En Guatemala, los pactos colectivos del sector público se convirtieron en un botín que trasciende lo laboral. Lejos de ser un mecanismo de diálogo entre el Estado y los sindicatos para mejorar las condiciones laborales, terminó siendo un reparto de recursos y privilegios desmedidos que afectan la sostenibilidad fiscal, la eficiencia institucional y la tecnocracia.

Un estudio reciente del Cien presenta un análisis legal y comenta siete pactos colectivos, que evidencian prácticas inaceptables como: heredar plazas, múltiples bonificaciones sin sustento técnico, aumentos salariales anuales sin medir resultados; y, para los sindicalistas, licencias ilimitadas, sedes bien equipadas, vehículos último modelo, viajes y viáticos financiados con dinero público. https://url-shortener.me/6BWZ

No se cuestiona el reconocimiento constitucional de la organización sindical, sino del abuso en que se cayó, especialmente por obviar la Ley del Servicio Civil, que demanda una estructura organizacional y salarial uniforme para el Estado. Así, las negociaciones colectivas se desarrollan en condiciones desiguales: funcionarios con mandatos temporales ceden por conveniencia política y comprar paz frente a los chantajes sindicales que se aseguran grandes ventajas. De todo ello los ciudadanos ni se enteran, peor aún cuando algunos pactos se negocian “bajo reserva”.

Los datos reflejan la magnitud del problema. En el presupuesto nacional, los gastos de funcionamiento han crecido de manera incontrolada, limitando la inversión en áreas prioritarias. Un caso emblemático es el Ministerio de Educación (Mineduc), que concentra la mayor parte de la masa salarial del Estado. El último pacto, vigente desde marzo de 2022, estableció un reajuste salarial del 3% anual, un bono de Q2 mil 500 para todos los trabajadores y la liberación de más de 70 líderes sindicales. Como resultado de estos tratos y de la contratación masiva de 2009, la masa salarial propuesta en el Presupuesto 2025 representa el 70.6% del gasto del Mineduc, convirtiéndose en la principal rigidez del gasto educativo y limitando el espacio para otras prioridades.

Otras instituciones públicas tienen aún más concesiones. El Organismo Judicial otorga bonos de Semana Santa de Q3 mil 500, mensual de Q3 mil 200 y una indemnización universal de más de 22 salarios que incluye a los Magistrados. La Empresa Portuaria Quetzal llega a extremos como un aguinaldo del 175%, un bono 14 del 150% y plazas hereditarias. Ninguno de estos beneficios está vinculado al mérito ni al desempeño.

Además del impacto financiero, los pactos colectivos generan desigualdad entre los mismos empleados públicos. Mientras unas dependencias acumulan cada vez más aumentos salariales, asuetos adicionales y licencias sindicales, otras no tienen la fuerza suficiente para someter a la autoridad nominadora. Esta disparidad rompe con el principio de “igual salario para igual trabajo” y alimenta la desigualdad que tanto previenen la Ley del Servicio Civil, la Ley del Salario de la Administración Pública y las disposiciones presupuestarias.

La solución no consiste en eliminar derechos laborales, sino por imponer reglas claras. Países como Uruguay, Costa Rica y Paraguay han legislado para delimitar la negociación en el sector público buscando salarios adecuados a la disponibilidad presupuestaria, prohibición de plazas heredadas, transparencia obligatoria y vinculación estricta con la meritocracia.

Guatemala necesita urgentemente una normativa similar. Los pactos colectivos deben enmarcarse dentro de la Ley de Servicio Civil, acordes a la capacidad fiscal, sujetos a idoneidad y sin convertir al servidor público en fin. Reglas estrictas harán que los impuestos mejoren servicios y fortalezcan la institucionalidad.