Hace seis años leí la novela La corrupción de un presidente sin tacha, del galardonado escritor Francisco Pérez de Antón, quien, como en otras de sus novelas históricas, mantiene al lector en vilo durante toda la trama de la obra, además de transmitir un valioso mensaje para quienes desean servir al país desde la política y el servicio público.

Para quien suscribe esta columna de opinión, que ha tenido una extensa carrera laboral de más de 50 años, tanto en el servicio público como en lo académico y en el sector privado, me sentí identificado con algunas de las situaciones que, como ficción, se describen en la novela, porque se parecen a experiencias de la vida real, abordándose de forma magistral el dilema ético en el mundo político y en el ejercicio del poder público.

Poniendo sobre la mesa cuestionamientos de profundo calado moral sobre cómo enfrentar a la corrupción, o del mal que parece bien y de poder distinguir al bien que parece mal. ¿Será acaso posible que el bien, por sí solo, sea capaz de derrotar al mal; o será que solo volviéndose igual de malo es posible derrotar a los malos? ¿Será que el fin justifica los medios? De eso trata esta novela, que forzosamente lleva al lector a reflexionar sobre nuestra realidad, porque la trama se ubica en un contexto imaginario muy cercano a la realidad política y social que vivimos.

Es poco probable que la realidad llegase a materializarse en los términos que finaliza la novela, aunque muy deseable fuese que, por fin, surgiera un liderazgo capaz de cambiar el terrible estado de cosas que, con estupor, observamos cotidianamente.

Pero conforme avanza el tiempo, la imaginación del autor se ha quedado corta, porque tristemente la realidad la ha venido superando, dada la descomposición ética y moral de las élites nacionales, políticas, judiciales, académicas, religiosas, económicas y sociales. Mientras algunos pecan a sabiendas por el fin inconfesable de sus maldades, muchos otros podrían estar observando que la situación va de mal en peor, en franco deterioro, pero están marcados por la indiferencia, el miedo, la conveniencia, complacencia o complicidad con el aprovechamiento, sin freno, del poder, del dinero y la fama, por parte de unos pocos. Mientras estos pocos ganan, la mayoría pierde, dejando sin sentido alguno el propósito constitucional del Estado de Guatemala, organizado para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común, en igualdad y libertad.

Sin seguridad personal y jurídica; sin una justicia imparcial, pronta y cumplida; sin salud, sin educación e infraestructura social y productiva; con ausencia de oportunidades, ingresos y empleos dignos; en medio de condiciones de lacerante pobreza material en que vive la mayoría de los guatemaltecos, que los obliga a emigrar en búsqueda de trabajo e ingresos para el mantenimiento de sus familias, aunque con las nuevas políticas en el país del norte, más que el sueño americano, en la práctica, están empezando a vivir una pesadilla de persecución y destierro. Estos son verdaderos retos para quienes ejercen el poder, gobernantes y élites del país, porque es urgente y necesario revertir la situación imperante.

Es posible que las situaciones deriven en más deterioro de la poca confianza y credibilidad en las instituciones, que lamentablemente, al final, nos lleven a circunstancias que ya no puedan ser revocadas ni corregidas por las instancias republicanas y democráticas, dentro del contexto constitucional. Estoy persuadido de que llegar a estos extremos sería lo peor que pudiera suceder y que el remedio sería peor que la enfermedad; pero, francamente, estamos ante una olla de presión cuya válvula debiera destaparse pacíficamente para que no termine explotando.