Han pasado 21 años desde que la Policía Nacional Civil (PNC) identificó los primeros casos de extorsión; en ese entonces, sin “ningún grado de peligrosidad”. Hoy en día, las exacciones llegan a cifras millonarias, aunque la mediación de las autoridades puede evitar el pago en ocho de cada 10 casos.

La última semana, la Policía declaró una lucha frontal contra los grupos de extorsionistas, aprovechando la ventaja de contar con información concreta sobre las operaciones. Todo apunta a que desde las cárceles se coordinan las extorsiones.

La Policía confirma que en las cárceles existen las “mesas de extorsión”, desde las cuales se planifica la captación de víctimas, se asignan las listas de números telefónicos para acosar y se reciben y concentran los pagos. Este negocio significó en los últimos 45 días unos Q1.7 millones en pagos.

Datos oficiales señalan que entre el 1 de enero y el 17 de febrero de este año se han denunciado tres mil 845 casos de extorsión, de las cuales se consiguió evitar el pago en tres mil 443, lo que representa el 89.54% de los reportes. El monto total que los extorsionistas exigían a sus víctimas era de Q35.54 millones.

Sin embargo, la Policía sostiene que actualmente, y gracias a las denuncias y la mediación de expertos en seguridad, el 81% de extorsiones no se paga.

También se ha logrado determinar que un 19% de las extorsiones que se pagan son exigencias de pandillas; el resto es de los denominados imitadores, que se hacen pasar por pandilleros.

Las mesas de extorsión

Las “mesas de extorsión”, según la PNC, se desarrollan cuando se reúne un cabecilla de extorsionistas, que puede ser un jefe de sector que tiene en su poder varios teléfonos y que diariamente se cita con reos “expertos en amenazas y discurso extorsivo”, admiten las autoridades.

El cabecilla asume el papel de coordinador y entrega a cada uno de estos reclusos un teléfono con saldo e internet, acompañado de una lista de números de las potenciales víctimas, para que dediquen las siguientes horas en llamarlas y exigirles dinero, bajo amenazas.

Si la coacción del recluso surte efecto, el siguiente paso es proporcionar un número de cuenta bancaria, de una base de datos de colaboradores; es decir, no tienen una sola cuenta; por el contrario, varios pagos se pueden hacer a cuentas distintas.

Para asegurar el pago, el extorsionista puede coordinar la visita de un “cobrador”, quien se encuentra afuera de la cárcel. De esta forma puede ejercer más presión en la víctima hasta atemorizarla en caso de que se oponga al pago.

Así eligen a sus víctimas

Los extorsionistas buscan “aliados”, a quienes muchas veces también coaccionan para que colaboren. Estos pueden ser dueños o dependientes de tiendas de barrio. Les indican que cuando alguien llegue a comprar una recarga de saldo para teléfono celular, anoten el número en un cuaderno y detallen otras características de la persona, como vestimenta o con quién llega.

Este “colaborador” es obligado a enviar el número telefónico de la víctima al extorsionista para que pueda incluirlo en la lista de víctimas y lo llame para exigir dinero, esta vez con el argumento de que conoce sus movimientos y a su familia, con base en los detalles que les han proporcionado.

Según la PNC, los criminales utilizan a “colaboradores” que ingresan a los domicilios a dejar propano, agua purificada o que extraen la basura. Estos deben tomar fotografías del interior del inmueble o reparar en las características de los miembros de la familia y sus bienes.

Según los investigadores policiales, las pesquisas para detectar a estas estructuras son complejas porque, por lo general, el cobrador no conoce al extorsionista, pues “entre ellos se intercambian los cobradores”.

Comenzó hace 22 años

Desde el 2003, según la PNC, se documentaron los primeros casos de extorsión, que se consideraron “aislados y sin grado de peligrosidad”.

En el 2007, según las autoridades, se reportaron las primeras extorsiones sistemáticas o “rentas” por parte de las pandillas a comerciantes y transportistas. Los pagos, como ahora, se exigieron cada semana, quincena o al mes.

Nueve años después, en el 2012, se detectó un segundo grupo de extorsionistas: los imitadores.

Este nuevo grupo no era de pandilleros ni tenía relación directa con ellos; sin embargo, el extorsionista se identificaba como pandillero para infundir temor.

El inicio de los imitadores, según la Policía, ha sido rastreado hasta el cabecilla de la banda Agosto Negro, Rigoberto Antonio Morales Barrientos, alias Rigorrico, quien, junto a dos nicaragüenses, indujo a otros reos a llamar a sus víctimas, para lo cual se identificaban como sicarios mexicanos o integrantes de pandillas, para exigir los pagos a través de depósitos bancarios.

La estructura de Rigorrico también reclutaba prostitutas, quienes cobraban una comisión a cambio de retirar el dinero de las cuentas bancarias en las que las víctimas depositaban el dinero, un método que luego se extendió en todo el país.

En el 2009, como reacción a las extorsiones, se creó la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda), a cuyo trabajo se sumó la Fiscalía contra el Delito de Extorsiones. Actualmente tienen el 80% de cobertura en el país.

Desde estas instancias, además de investigar a las estructuras criminales, explica la PNC, también se asesora a las víctimas y así han evitado que paguen, en ocho de cada 10 casos.

“La expansión de Dipanda y la Fiscalía contra el Delito de Extorsiones ha generado mayor confianza ciudadana porque también se facilita la toma de denuncia a las víctimas, con datos en reserva, para evitar que en la denuncia se exponga ante terceras personas, y datos del denunciante”, explicó el director de la PNC, David Custodio Boteo.

La Policía también afirma que en el 81% de las denuncias presentadas, la víctima no paga, pues los investigadores determinan que no se trata de una extorsión de riesgo y que la cometen imitadores. En estos casos, por lo general, solo es una o dos personas quienes actúan, sin el apoyo de más cómplices.

En cuanto a las extorsiones a empresarios y transportistas, la PNC explicó que la investigación y asesoría es distinta, pues se les debe dar el seguimiento respectivo, para determinar el grado de peligrosidad y qué grupo criminal es el responsable de la exigencia, ya que estos sectores económicos sí son perseguidos por pandillas, por el manejo de dinero en efectivo.