La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 1 de enero del 2025 ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y busca dejar sin efecto la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 contenida en el decreto 36-2024, aprobado por el Congreso de la República.

Dicho decreto fue aprobado el 27 de noviembre del 2024 con un monto total del presupuesto por Q148 mil 526 millones, el cual fue publicado en el Diario de Centro América el 9 de diciembre, y entró en vigencia el 1 de enero del 2025.

La acción es promovida por Miguel Roberto Balsells López, Gerardo Antonio Galvez Braham y José Manuel Ramírez Campos, quienes argumentan, en el documento, asignaciones de recursos que no respetan las distribuciones de fondos dictadas en la Constitución de la República.

Los abogados exponen en el documento que no se han respetado las asignaciones que establece la Constitución, entre ellas, mencionan para la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), para el deporte (incluyendo el federado, educación física, deportes escolares y no federado), para el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial, la CC, la Escuela Nacional de Agricultura (Enca), y para la alfabetización a través del Comité Nacional de Alfabetización, así como para las municipalidades.

Con esta medida los interponentes solicitan que se decrete la suspensión provisional del decreto 36-2024, durante el trámite de la acción de inconstitucionalidad presentada, ya que se considera lesiva su vigencia para ejecutar el presupuesto del presente año y se causaría daños irreparables de no decretar la suspensión provisional.

Con esta inconstitucionalidad buscan que la CC suspenda el decreto del presupuesto, por lo que se pide que se dé con lugar la acción de inconstitucionalidad general de ley en contra del decreto 36-2024, por incurrir en violaciones como el principio de legalidad contenida en el artículo 5 de la Constitución, y solicitan expulsar del ordenamiento jurídico la norma impugnada.

Además, que se ordene al Organismo Ejecutivo la suspensión del decreto 36-2024 para que este retorne dicha ley al Congreso para que este excluya del contenido del mismo las disposiciones de carácter general que violentan la Constitución.

La petición la efectúan con base a los artículos 1, 2, 4, 5, 12, 39,41, 44. 46, 268 y 276 de la Constitución, así como varios artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

La @CC_Guatemala recibe inconstitucionalidad qué busca dejar sin efecto el presupuesto nacional del año 2025 por aparentes asignaciones qué no respetan distribuciones dictadas en la Constitución. La acción es promovida por Miguel Balsells, Gerardo Galvez y José Ramirez. pic.twitter.com/cJI0yXZ15f

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) January 2, 2025

El 9 de diciembre del 2024 el diputado Bequer Chocooj interpuso un amparo en contra del presupuesto 2025, argumentando que el presupuesto aprobado es ilegal y anticonstitucional.

Por aparte, Miguel Balsells, anunció en sus redes sociales el 22 de diciembre, que presentó una acción de inconstitucionalidad, y explicó acerca de la presentada el 1 de enero.