Pregunta tras pregunta y ya nada parece hacer efectivas las interpelaciones en el Congreso de la República. Entre respuestas evasivas, a veces gritos, reclamos y tiempo perdido, las interpelaciones en el Congreso se han desvirtuado. Un mecanismo que debería reflejar los frenos y contrapesos en nuestra República se ha gastado tanto que ahora es abusado para perder el tiempo o hacer presión política.

Nuestro sistema, como uno que incluye aspectos republicanos, se basa en la separación de poderes y en un esquema donde cada poder del Estado limita y controla al otro para evitar abusos (al menos a eso aspiramos como República). Por eso las interpelaciones son un mecanismo de fiscalización del Congreso hacia el Ejecutivo que establece la Constitución en sus artículos 166 y 167. Hasta se cataloga que interpelar es un derecho que tienen los diputados. ¿Y para qué? Es una manera de cuestionar a los ministros del Ejecutivo sobre su gestión, decisiones administrativas o presupuestarias. El meollo de las interpelaciones es obtener información de lo que están haciendo los ministros para exigir una rendición de cuentas y luego decidir si se mantiene la confianza hacia el ministro o no. Si el Congreso considera que las respuestas fueron insatisfactorias, puede presentar una moción de falta de confianza, que, de aprobarse, conlleva la destitución del ministro.

Nadie cuestiona que las interpelaciones sean una herramienta legítima; sin embargo, se cuestiona el propósito de desgastarlas. Esta legislatura lleva 17 solicitudes de interpelación contra ministros del actual gobierno, según datos de Congreso Eficiente. Desde el 2024 se ha completado una interpelación y otra está en curso, lo que significa que en casi dos años solo ha habido dos interpelaciones porque una duró alrededor de tres meses y la otra ya supera los cinco meses.

Tenemos un problema. No hay límite temporal para lo que puede durar una interpelación; esto significa que se pueden alargar sin consecuencias. Por eso hay sesiones donde solo se abordan apenas unas cuantas preguntas de la larga lista de cuestionamientos que hay hacia los ministros. Por lo mismo, desde hace mucho se ha designado un día entero de la semana legislativa a las interpelaciones. ¿Qué efecto real tiene esto en avanzar una agenda legislativa? ¿Qué resultado ha tenido en mejorar o enderezar el rumbo del Ejecutivo?

La evaluación es clara, la interpelación debe ser valiosa en el esquema de equilibrio de poderes, fiscalización y rendición de cuentas en Guatemala. Lamentablemente, se ha vaciado de contenido y de lógica porque desde hace años no busca responsabilizar políticamente al Ejecutivo, sino atrasar la agenda del Congreso, usarse como un poder negociador o simplemente paralizar cualquier movimiento del gobierno.

Si los diputados quieren fiscalizar, que lo hagan. Ese es su trabajo. No obstante, si solo buscan frenar, que lo admitan. Las interpelaciones no deben usarse para paralizar agenda o buscar humillar a ministros como se hace con funcionarios en las citaciones. Su fin es fiscalizar cuando ya todos los demás procedimientos o instancias se han agotado, no ser una excusa para la inacción o el desgaste innecesario.

Es increíble que, en lugar de tener dos sesiones a la semana para abordar la extensa agenda de iniciativas de ley o reformas para optimizar nuestro sistema político, se dedique una de ellas exclusivamente a las interpelaciones que no llegan a nada. Los diputados deberían preguntarse qué tan efectivas son y recordar que su deber también es mantener viva la agenda legislativa, no detenerla.