Los recientes motines en las cárceles evidencian el creciente malestar de los cabecillas de pandillas por los constantes traslados hacia otros centros penitenciarios. Según el Ministerio de Gobernación, esta medida busca aislarlos y frenar la coordinación de extorsiones y homicidios. No obstante, la estrategia también ha puesto a las autoridades bajo intensa presión, con más de 2 mil pandilleros y expandilleros que desafían el control del sistema carcelario.

Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), en las 22 cárceles a cargo del Sistema Penitenciario (SP) permanecen 2 mil 346 miembros de pandillas; 962 son integrantes activos del Barrio 18, mientras que 675 pertenecen a la Mara Salvatrucha.

La cárcel que concentra el mayor número de miembros activos del Barrio 18 es el Preventivo para Hombres de la zona 18, con 640, y Fraijanes 2, con 250. Según el documento, 44 mujeres integrantes de esa pandilla también están recluidas en la cárcel preventiva Santa Teresa, en la misma zona.

En las cárceles de Pavoncito, ubicada en Fraijanes, y El Boquerón, en Santa Rosa, permanecen 634 integrantes activos de la Mara Salvatrucha, principalmente sus cabecillas.

“La presencia de pandilleros en el Sistema Penitenciario guatemalteco es significativa y refleja el impacto que estas estructuras criminales han tenido en la seguridad”, según cita un documento de la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC, que analiza la forma de operar de estos grupos delictivos.

En el mismo se especifica que los registros oficiales del SP evidencian una alta concentración de individuos vinculados a pandillas en distintos centros carcelarios a nivel nacional.

Algunos de estos se encuentran privados de libertad por haber recibido una sentencia condenatoria, mientras que otros están en prisión preventiva, a la espera de una resolución judicial.

“En ambos casos, el volumen de internos vinculados a pandillas es considerable”, se indica en el documento.

Exmiembros

Las autoridades policiales destacan que en los centros carcelarios no solo se encuentran miembros activos de pandillas, sino también individuos que se identifican como exintegrantes, comúnmente denominados expandilleros. Sin embargo, esto no significa que se abstengan de delinquir, ya que, según las pesquisas, existen indicios de que algunos de ellos aún cometen delitos desde el interior de las prisiones, ya sea coordinando acciones ilícitas hacia el exterior, girando órdenes a través de teléfonos celulares o participando en el cobro de extorsiones.

El 41% de los privados de libertad identificados como pandilleros activos pertenecen al Barrio 18, mientras que el 29% son miembros de la Mara Salvatrucha. Por otro lado, el 22% corresponde a exintegrantes del Barrio 18 y el 8% a exintegrantes de la Mara Salvatrucha.

Una modalidad grave de trata de personas, impulsada por estructuras pandilleras desde el interior de las cárceles, fue documentada en el 2024 por las autoridades: se logró establecer que pandilleros del Barrio 18 planificaban el ingreso de mujeres menores de edad a centros penitenciarios para ser explotadas sexualmente.

Por ese caso, en marzo del 2024 se desarrollaron varios operativos que dejaron como resultado la detención de 23 personas, entre ellas 9 agentes del Sistema Penitenciario. También fueron notificados 6 privados de libertad recluidos en distintas cárceles, incluido uno en la prisión de máxima seguridad Renovación 1, ubicada en Escuintla.

En la última década, según las autoridades policiales, las pandillas han incursionado en el tráfico ilícito de estupefacientes a pequeña escala, conocido como narcomenudeo.

Datos del Ministerio de Gobernación reflejan que el departamento de Guatemala concentra el 89% de las clicas de pandillas. Sin embargo, reconocen que en los últimos años estas han ganado territorio en el interior del país, y advierten que con la expansión e industrialización de las ciudades fuera del área metropolitana, podría generarse una descentralización de las clicas, no necesariamente en zonas marginadas, ya que se ha evidenciado que cabecillas de organizaciones criminales operan desde recintos exclusivos, como residenciales y condominios.

Según las pesquisas, para evitar el rastreo de sus ingresos ilícitos, las pandillas recurren a terceras personas con un perfil socialmente aceptable, quienes prestan su identidad para la adquisición de bienes durante el proceso de lavado de dinero.

Dentro del análisis criminal, se ha identificado que muchas parejas sentimentales de pandilleros, especialmente aquellas que ya han formado una familia con hijos, han optado por establecer negocios o actividades económicas en el sector informal.

Estos emprendimientos —como ventas ambulantes, flotillas de taxis no autorizados o piratas, tiendas de barrio, pequeños restaurantes o comercio en mercados— permiten el sostenimiento económico del hogar, incluso cuando el integrante pandillero se encuentra privado de libertad. Los investigadores policiales señalan que, en la mayoría de casos, estos comercios son financiados con recursos de origen ilícito, principalmente de extorsiones.

Motines

Dos motines se registraron el jueves 14 de agosto de forma casi simultánea en las cárceles de El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa, y Pavoncito, Fraijanes, donde están recluidos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13). Seis guardias de presidios fueron retenidos y posteriormente liberados, aunque las autoridades de Gobernación afirmaron que no hubo negociación.

El martes 12 de agosto, cinco pandilleros del Barrio 18 dirigieron un motín en el Preventivo para Varones de la zona 18 y tomaron como rehenes a seis guardias del SP. De forma casi simultánea, en la cárcel de Fraijanes 2, integrantes de esa misma mara realizaron las mismas acciones y retuvieron a cinco miembros del SP.