Hoy se cumplen 370 días desde que los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Haroldo Pacheco y Héctor Manuel Chaclán, están en prisión preventiva. El 23 de abril de 2025, el Ministerio Público (MP) los capturó y acusó de cinco delitos graves: terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. ¿El motivo? Su participación y liderazgo en las manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia que se realizaron en 2023.

La audiencia de primera declaración se llevó a cabo dos días después, el 25 de abril, y la jueza de turno Carol Patricia Flores decidió enviarlos a la cárcel y ligarlos a proceso por dos de los ilícitos: terrorismo y obstaculización a la acción penal. Sin embargo, tras una apelación del MP, la sala cuarta de apelaciones les agregó de nuevo el delito de asociación ilícita.

Desde entonces, el caso quedó estancado. Hace 10 meses que no hay un juez a cargo y cada vez que se nombra uno, la Fiscalía y la Fundación contra el Terrorismo (FCT), querellante en el proceso, plantean una recusación con el único objetivo de retardarlo maliciosamente y alargar la prisión preventiva.

Tras las recusaciones en contra de los jueces Mario Rodrigo Flores Maldonado, Judith Secaida Lemus y Arnulfo Carrera, el expediente llegó al juzgado de Fredy Orellana quien el pasado 10 de abril se excusó de conocerlo. Fiel a su estrategia de criminalizar inocentes, a pesar de presentar su excusa y en contubernio con la sala tercera, extendió hasta el mes de septiembre de 2026 la prisión preventiva de ambos líderes indígenas.

Con esa decisión se continúan violentando los derechos fundamentales de Pacheco y Chaclán, y se sigue usando la prisión preventiva como un castigo anticipado. Resulta muy grave que, no existiendo peligro de fuga y tampoco obstaculización al proceso, se les mantenga privados de libertad hasta que se nombre a un juez o jueza que pueda revisar la medida y decida si deberán enfrentar un juicio oral y público. Porque hasta ahora, 12 meses después, lo único que ha ocurrido es la audiencia de primera declaración y de ahí no ha habido ningún avance en el caso.

Como no se trata de hacer justicia sino de procurar venganza, los tipos penales que se les imputan están contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Aunque parezca un sinsentido, se pretende equiparar la organización comunitaria de los pueblos indígenas con las estructuras de crimen organizado, aun y cuando la normativa internacional de derechos humanos, que es ley en Guatemala, establece con claridad que “todas las instituciones del Estado están obligadas a respetar los derechos de los pueblos indígenas, que incluyen su derecho a la protesta y reunión pacíficas sin temor a criminalización ni cualquier otro tipo de represalias”.

Héctor y Luis son presos políticos al igual que el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo (que sigue en la cárcel), el periodista Jose Rubén Zamora (bajo arresto domiciliario) o las abogadas Virginia Laparra (en el exilio) y Claudia González (cuyo juicio está previsto para septiembre de 2026).

El proceso penal que enfrentan y por el cual también se persigue a Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá, y Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones, constituye un uso abusivo del derecho penal por parte del MP y produce un efecto intimidatorio colectivo. Es lo que se llama un “caso ejemplificante”.

Ni Luis, ni Héctor, ni Basilio, ni Esteban son terroristas. Sus acciones en defensa de la democracia y de los resultados electorales del 2023 no son delito. Es primordial que el próximo fiscal general revise los casos de criminalización y deseche las acusaciones espurias. ¡Libertad para Luis Pacheco y Héctor Chaclán!