Estado de sitio precisa resultados tangibles
El desafío actual es fijar objetivos estratégicos concretos y verificables.
El estado de sitio decretado en Zacapa e Izabal durante 30 días, con amplio despliegue policial, patrullajes constantes y algunas restricciones de garantías, no puede ni debe terminar con un retorno a la realidad de violencia e impunidad que lo originó. Ahora que Estados Unidos designó terroristas a organizaciones de narcotráfico que operan precisamente en esos departamentos, el Gobierno tiene la obligación de demostrar que puede desarticularlas y detener a sus principales líderes.
Dados los trágicos hechos suscitados en los 50 días precedentes, incluyendo la masacre de Huité y el asesinato del diputado Julio Portillo, no basta con recuperar temporalmente el control de las calles, no basta con efectuar unos cuantos retenes y decomisos de algunas armas sin licencia, y no basta con una reducción aparente de la incidencia delictiva. De hecho, tras la declaratoria ocurrieron sendos homicidios en dos localidades, aparentemente inconexos.
No es dato nuevo la importancia geográfica de esta región para grupos ilícitos que la utilizan como corredor estratégico entre Honduras y México. Los pasos ciegos, caminos de herradura e interconexiones desoladas hacia Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango completan una de las rutas con mayor ausencia del Estado, no solo en cuanto a vigilancia policial, sino también capacidad de cobertura, reacción e investigación del Ministerio Público. El control territorial de grupos ilícitos implica mayores posibilidades de trasiego, almacenamiento e incluso economías de fachada para el lavado de activos. Por eso sería ingenuo reducir la conflictividad de dos departamentos únicamente a factores y protagonistas locales, que simplemente podrían movilizarse a otras áreas.
El estado de sitio será una medida acertada en la medida en que genere resultados tangibles y judicializables. Desde el 2017 se contabilizan al menos siete declaratorias de estado de sitio, algunas de las cuales han tenido prórrogas: se decretó en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, en el 2017 y en el 2022, pero en este año hubo nuevos enfrentamientos y los acuerdos de pacificación siguen en la cola de un venado. También se ordenó estado de sitio en 22 municipios de Izabal, Zacapa, Alta Verapaz, El Progreso y Baja Verapaz en el 2019, cuando se produjo el mortal ataque contra una patrulla militar en El Estor. En el 2021 se ordenó la medida en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, debido a los enfrentamientos por cuestiones limítrofes, pero que en el fondo enmascaran una disputa de rutas de contrabando.
Los resultados han sido dispares: algunos decomisos, hallazgos de narcolaboratorios, detenciones de personas armadas y posibles cómplices, pero a la larga la situación parece continuar inerme en el nororiente del país, ya sea por sustitución o intermitencia de la actividad criminal. Así que el desafío actual es fijar objetivos estratégicos concretos y verificables, sobre todo en cuanto a fortalecer la investigación criminal para que las capturas se traduzcan en procesos judiciales sólidos y sentencias.
Así también, hay un tema de fondo, pero vital para evitar la infiltración de mafias en estamentos estatales. El Tribunal Supremo Electoral debe hacer más rigurosa y verificable la rendición de cuentas de los partidos políticos acerca de sus financistas y “donantes”, a escala municipal, departamental y nacional. No están lejos los casos vergonzosos de diputados, expresidenciables y alcaldes que pudieron operar gracias a una laxitud mediocre. Esto, a su vez, se traduce en la posibilidad de que candidatos con amplios e inexplicables recursos obtengan cargos a través de campañas de dádivas y clientelismo.