos líderes conservan y ejercen, de manera indefinida, un poder absoluto y arbitrario, valiéndose al efecto de la represión brutal, el expolio decretado, el despojo, el saqueo y la rapiña, con el fin perverso de apoderarse injustamente del producto del trabajo, el emprendimiento y la prosperidad de las personas. Anne Applebaum califica a este despotismo como una “cleptocracia autocrática” y lo define como “un Estado mafioso construido y gestionado con el solo propósito de enriquecer a sus dirigentes”.

La ausencia de educación en el espíritu democrático, la miopía de las élites, la codicia subyacente a la acción política, un funcionariado infiel con excepciones, la indiferencia ciudadana y la impune corrupción sistémica que corroe al sector público, no solo han impedido la consolidación del proceso democratizador iniciado en 1986, sino han facilitado que los enemigos de la democracia implementen su estrategia antidemocrática, que se basa en la desinformación y la propaganda del odio y el resentimiento, tendente a convencer a incautos, desmemoriados y desinformados del presunto caos inherente a la democracia, así como de las supuestas ventajas de un régimen arbitrario.

La promesa de un dictador benevolente y preocupado por el bienestar de su pueblo es un eufemismo. La tiranía solo ofrece corrupción, opresión y ruina. Por lo tanto, los gobernantes deben estar sujetos a frenos y contrapesos. Esta teoría sostiene que el ejercicio de la soberanía debe distribuirse entre varios órganos estatales, con competencias diferentes y en un plano de igualdad, a fin de que se garantice un balance de poder, con el propósito de que la potestad de un órgano sirva de freno o control a otros, y viceversa, o sea, una suerte de contrapeso.

Por ejemplo, el veto presidencial es un contrapeso al Congreso y la aprobación o improbación de la ejecución presupuestaria anual por este es un contrapeso al Ejecutivo.

La cleptocracia autocrática está más vigente que nunca y defenderá a muerte los bastiones institucionales que ha venido capturando desde 2018. Luego, la ciudadanía, la opinión pública y la comunidad democrática internacional deben vigilar los procesos de postulación y designación de funcionarios clave que se llevarán a cabo en 2026.