El pasado jueves 3 de abril, decenas de abogados de inmigración en el estado de Utah denunciaron que, al plan de deportaciones masivas del presidente estadounidense Donald Trump, se ha sumado una nueva modalidad que se implementó con la ayuda del sistema penitenciario, enfocada en localizar a inmigrantes en libertad condicional.

Los colegiados acusaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por el aumento de esta práctica desde el pasado sábado 1 de febrero, cuando los oficiales estatales de supervisión de libertad condicional comenzaron a arrestar directamente a los inmigrantes que se presentaban a sus citas programadas.

“La práctica es muy deshonesta y están deteniendo a los inmigrantes que se encuentran en libertad condicional, incluso por delitos menores. Ya vimos que los oficiales les piden que se reporten y luego ICE los termina capturando”, declaró el abogado estadounidense Adam Crayk al periódico Tribune, ubicado en la ciudad de Salt Lake City.

Ante esta situación, los juristas ya no saben si aconsejar a sus clientes que asistan a sus citas de supervisión de libertad condicional, por lo que, de acuerdo con Crayk, esta decisión se ha dejado en manos de los propios inmigrantes: “Todos sabemos que ellos deben cumplir con la ley, pero es un panorama bastante complicado”, agregó Adam.

ICE defiende las detenciones

En respuesta a las denuncias presentadas por los abogados, el portavoz del Departamento Correccional en Utah, Glen Mills, indicó que el sistema penitenciario “ha compartido por más de 10 años” los nombres de las personas que se encuentran bajo la supervisión de ICE, por lo que no habrá nuevos cambios en esa política migratoria.

Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas también defendió estas detenciones a través de un comunicado, en el que catalogaron a los inmigrantes en libertad condicional como “criminales convictos”, ya que, a pesar de haber cumplido sus condenas a nivel estatal, siguen siendo considerados deportables por la ley federal.

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En los Estados Unidos, la cooperación interestatal en la supervisión de las personas en libertad condicional está regulada por el Acuerdo Interestatal de Supervisión de Adultos Convictos (ICAOS), vigente en los 50 estados y en Puerto Rico. Sin embargo, los abogados indicaron que las prácticas “varían significativamente en cada estado”.

“En algunos casos, las leyes se modificaron desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. Por ejemplo, en Idaho, solo la Comisión de Perdones podía decidir si un migrante era transferido con ICE. No obstante, en la actualidad, esa facultad ha pasado a los supervisores de libertad condicional”, argumentó el abogado Orlando Luna.

“A su vez, en el estado de Oklahoma, en marzo se puso en marcha una intervención conocida como la Operación Guardian, con la que se buscaba transferir a las cárceles migratorias a más de 525 reclusos sin estatus migratorio, en donde la mayoría estaba bajo libertad condicional”, agregó el jurista estadounidense de migración, Chris Keen.

En contraste con esta situación, los estados de Colorado y California mantienen las leyes que limitan la colaboración directa entre las autoridades penitenciarias e ICE, debido a que solo la Junta de Libertad Condicional puede autorizar las transferencias, siempre y cuando exista una petición formal del Servicio de Control de Inmigración.

Abogado yo salí con una autorización preliminar de libertad condicional, tengo una cita con ice el mismo día que cumplo el año. ¿Qué debo hacer? #inmigración#ice#parole#attorneypic.twitter.com/Zk5OpgUJua

— Gallardo Law Firm (@gallardo_law) December 8, 2023