El pasado 24 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pondrá en marcha la denominada “Misión Génesis”, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades en materia de inteligencia artificial (IA) y desarrollar la investigación y los descubrimientos científicos.

Esta misión forma parte de una estrategia del Gobierno de EE. UU. para impulsar a las grandes empresas tecnológicas y mantener una ventaja sobre China en el campo de la IA.

La “Misión Génesis” encargará al Departamento de Energía de EE. UU. la construcción de una plataforma integrada de IA, que combinará las supercomputadoras existentes en el país, los conjuntos de datos científicos federales y las investigaciones para acelerar los descubrimientos científicos.

Entre los intereses de EE. UU. por desarrollar destacan áreas que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores para la creación de aparatos tecnológicos.

“Estados Unidos está en una carrera por el dominio tecnológico global en el desarrollo de inteligencia artificial”, detalla la orden firmada por Trump, donde se añade que la misión representa “una frontera importante para el descubrimiento científico y el crecimiento económico”.

Según la orden, el eje central de la misión será la denominada “Plataforma Americana de Ciencia y Seguridad”, que plantea brindar a los investigadores recursos de computación de alto rendimiento, así como herramientas de modelado de IA.

El objetivo principal de esta plataforma, de acuerdo con la orden ejecutiva de Trump, es “demostrar la capacidad operativa inicial de EE. UU. en un plazo aproximado de nueve meses”.

El Departamento de Energía deberá elaborar una lista con 20 prioridades, en un plazo de 60 días, que aborden los principales desafíos científicos.

Los dominios prioritarios incluyen manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, todos ellos ámbitos en los que Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China.

La orden contempla asociaciones con empresas privadas, universidades y laboratorios nacionales, y exige estrictas medidas de ciberseguridad para proteger investigaciones sensibles.

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