“Mi hermano salió de Guatemala el 16 de septiembre del 2011 con un coyote; llamaba a su esposa casi cada tres días, pero nunca decía bien —dónde estaba—”, recuerda Juana González León, de las últimas noticias que tuvieron de su hermano Carlos Manuel, en Chichicastenango, Quiché. “Dijo que iba en un bus que detuvieron en México, bajaron al coyote y a otras personas que llevaba, menos a él. Mi hermano siguió el camino, llamando a la mujer del coyote, que le indicaba a dónde llegar. Solo contó: ‘Ya llegué a una bodega’, y que esperaba cruzar el río Bravo”.

Nunca dijo exactamente dónde estaba. Eso quería decir que podía estar en cualquiera de los mil 335 kilómetros que mide ese río que divide una parte de Texas, EE. UU. —donde lo llaman río Grande—, de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en México. Era el 27 de septiembre del mismo año, y la última vez que Carlos Manuel llamó. Después, todas las llamadas de su familia cayeron al buzón de mensajes. “Es muy doloroso”, dice Juana respecto de su hermano. “No sabemos si lo mataron”, añade. Carlos Manuel desapareció un año después de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Tenía 28 años.

Era el cuarto de nueve hermanos y con el que Juana se llevaba mejor. Ella tenía 16 y era la más pequeña. Ahora, de 31, aún no sabe qué le sucedió. “Que nunca dijera a qué frontera llegó nos dificulta saber dónde buscarlo”, dice a Prensa Libre. No le preguntaron, porque no imaginaban que desaparecería. Lo peor que contemplaban es que migración lo deportara. Ahora, su hermano es uno de 876 guatemaltecos migrantes desaparecidos en casi tres décadas. Es la cifra de casos sin resolver que tenía en mayo pasado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex), según Rosmery Yax, coordinadora en el país de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) de México. La FJEDD sigue 31 de los casos.

No tiene recursos para llevar más, pero sirve de enlace entre autoridades mexicanas y las familias de las personas desaparecidas. Refiere otros casos al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que los gobiernos tienen la obligación de “mejorar la disponibilidad de datos exactos”, según un informe del 2024 de la FJEDD acerca del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (Maebi) en Guatemala, El Salvador y Honduras —que permite denunciar casos en embajadas y consulados de México en estos países—.

Sin embargo, aunque Yax asegura que el Minex le informó por vía escrita acerca del número de los casos sin resolver para junio pasado, Brenda Santos, de la oficina de prensa del ministerio no confirmó ni desmintió la cifra de los 876. Dice, además, que solo el IGM maneja el número de migrantes desaparecidos. El IGM únicamente comentó que las únicas cifras que registra son 118 desaparecidos en el 2024 y 63 en el 2025. Aun así, en promedio, hay un migrante guatemalteco desaparecido en México cada tres días.

Una espera casi eterna

“A veces nos quejamos con Dios”, expresa Juana. “¿Por qué hay personas que cruzan —la frontera—, y mi hermano no pudo?”. En el 2011, al menos 851 mil migrantes guatemaltecos vivían en EE. UU., según el censo estadounidense, aunque la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calculaba la cifra en 1.5 millones. Desde el 2014, la OIM también contabiliza seis mil 555 desapariciones de migrantes de diferentes nacionalidades en la frontera México-Estados Unidos, donde se perdió el rastro de Carlos Manuel. Es un promedio de tres cada 48 horas. Cuando alguien desaparece en el tránsito migratorio, se rompe un lazo familiar y se instala un duelo prologado que atraviesa generaciones”, explica Sindy Hernández, representante para Guatemala del proyecto Voces Migrantes para el Cambio, de la Fundación Avina.

En una publicación del 2018 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la socióloga Pauline Boss escribió que la desaparición de un ser querido “es la pérdida más estresante, porque no hay evidencia de un cierre o final irreversible”. Según Yax, en solo el 7% de los casos reportados se encontró al migrante con vida o sus restos. Un año y medio después de que Carlos Manuel desapareció, extorsionistas llamaron a su familia. Exigieron Q45 mil para devolverlo. “No teníamos esa cantidad”, explica Juana. “Les pedimos que le dieran una llamada a mi hermano si era cierto que lo tenían, pero no lo hicieron. No lo tenían”.

Para entonces, aún debían pagar el préstamo que cubrió su viaje: Q85 mil —más intereses—, que se pagó con un terreno que Carlos Manuel había hipotecado como garantía. Tampoco habían denunciado su desaparición. No sabían dónde hacerlo. “Mi papá decía: ‘Fuimos a Xela a dar el reporte’, pero no tenía una constancia”, relata Juana, “a él se le dificulta hablar en español y leer, y no sé a dónde fue. Después, el Ministerio Público dijo: ‘Si la desaparición no fue aquí, no tenemos nada que ver nosotros’, y no le dijeron a dónde ir. Eso nos afectó mucho emocionalmente”. En el 2017, seis años después de que Carlos Manuel desapareció, Juana supo de la FJEDD en el consulado de México en Quetzaltenango, que el Minex podía recibir la denuncia, y finalmente reportó la desaparición de su hermano. Ese año, la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (Afamideg) se legalizó como tal.

La tragedia de vivir un doble duelo

Perder a su hermano reabrió la herida de la desaparición forzada de sus dos tíos en Quiché, durante el conflicto armado interno. “Mi mamá contó que estaba escondida entre unos árboles, en su comunidad, Patzibal, cuando vio que los soldados se llevaron a sus hermanos antes de hincar a varios hombres y dispararles”, relata Juana. “‘Puede ser que eso le hicieron a mi hijo’, decía después de que mi hermano desapareció. Sigue enferma por eso. Le dio un derrame. También fue difícil para los dos niños de mi hermano. La familia se destruyó. Nunca volvimos a ser los de antes”.

El impacto de un migrante desaparecido es doble en las familias víctimas del conflicto armado interno, que ya vivían un proceso de duelo alterado, según Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. “León, así le decíamos, es un buen hermano”, recuerda Juana con la mirada vidriosa. “Yo le había dicho que me iba con él —cuando contó que se iba a Estados Unidos—, pero me pidió que no dejara a mi primer nene, que tenía 6 meses, porque ya nos había dejado el papá. Entonces, mi hermano me dijo: ‘Dejalo, hermana. Si Dios quiere, voy a pasar —la frontera— y te voy a apoyar. En unos cinco años, te prometo que te voy a mandar a traer’”. Han pasado 14.

En julio del 2024, Juana ingresó a la junta directiva de Afamideg como secretaria, para conseguir información de cómo el Gobierno ubica a personas migrantes desaparecidas. “El proceso ha sido muy lento, y necesitamos participar para que las instituciones no se duerman ni abandonen los casos”, dice Juana, quien solo logró cursar tercero básico. “Hay cosas que no entiendo y debo aprender, pero lo hago porque otras esposas o madres de desaparecidos no pueden leer ni escribir, o van para los 70 años, y no pueden integrar la junta directiva”. Para junio del 2025, Afamideg sumaba 55 casos denunciados desde 1998 —mujeres, hombres y niños—: 19 de Quiché, y otros de Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango, Jalapa y Sipacate, Escuintla. Según Juana, no todos figuran en las cifras oficiales.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) busca, con el ADN de los familiares, si hay coincidencias con restos hallados en México, en coordinación con la FJEDD. Además, tienen la huella del pulgar de Carlos Manuel, de su cédula, por si apareciera vivo. “Lo buscan en redes sociales y en las cárceles”, relata. “Siguen encontrando cuerpos en fosas en el desierto y personas detenidas desde hasta hace 18 años que no podían comunicarse con sus familias. Eso nos alienta”. Juanita todavía espera saber más acerca de su hermano. “Planteamos nuestras necesidades al Minex, y hemos avanzado, aunque hay poca coordinación entre autoridades de cada país para identificar los cuerpos”, dice.

Según el informe de la FJEDD, el Maebi insta a los Estados a “promover la participación de los familiares de las personas migrantes desaparecidas en los procesos de búsqueda”. Sin embargo, en el último año y medio, el Minex y el IGM solo se reunieron con Afamideg una vez cada uno, mientras que la fundación se comunica todas las semanas, según Juana. En la oficina de prensa del IGM, María del Mar Enamorado dice que no tienen contacto directo con Afamideg. Brenda Santos, en la oficina de prensa del Minex, comenta que en diciembre del 2024 le presentaron a Afamideg la campaña “Para tu temor más grande” —que ya llevaba año y medio de funcionar—, que insta a los familiares de migrantes desaparecidos a dar una muestra de ADN al Banco de Datos Genéticos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En dos años, de 360 muestras, llevan “34 coincidencias”, según Santos.

Siempre hay solidaridad

Afamideg sí tiene el apoyo del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Ecap) y el CICR le da orientación jurídica y facilita reuniones de la junta directiva, según Yax. “Los familiares trabajan con sus propios escasos recursos; las organizaciones les ayudan a documentar casos y con otras gestiones”, explica Yax. “Pese a las dificultades, han participado en espacios internacionales con la ONU y la fiscalía en México. La mayoría son mujeres, amas de casa, trabajadoras domésticas o de campo, que enfrentan cuestiones culturales como el machismo, pero siguen en la búsqueda”.

Voces Migrantes para el Cambio apoya a las lideresas de Afamideg en aspectos organizativos y enlaces con otras organizaciones de ayuda, según Hernández. “Muchas familias viven en comunidades rurales alejadas, lo que complica su participación en diligencias institucionales”, dice. “Incluso se les dificulta participar en reuniones virtuales por falta de internet o electricidad”. Debido al caso de su hermano, Juana advierte a otros migrantes sobre la importancia de contar a su familia qué ruta siguen camino al norte. Le sirvió a una de sus hermanas que emigró en el 2024 y, después de un mes, llegó a salvo.

Aunque sigue tras el rastro de Carlos Manuel, la búsqueda es agotadora. “Hay personas que murieron en Chimaltenango y Sipacate sin saber qué pasó con sus familiares desaparecidos”, relata. “Otros de Chupol y Chichicastenango abandonaron la búsqueda, por lo largo de la espera y la falta de respuesta, pero nosotros seguimos para que otras familias sí sepan qué sucedió con sus desaparecidos, y tengan paz. Es lo justo”. Juana aún aspira a una localización eficaz de las personas desaparecidas. “Queremos que no se dejen de los extorsionistas ni de los malos tratos que a veces hay en las instituciones, donde tampoco hay traductores a idiomas mayas, que ayudan tanto”, señala.

“Recientemente, una familia en Chichi tenía miedo de reportar un caso; pensaban que debían pagar. Les informamos que no, y apoyamos en su proceso”.
Algunos resultados también la animan. “Localizaron al hijo de don Felipe, de Huehue, a los ocho años —de haber perdido desaparecido—. Repatriaron el cuerpo en noviembre del 2024, porque la fundación agilizó el proceso. No fue fácil, pero ya está en su comunidad”, dice. Juana todavía anhela migrar, algo que considera un derecho por ahora truncado por su situación particular. “No tenemos cómo pagar el viaje”, admitió. “Entonces, nos conformamos”.

Las razones para migrar

“Mi hermano migró en el 2011 por una deuda, y una casa que quería construir”, dice Juana González, secretaria de Afamideg en Chichicastenango, Quiché, de su familiar desaparecido en México. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ese año, el 85% de la población en Quiché vivía en pobreza multidimensional, uno de los departamentos con mayor desigualdad. En Chichicastenango, la pobreza extrema alcanzaba el 82%. Para el 2023, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) indicó que la pobreza en Quiché aumentó al 86.4%. Eso explica que, en el 2024, otra hermana de González también migrara. Debe Q135 mil más intereses, luego de haber hipotecado un terreno.

“Su proceso para quedarse en Estados Unidos depende de las disposiciones del presidente —Donald Trump—”, explica en una entrevista con Radio Nuevo Mundo. “Mi mamá no quería que viajara, aunque mi hermana tenía sus necesidades. Nuestro alivio fue grande cuando llegó” La desaparición de personas migrantes es un fenómeno invisible para el resto de la población, pero recalca que las condiciones estructurales en Guatemala obligan a las personas a migrar, según Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. González subraya que las personas migran por falta de salud, educación, empleo y salarios justos. “Los pueblos indígenas no tenemos oportunidades de sacar adelante a nuestros hijos”, explica, como madre de un niño de 6 y otro hijo de 14 años. “No tenemos una vida digna, y las personas se van a pesar del riesgo, el costo del viaje y la separación de las familias”.

El mecanismo de búsqueda es poco divulgado

El 9 de julio pasado, el Diario de Centro América publicó el Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 03-2025, que integra a la Política Migratoria la actualización del Protocolo Interinstitucional del Mecanismo de Búsqueda de Personas Migrantes Reportadas como Desaparecidas a causa de la Migración. La integración ocurre dos años después de que el protocolo fue aprobado, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

María del Mar Enamorado, vocera del IGM, dice que integrar el protocolo a la política “fortalece las coordinaciones interinstitucionales y la búsqueda, localización e identificación de las personas migrantes reportadas como desaparecidas y la atención integral a sus familiares”. Mientras que la Cancillería asegura que mantiene comunicación con las sedes diplomáticas de Guatemala en México y autoridades mexicanas para ese propósito, y el protocolo tiene dos años de aprobado, el IGM no lo ha compartido con la junta directiva de la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (Afamideg).

“Es muy importante que nos digan cómo funciona”, expresa Juana González, secretaria de la asociación. “Quisiéramos que nos involucren”, añade. Sindy Hernández, representante para Guatemala del proyecto Voces Migrantes para el Cambio, de la Fundación Avina, subraya la importancia de un protocolo transparente, con información actualizada, buenas prácticas y que permita la supervisión de las familias y organizaciones. Hernández sostiene que publicar el protocolo, pese a ser un avance necesario, no garantiza una respuesta efectiva. “La legitimidad y eficacia de estos instrumentos dependen del involucramiento real de quienes han sostenido la búsqueda desde el territorio y la sociedad civil”, afirma.

“No se trata solo de acompañar casos individuales, sino de transformar las condiciones que impiden el reconocimiento, la verdad y la reparación”. Hernández agrega que ningún derecho se debe perder en el camino de los migrantes. “Toda desaparición merece ser nombrada y esclarecida”, señala. “La verdad y la justicia son el mínimo ético que una sociedad digna debe garantizar”.