Por: Gabriela Sosa Díaz
Soy una ciudadana que exige ¡JUSTICIA!
[email protected]

Escribir esto aún es difícil para mí. Tengo muchos sentimientos encontrados: enojo, tristeza, dolor… Una gran pena en mi corazón y lágrimas en mis ojos. Hoy vengo a exponer públicamente cómo las siguientes instituciones, que se suponen “serias” y al servicio de la población guatemalteca, fueron capaces de cometer algo que puede tener muchos nombres. Usted, estimado lector, podrá llamarlo como quiera después de leer esta atrocidad que cobró la vida de una persona: mi abuelita. Ella me vio crecer, estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida y se convirtió en una víctima más de la injusticia, corrupción y negligencia de jueces, fiscalías, instituciones del Estado, empresas privadas, abogados e incluso familiares. Todos fueron cómplices de su muerte, ya sea por sus decisiones o por sus omisiones.

La Procuraduría de los Derechos Humanos, cuya función es actuar para proteger y defender los derechos humanos de manera inmediata; la Unidad de Alerta Isabel-Claudina, creada para proteger la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres; la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, el Adulto Mayor y las Personas con Discapacidad, perteneciente a la Procuraduría General de la Nación, que según el artículo 51 de la Constitución Política de la República de Guatemala debe proteger a los adultos mayores; y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), encargada de investigar hechos delictivos y auxiliar al Ministerio Público como unidad de la Policía Nacional Civil (PNC), jugaron con la vida de una persona adulta mayor.

Algunos amigos, familiares y conocidos están tan consternados como yo por lo que sucedió con mi abuelita, Aurora Yolanda Quiroz Mazariegos. Fue internada en el Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

El día de visita solicité permiso en mi trabajo para salir temprano y poder verla. Mientras hacía fila para recibir información sobre su estado de salud, a las 11:00 horas, un médico informó a mi mamá que ya se había realizado el trámite para sacarla. Nadie daba razón del porqué la estaban trasladando. Una ambulancia privada de la empresa CARE se la llevó sin dar explicaciones.

Cualquiera que trabaje en el área de salud sabe que una persona no puede ser trasladada en una ambulancia sin la presencia de un familiar, especialmente en un estado delicado como el de mi abuela. Llamamos a CARE, pero se negaron a dar información. Luego acudimos a la Procuraduría General de la Nación (PGN), donde nos atendieron en la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, el Adulto Mayor y las Personas con Discapacidad. Nos escucharon, pero no hicieron nada. Finalmente, se activó la Alerta Isabel-Claudina alrededor del mediodía, y se publicó en plataformas digitales ese mismo 3 de marzo de 2025.

Esa tarde, un agente de la DEIC se comunicó conmigo por teléfono. Sus palabras fueron: «Mi trabajo es encontrarla viva o muerta». A las 19:44 horas, me envió un mensaje de WhatsApp informándome que la había localizado y que estaba bajo el cuidado de una tía en una vivienda. Cuando le pregunté por qué la habían sacado del hospital, si su salud estaba en riesgo y quién se haría responsable, su única respuesta fue: «Mi labor aquí termina. La localicé, póngase de acuerdo con sus familiares».

Esa misma noche, la Alerta Isabel-Claudina fue retirada y anunciaron en redes sociales que mi abuela había sido localizada. Pero, ¿qué significaba eso realmente? No sabía quién la tenía ni en qué condiciones se encontraba. El viernes 7 de marzo de 2025 me enteré de que ya estaba enterrada. Un médico vendió su dictamen para certificar su defunción. El agente de la DEIC me había mentido al decirme que estaba viva. El certificado de defunción indica que falleció el lunes 3 de marzo de 2025 a las 18:00 horas en una dirección de la zona 18, una hora antes de que el agente de la DEIC me enviara un audio asegurando que la había encontrado viva.

Solicité un informe sobre su localización mediante una carta firmada por mí y enviada por correo electrónico al licenciado Miguel Echeverría, agente fiscal y coordinador de la Alerta Isabel-Claudina. Hoy, 13 de marzo de 2025, aún no he recibido respuesta. ¿Qué pasó? MATARON A MI ABUELITA. Exijo ¡JUSTICIA! Que las autoridades investiguen y que esto siente un precedente. La Alerta Isabel-Claudina falló. Si pasó con mi abuelita, ¿cuántos casos más estarán en la misma situación?