En Guatemala, el manejo del dinero público ha generado muchas mejoras sociales para gran cantidad de personas que cambian su nivel de vida como resultado del enriquecimiento producto del saqueo de los fondos públicos. De una u otra manera son reconocibles esos “nuevos ricos” que pululan a lo largo y ancho del país porque prácticamente no hay jurisdicción ajena al manejo sucio del dinero de los contribuyentes.

Sin embargo, hay también una nueva casta que crece paralelamente, aunque con menos color que sus proveedores, puesto que ellos se dedican únicamente a lavar el dinero sucio para beneficio de los saqueadores del erario. Pero ese lavado no se hace gratuitamente, sino mediante el pago de sustanciales sumas de plata para los que saben cómo operar de manera que lo que deja de ganancia adicional el sobreprecio de las obras y servicios termine, por ejemplo, en Dubái o en bancos de otros países en donde hay especial cuidado en el control de fondos que puedan tener origen en actos delictivos de diverso tipo.

Han ido migrando modalidades. Desde aquellos que cobraban los sobornos de un funcionario, aquellos que en lugar de usar bancos utilizaban a terceros para “bancarizar” efectivo, aquellos políticos jóvenes que sirven de facilitadores para los caciques del Congreso que usan contratos públicos para su lavado, hasta todos aquellos que ahora son parte de la estratificación de recursos con el que buscan, según ellos, que se pierda el rastro del dinero.

Recordemos cómo la impunidad y el manoseo legal terminó ayudando no solo a los operarios de la corrupción, sino abrió de par en par la puerta a otros grupos criminales, incluyendo el narcotráfico, que se benefició de la destrucción del sistema de justicia, misma que se incrementó en los últimos 15 años. Y si los operadores de la corrupción tenían para pagar a fiscales y jueces que les garantizaran impunidad, cuánto más había a disposición de esos criminales que mueven cantidades inmensas de recursos, tanto como para comprar no solo a los administradores de justicia, sino que a los mismos políticos que dictan las leyes y a algunos particulares que no pierden las mañas.

Pero el dinero metido en maletas, como las que tenía Benito, no sirven de mucho y por ello es que esta nueva casta florece y se empodera cada día más, puesto que se vuelven indispensables para que el dinero mal habido pueda ser utilizado sin ninguna consecuencia ni temor. Y esta nueva casta no es tan visible ni se desprestigia como los políticos o los contratistas o proveedores del Estado, ya que mientras más discretos, e incluso más de “sociedad” sean más apreciados son y se vuelven indispensables para quienes tienen que sacar de las maletas millonarias sumas acumuladas gracias a este sistema que lucha ahora afanosamente por sobrevivir ante la incipiente reacción que va mostrando la ciudadanía.

Los políticos corruptos, los contratistas y/o los dueños de empresas que pagan mordidas son reconocidos fácilmente por la ciudadanía, pero quienes los ayudan a lavar ese dinero mal habido no se dan color, como los otros, y por ello es que escalan posiciones aun en medios sociales y, mientras más exclusivos, mejor.

La iniciativa para una Ley Contra el Lavado de Dinero es importante, pero puede quedar en palabrerío si seguimos con fiscalías como la actual, que entierran casos turbios como el de los apartamentos de Dubái, producto de las ganancias en la venta de medicinas al IGSS que benefició a los proveedores, pero también a Miguelito y su pareja.