En el corazón de la democracia guatemalteca late un sistema electoral que, aunque no exento de desafíos, ha demostrado su solidez y compromiso con la voluntad popular. En las elecciones generales de 2023, este sistema fue puesto a prueba, y quienes se erigieron como sus más firmes defensores fueron las juntas electorales, a quienes con justicia he denominado en múltiples ocasiones como “héroes de la democracia”.

El sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (Trep) ha sido una herramienta valiosa para proporcionar información rápida y accesible durante las jornadas electorales. Sin embargo, es fundamental entender que el Trep no tiene autoridad legal para definir ganadores; su función es meramente informativa. Los resultados oficiales siempre han sido determinados por las juntas electorales, quienes revisan, validan y certifican actas en un proceso público y transparente.

A pesar de esta claridad legal y técnica, el Ministerio Público ha insistido en sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral, apuntando a supuestas anomalías en el Trep como prueba de fraude. Lo preocupante es que estas acusaciones se han sostenido sin evidencia contundente y con una narrativa que desconoce el verdadero funcionamiento del sistema electoral. En el fondo, se pretende deslegitimar una elección en la que las juntas electorales cumplieron su deber con valentía, transparencia y orden.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, en 2023 se instalaron más de 1,200 juntas receptoras de votos en todo el país y en el extranjero, integradas por miles de ciudadanos voluntarios. Estos hombres y mujeres, ajenos a cualquier estructura partidaria, protegieron cada voto con responsabilidad, demostrando que la democracia no se defiende en redes sociales ni en comunicados de prensa, sino en la voluntad cívica de los guatemaltecos de a pie.

En este contexto, el anuncio reciente del Tribunal Supremo Electoral sobre la creación de un nuevo sistema de transmisión de resultados para las elecciones de 2027 no debería escandalizar a nadie. Es lo que corresponde. El Trep actual ya fue vulnerado: su código fuente quedó en manos del Ministerio Público, lo cual implica un quiebre en la confianza técnica y política de dicha herramienta. No se puede seguir operando con una estructura informática expuesta, y el TSE, con razón, ha optado por comenzar de nuevo. Esta decisión no invalida los resultados de 2023; los fortalece, al reafirmar que los ganadores fueron definidos con base en actas y no en datos transmitidos.

La democracia guatemalteca necesita menos desinformación y más reconocimiento a quienes la sostienen en silencio. Las juntas electorales demostraron que, incluso en medio de campañas de desprestigio, amenazas judiciales y presiones políticas, el sistema sí funcionó. Y funcionó porque hubo ciudadanos valientes que lo hicieron cumplir.

Hoy, más que nunca, debemos mirar hacia adelante con memoria. Defender la democracia no es un acto de ingenuidad, es un deber moral. Y parte de esa defensa es reconocer que cuando más se la intentó torcer, fueron las juntas electorales las que pusieron el cuerpo, la firma y el rostro para garantizar que la voluntad del pueblo no se mancillara.