Guatemala se ha convertido en uno de los puntos más vulnerables del mapa centroamericano frente al comercio ilícito.

El Índice de Comercio Ilícito 2025 de TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade) revela un panorama inquietante: el país no es un gran productor de bienes ilegales, pero sí un corredor estratégico para cigarrillos, medicamentos falsificados, alcohol ilícito, agroquímicos ilegales y productos falsificados que circulan con facilidad por sus fronteras porosas y su débil control institucional. El documento completo puede descargarse aquí.

Como señala el informe, “Guatemala se considera una jurisdicción de alto riesgo para el comercio ilícito debido a vulnerabilidades vinculadas a la geografía, el débil control, brechas regulatorias significativas y un deficiente control fronterizo”.

La magnitud del problema es abrumadora. El comercio ilícito se entrelaza con la economía formal hasta alcanzar una economía sumergida equivalente al 50% del PIB, unos USD 153 mil millones anuales, alimentada por redes criminales asociadas a las pandillas y estructuras relacionadas con el narcotráfico.

Estas organizaciones operan con funcionarios sobornados, puertos capturados y rutas históricas del narcotráfico que ahora sirven también para mover cigarrillos, alcohol, madera, ropa falsificada y medicamentos adulterados.

DE TABACO A FERTILIZANTES

El contrabando de cigarrillos es uno de los mercados más lucrativos para las redes criminales. Según el estudio, hasta el 40% del consumo nacional podría ser ilícito, con pérdidas fiscales estimadas en Q180 millones al año desde 2017.

La paradoja es evidente: mientras las importaciones de cigarrillos crecieron un 60% entre 2017 y 2024, la recaudación del impuesto al tabaco cayó un 9%.

La Zona Libre de Corozal en Belice funciona como un centro regional de transbordo, y los puertos guatemaltecos —especialmente Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla— se han convertido en puntos críticos de entrada.

Aunque el comercio ilícito de alcohol representa apenas el 1% del mercado, según la OMS, sus efectos son devastadores.

Las pérdidas fiscales superan los USD 25 millones anuales, y los consumidores quedan expuestos a productos adulterados que circulan debido a las barreras legales para obtener licencias de venta y al contrabando desde México y Honduras.

El comercio ilícito de plaguicidas, fertilizantes y semillas afecta directamente a los productores rurales.

Un informe citado en el estudio estima que el 12% del mercado agrícola es ilegal, con pérdidas cercanas a USD 62 millones. Más de 225 marcas agrícolas ingresan al país de manera irregular, especialmente en departamentos como Huehuetenango, Petén e Izabal.

Los productos falsificados y adulterados reducen los rendimientos, contaminan suelos y ponen en riesgo la salud de trabajadores y comunidades.

MEDICAMENTOS Y RIESGOS PARA LA SALUD

La SAT ha intensificado las incautaciones de productos farmacéuticos ilegales, pero el flujo sigue siendo alto.

En marzo de 2026, tres camiones con medicamentos no autorizados valorados en Q4.5 millones fueron retenidos. Los productos incluían antibióticos, analgésicos y tratamientos vencidos o falsificados, muchos con rellenos tóxicos.

El documento advierte que los medicamentos ilícitos podrían representar hasta el 10% del mercado en países como Guatemala.

Laboratorios clandestinos producen versiones falsificadas de anticonceptivos, antiinflamatorios y vitaminas, que luego se distribuyen en farmacias rurales o se exportan a países vecinos.

EL CORAZÓN DEL PROBLEMA

El estudio es contundente: la corrupción enquistada en aduanas, fuerzas de seguridad y órganos judiciales es el principal facilitador del comercio ilícito.

El estudio apunta que, si bien la elección de Bernardo Arévalo en 2023 marcó un giro anticorrupción, el crimen organizado enraizado en las instituciones no ha sido fácil de eliminar.

LLAMADO A LA ACCIÓN

El informe propone una serie de medidas para revertir el perfil de alto riesgo del país:

• Fortalecer las salvaguardas anticorrupción en aduanas y el sistema judicial.
• Modernizar los puertos y fronteras, especialmente en Belice y México.
• Implementar información electrónica anticipada de carga para detectar cargamentos de alto riesgo.
• Crear un registro aduanero de propiedad intelectual para combatir falsificaciones.
• Reforzar los controles contra el lavado de activos, ante el riesgo de que Guatemala entre a la lista gris del GAFI.
• Priorizar investigaciones penales y financieras contra redes criminales de alto impacto.

Guatemala enfrenta una disyuntiva histórica: o moderniza sus instituciones y rompe la captura criminal, o seguirá perdiendo miles de millones, vidas y confianza pública.

El comercio ilícito no es solo un problema económico; es un fenómeno que erosiona la democracia, debilita la seguridad y pone en riesgo la salud de millones.