El intento de descarrilar, distorsionar o afectar el proceso electoral vigente mediante la solicitud del Ministerio Público (MP) otorgada por un juez sesgado, a pesar de ser inviable, para tratar de suspender la personería jurídica de uno de los dos partidos finalistas para segunda vuelta se ha topado de frente con el amplio rechazo de diversos sectores ciudadanos: una confluencia verdaderamente interesante y alentadora, ya que reúne a entidades empresariales, gremios productivos, colectivos sociales, científicos, academia, Conferencia Episcopal, universitarios, institutos de análisis e investigación, asociaciones de prensa, profesionales, constitucionalistas y ciudadanos en pleno ejercicio de sus garantías de libertad de expresión, de petición y de acción.

Los allanamientos del MP en el Registro de Ciudadanos, efectuados ayer por agentes con gorros pasamontañas y fuertemente armados, como si se hubiese tratado de un presidio o un área roja, y no de la institución rectora de la democracia, fueron calificados más como una intimidación en contra de funcionarios de dicha entidad y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que como una diligencia legal. El juez Fredy Orellana amenazó con encausarlos si no cumplían en 24 horas la orden ilegal de suspender a un partido en pleno período electoral vigente.

Y no se escribe ilegal con ligereza: la Ley Electoral es clara y la orden de marras denota desconocimiento o irrespeto, o ambas. En todo caso, esta acción del fiscal especial Rafael Curruchiche compromete a la fiscal general, Consuelo Porras, quien debería rendir explicaciones por el actuar de su subalterno, que pone en riesgo el proceso democrático fundamental, el cual está protegido por norma constitucional, precisamente para evitar este tipo de ardides, que fueron usuales en tiempos de regímenes militares.

La Corte de Constitucionalidad otorgó ayer un amparo provisional a favor de Movimiento Semilla, por voto dividido de 4 a 1. Se opuso la magistrada Dina Ochoa, quien fue designada en su primer período por el presidente Jimmy Morales y por la alianza oficialista del Congreso de la República para su segundo término. Dicho amparo asegura la realización de la segunda vuelta electoral, pero es provisional y debería ser declarado en firme cuanto antes, pues lo que está en riesgo no es un partido, sino la institucionalidad democrática que tiene su acción fundamental en el derecho a elegir y ser electo.

El Registro de Ciudadanos indicó que simplemente no podía cumplir la orden del juez por estar el país en medio de un proceso electoral. Sin embargo, ulteriores acciones judiciales deberían poner en tela de juicio la pertinencia legal de tal resolución, la coincidencia del mismo juzgador en otros casos que han puesto en riesgo derechos democráticos y, debido a que no se puede alegar ignorancia de la ley, posibles sanciones por intento de atentar contra preceptos constitucionales.

Suficientes distorsiones y desconfianzas ha generado la constante judicialización del proceso electoral del 2023. La actual crisis, cuyo riesgo no se ha disipado, debería sentar precedentes de total respeto a las disposiciones del TSE en materia partidaria y política. Entre 2020 y 2022 fueron injerencias judiciales las que hicieron parsimoniosa o incluso frenaron la desaparición de partidos sancionados. Este momento de unánime apoyo a los magistrados del TSE debe refrendar su supremacía en cuanto a la recepción, registro, protección y validación legal de la voluntad ciudadana expresada en el voto.