El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) denunció formalmente ante la Junta de Disciplina Judicial al juez Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, por supuestas violaciones a principios éticos y constitucionales en el ejercicio de la judicatura.

La acción del CANG se produce tras una serie de resoluciones emitidas por Orellana, entre ellas una orden judicial con la que declaró la nulidad del Grupo Promotor y del partido político Movimiento Semilla, instruyendo su inmediata aplicación. El oficio con la resolución fue entregado al Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), dirigido por Sergio Antillón.

Dicha medida, emitida el pasado viernes 24 de octubre, podría poner en duda —una vez más— la legitimidad de los cargos ganados por los entonces candidatos de Movimiento Semilla en las elecciones generales de 2023.

En respuesta, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto los informes enviados al Congreso de la República y al TSE como resultado de la resolución de Orellana. Además, advirtió al juez que se abstenga de emitir decisiones que contravengan disposiciones constitucionales o legales, particularmente aquellas que sustentan el sistema electoral democrático del país.

“La CC recuerda que los resultados del proceso electoral son inalterables”, puntualiza la resolución emitida este miércoles.

El presidente Bernardo Arévalo anunció que presentará recursos administrativos y acciones legales ante la Supervisión de Tribunales y las cortes, con el propósito de que la Corte Suprema de Justicia destituya al juez Fredy Orellana.

En su comunicado, el Colegio de Abogados advirtió que las actuaciones del juez Orellana vulneran la imparcialidad, la independencia y la responsabilidad que exige la judicatura, lo cual —asegura— compromete la integridad del gremio profesional y la confianza ciudadana en la administración de justicia.

La Junta Directiva del CANG reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial, la democracia y el Estado de derecho.

La organización gremial considera que dichas actuaciones han afectado la estabilidad del equilibrio de poderes y han generado un impacto negativo tanto en la integridad del gremio profesional como en la confianza ciudadana en la administración de justicia.

“La Junta Directiva 2025-2027 reitera su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la democracia y el fortalecimiento del sistema de justicia guatemalteco, reafirmando el principio de sujeción a la ley y responsabilidad en el ejercicio de la función pública”, expresa el comunicado.

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