Autor: Bryan Chacón
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Sobre el Autor: Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Rafael Landívar, cuenta con formación en liderazgo político juvenil, diplomacia y protocolo internacional. Posee acreditaciones en geopolítica, gestión pública y derechos de las juventudes en América Latina y el Caribe, reflejando su interés por los asuntos regionales y multilaterales. Se destaca por su participación activa en la política estudiantil, demostrando compromiso con el desarrollo académico y la representación de los intereses de la comunidad estudiantil.

En los últimos años, Guatemala ha enfrentado una de las mayores encrucijadas de su historia reciente: el combate contra el crimen organizado y, particularmente, contra las pandillas conocidas como maras, que han evolucionado de ser grupos juveniles marginales a convertirse en estructuras criminales con alcance transnacional. Estas organizaciones no solo amenazan la seguridad ciudadana, también amenazan la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país.

El contexto regional es determinante. Centroamérica se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando de armas, actividades que alimentan la economía criminal de las pandillas. Por su posición geográfica, Guatemala es un punto clave en estas dinámicas; las maras –principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18– han tejido redes que trascienden las fronteras, vinculándose con estructuras delictivas en México y Estados Unidos.

En este marco, las políticas de seguridad y cooperación internacional han adquirido un tono más duro. Durante la actual administración del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Estado dio un paso inédito al designar a las maras como organizaciones terroristas transnacionales. Esta clasificación modificó el enfoque tradicional del combate al crimen organizado, equiparando a las pandillas con grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, y permitiendo el uso de mecanismos más agresivos en materia de persecución y sanción.

Si bien esta decisión tuvo un fuerte impacto simbólico y jurídico en Estados Unidos, sus efectos repercutieron directamente en Guatemala y el resto del Triángulo Norte. Por un lado, reforzó la cooperación bilateral en materia de inteligencia, extradiciones y control fronterizo; pero, por otro, generó tensiones internas sobre el tratamiento que debía darse a los pandilleros detenidos en territorio nacional: ¿Deben ser tratados como delincuentes comunes o como terroristas? La respuesta, más allá de lo legal, tiene implicaciones políticas, sociales y humanitarias profundas.

El gobierno guatemalteco, consciente del reto, ha intentado mantener una postura equilibrada. Si bien ha suscrito compromisos con Estados Unidos y organismos internacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, enfrenta limitaciones estructurales: un sistema judicial saturado, una Policía Nacional Civil debilitada, y una crisis carcelaria que convierte a las prisiones en centros de operaciones de las mismas maras que se pretende desmantelar.

La presión internacional por resultados concretos ha impulsado medidas más severas, aunque no siempre sostenibles. Experiencias como la del régimen de excepción en El Salvador –que ha reducido drásticamente los homicidios, pero ha sido cuestionado por violaciones a derechos humanos– han abierto un debate regional: ¿Hasta qué punto la seguridad puede justificarse a costa de la libertad? En Guatemala, esta discusión sigue latente, mientras la población exige soluciones inmediatas frente al miedo y la extorsión cotidiana.

El crimen organizado no puede abordarse solo desde la represión. La lucha contra las maras requiere una estrategia integral que combine inteligencia, prevención social, educación, oportunidades laborales y reinserción. La marginación, la pobreza y la falta de presencia estatal en los barrios vulnerables siguen siendo el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento juvenil.

En este escenario de tensiones y compromisos, Guatemala debe definir su propio camino. Aceptar la cooperación internacional no implica renunciar a la soberanía, ni adoptar ciegamente los modelos extranjeros; más bien supone construir una política de seguridad nacional coherente, basada en el respeto a los derechos humanos y en el fortalecimiento institucional.

El desafío es inmenso. Las maras no solo son un fenómeno delictivo: representan una fractura social y un síntoma de décadas de abandono estatal. Nombrarlas como terroristas puede servir para visibilizar su peligrosidad, pero no basta para erradicarlas. La verdadera victoria se alcanzará cuando Guatemala logre garantizar justicia, oportunidades y seguridad sin recurrir al miedo como instrumento de gobernabilidad.

En conclusión, la designación de las maras como organizaciones terroristas reconfiguró el mapa político y jurídico de la región, pero el verdadero combate se libra dentro de las fronteras nacionales. Guatemala necesita más que discursos o etiquetas: necesita una política pública integral que entienda que la seguridad y el desarrollo son inseparables. Solo así podrá romper el ciclo de violencia que amenaza su futuro democrático.