El 25 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, todavía bajo la dirección de Kristi Noem, quien fue destituida el jueves 5 de marzo, publicó un mensaje en la red social X que refleja bien el clima político actual alrededor del tema migratorio, o más bien antimigratorio: la comunicación señalaba que una porción significativa de guatemaltecos habría ingresado de manera irregular a Estados Unidos y enviado grandes cantidades de dinero a su país.

El mensaje da a entender que las remesas son “tomadas” de la economía de ese país y ofrecía correctivos, además, encaja con cierta narrativa de sectores políticos radicales que interpretan esos envíos como una fuga de riqueza. En efecto, una parte de la economía guatemalteca descansa sobre ese ingreso de divisas, que potencia el consumo, abre oportunidades de empleo y es el más efectivo factor de reducción de pobreza —según varios estudios— y, por ende, potencia el desarrollo comunitario, reduciendo así la necesidad de migrar. Ningún programa social estatal logra tal incidencia. Lo que no se sabe es si la percepción de Homeland Security es una consecuencia indeseada del interesado lobby impulsado por ciertas visiones obtusas.

En todo caso, febrero del 2026 cerró con un envío de US$1,893.9 millones, US$72.5 millones más que en el mismo mes del año anterior. El acumulado de enero y febrero suma US$3,848.6 millones: US$209.7 millones más que en el primer bimestre del 2025: un incremento de 5.8%. Y es que las remesas no son una operación macroeconómica, sino un acto de amor y solidaridad familiar. Los migrantes luchan a diario y superan el miedo para poder ayudar a sus seres queridos a subsistir, compartiendo los recursos que les quedan libres después de pagar impuestos.

El discurso antimigrantes en Estados Unidos ha conducido a abusos y detenciones de ciudadanos, pero ya empieza a pasar factura, y la salida de Noem es una tácita admisión de ello. Los connacionales que envían dinero tienen dos y hasta tres empleos, a costa de gran sacrificio, y se autoimponen privaciones para poder cumplir con la ayuda, pero solo disponen del dinero que les queda después de producir y pagar impuestos. En el sistema estadounidense, los patronos retienen un porcentaje del salario a todo trabajador, que debe poseer un numero tributario, aunque sea indocumentado.

Pero, a diferencia de los residentes legales o ciudadanos, el migrante indocumentado no puede reclamar un retorno fiscal ni acceder a beneficios públicos, lo que significa que sus impuestos son un ingreso neto para el Estado. Ello, por no mencionar la tasa de 1% a todo envío de remesas, que a decir de las cifras, fueron US$38 millones directos al erario estadounidense, solo de guatemaltecos. Y valga decir que India, China y México encabezan las cifras de envíos.

Los migrantes suelen desempeñar tareas que a muchos ciudadanos locales no les interesan, por difíciles, riesgosas o baja remuneración: construcción, limpieza, cocinas industriales, procesamiento de carnes. La propia Reserva Federal de San Francisco ha analizado con datos cómo la ofensiva antimigrantes tiene impacto negativo en sectores productivos: limita la mano de obra y eso a su vez presiona los costos. A la larga, el gran desafío, regateado por ambos partidos en Estados Unidos, es lograr una reforma migratoria integral, funcional y con base en historiales laborales y tributarios. Sí, se debe combatir la criminalidad y expulsar a los felones, pero no a costa de criminalizar a personas trabajadoras, separar familias o debilitar industrias locales. Eso nunca lo entendió doña Kristi Noem.