Varias reacciones surgen en relación a las diligencias realizadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y en el Registro de Ciudadanos.

La Fiscalía realizó nuevos allanamientos este martes por un caso que aún está por dilucidarse, al no revelarse muchos detalles por parte del jefe de la unidad, Rafael Curruchiche.

Una de las entidades que se pronunciaron ante las nuevas acciones judiciales, fue la Misión de Observación Electoral en Guatemala (MOEGT) la cual asegura que los operativos se tratan de “una muestra más de los intentos por desacreditar las elecciones”.

“Las acciones de la FECI, avaladas por un juez de primera instancia penal, (…) y que se tradujeron en la apertura de cajas electorales, resultan arbitrarias, improcedentes e ilegales, porque el sistema TREP solo ofrece datos provisionales que no son vinculantes para decidir el resultado de una elección”, señala en un comunicado.

Resalta la “especial gravedad” de la apertura de las cajas electorales, que representan una “intromisión de autoridades con competencia en materia penal en asuntos con competencia constitucional”.

El Gobierno de Estados Unidos también externó su postura por las diligencias judiciales y lo hizo por medio de Brian A. Nichols, Secretario Adjunto del Departamento de Estado.

El funcionario “condenó” las acciones del MP las cuales calificó como “sin precedentes” que afectan la transición de gobierno.

La Junta Electoral del Distrito Central también emitió un comunicado para recordar que los ciudadanos voluntarios son los encargados del resguardo y escrutinio de los votos.

Agrega que culminadas la primera y segunda vuelta de elecciones, las cajas electorales quedan en resguardo del TSE y “no pueden ser objeto de vulneración alguna”.

“La voluntad popular expresada mediante el voto constituye un acto que debe respetarse y que se encuentra protegido por los principios de legalidad y legitimidad, por lo que cualquier acción contraria, pone en riesgo al sistema democrático”, explica.

Desde el sector empresarial, destaca el pronunciamiento de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) la cual asegura que al abrirse las cajas electorales sin presencia y custodia del TSE, se “atenta contra el modelo electoral”.

“Reconocemos que el Ministerio Público puede realizar las investigaciones, según le confiere la ley, siempre respetando los aspectos jurisdiccionales y las garantías procesales y jurídicas acorde a su estricto mandato”, explica.

La entidad cierra su comunicado haciendo un llamado al MP y al Organismo Judicial a respetar la voluntad popular expresada mediante el voto y apoyar con sus acciones “el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho”.