Carmen Urízar, exministra de Energía y Minas, asevera que Guatemala entra al 2026 con una mezcla de oportunidades y riesgos en su sector eléctrico. Por un lado, enfrenta la necesidad urgente de asegurar capacidad de generación a largo plazo para acompañar el crecimiento económico y evitar tensiones de suministro; por otro, la red de transmisión requiere inversión y coordinación para integrar nueva generación y evitar cuellos de botella que encarecen la electricidad. Estos dos frentes serán determinantes para la estabilidad energética del país en el 2026.

La gran apuesta

La licitación PEG-5, definida por las autoridades como el mayor evento de contratación de energía y potencia en la historia del país, busca contratar hasta 1,400 megavatios (MW) de potencia garantizada y energía asociada para asegurar la demanda firme futura. Este volumen es ambicioso y necesario: sin proyectos adjudicados y contratos de largo plazo que garanticen ingresos, la inversión privada en generación difícilmente llegará al ritmo requerido.

El desafío aquí es doble. Primero, diseñar bases claras, previsibles y atractivas para inversionistas, evitando contradicciones regulatorias o requisitos técnicos que reduzcan la competencia. Segundo, balancear criterios de precio con exigencias de confiabilidad. Si PEG-5 no logra atraer ofertas sólidas, o si las impugnaciones y adendas dilatan adjudicaciones, Guatemala podría enfrentar una brecha de potencia en los años clave hacia el 2030.

Urgencia por modernizar

La otra cara de la moneda es la red de transmisión. En el 2025, el proceso PET-3 fue declarado desierto por fallas en la participación y en la documentación técnica, dejando pendientes proyectos esenciales de interconexión y reforzamiento. Ante ese revés, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha señalado la preparación de una nueva convocatoria, PET-4, para corregir errores, retomar lotes pendientes y atraer una oferta técnica y financiera más sólida.

Sin la infraestructura de transmisión adecuada, los proyectos que pueda adjudicar PEG-5 correrán el riesgo de quedar embotellados: parques solares o eólicos rentables a escala podrían no evacuar su energía o requerir costosas obras complementarias que aumenten el costo final al usuario. Además, la falta de coordinación temporal entre adjudicaciones de generación y adjudicaciones o ejecución de líneas y transmisores crea riesgo de activos paralizados, costos hundidos y conflictos entre operadores.

Integración de renovables

Guatemala tiene un alto potencial renovable, y la PEG-5 ha abierto la puerta para que esas tecnologías compitan. Sin embargo, la integración masiva de renovables exige planificación: intermitencia, almacenamiento, gestión de redes y mecanismos de mercado que valoren la flexibilidad.

Además de los retos vinculados directamente con la PEG-5 y el PET-3, Guatemala enfrentará en el 2026 un conjunto más amplio de desafíos energéticos estructurales, algunos heredados y otros que se intensificarán, tales como:

Vulnerabilidad climática

El cambio climático seguirá afectando la disponibilidad hídrica. Las sequías más frecuentes o prolongadas reducen la generación hidroeléctrica, que históricamente ha sido un pilar de la matriz energética guatemalteca. En el 2026, esta vulnerabilidad obligará a depender más de la generación térmica o de importaciones regionales, lo que presionará los costos y las emisiones.

Dependencia de combustibles

Aunque Guatemala ha avanzado en renovables, la necesidad de potencia firme para respaldar la intermitencia solar y eólica seguirá recayendo en plantas térmicas. En el 2026, la volatilidad internacional de precios de los combustibles podría impactar las tarifas y los costos de generación. El reto será avanzar hacia respaldos más limpios (gas natural, almacenamiento, sistemas híbridos) sin perder confiabilidad ni encarecer el sistema.

Integración energética

El almacenamiento (baterías o sistemas híbridos) ya no es un lujo tecnológico, sino una necesidad operativa. Sin embargo, el marco regulatorio guatemalteco aún no define con claridad cómo se remunera el almacenamiento ni cuál es su rol en el mercado. En el 2026, la ausencia de reglas claras podría retrasar inversiones clave, limitar la penetración renovable y aumentar los costos de operación del sistema.

Cambios en el consumo

El crecimiento económico, la electrificación de procesos industriales, el aumento del uso de aire acondicionado y, progresivamente, la movilidad eléctrica, han venido modificando —y seguirán transformando— el perfil de la demanda. El reto para el 2026 será anticipar no solo cuánto crecerá esta, sino cuándo y cómo se consumirá la energía. Sin señales tarifarias horarias más eficientes y sin una adecuada gestión de la demanda, el sistema podría requerir inversiones sobredimensionadas en potencia.

Pérdidas en distribución

Aunque el debate suele centrarse en la generación y transmisión, la distribución continúa siendo un punto crítico. Las pérdidas —especialmente las no técnicas— afectan la sostenibilidad financiera del sistema y terminan reflejándose en tarifas o en menor inversión. En el 2026, reducir pérdidas requerirá decisiones políticas complejas: combate al hurto de energía, inversión en redes inteligentes y fortalecimiento institucional de las distribuidoras.

Aceptación y conflictividad

Cada vez más proyectos energéticos enfrentan oposición comunitaria, ya sea por desconfianza histórica, problemas de comunicación o impactos reales y percibidos. En el 2026, la falta de licenciamiento social puede convertirse en uno de los principales cuellos de botella, incluso cuando los proyectos sean técnicamente viables y cuenten con aprobación ambiental. El desafío será pasar de una lógica de imposición a una de diálogo temprano, beneficios compartidos y transparencia.

Dependencia

Guatemala es un actor relevante en el MER, pero también depende de él en momentos de estrés interno. En el 2026, la disponibilidad regional no estará garantizada: otros países también enfrentarán sequías, crecimiento de la demanda y restricciones internas. El reto será usar el MER como complemento estratégico, no como sustituto de la planificación nacional, y evitar una dependencia excesiva de las importaciones en momentos críticos.

Reflexión final

En síntesis, el 2026 no será un año de un solo desafío energético para Guatemala, sino de convergencia de riesgos: climáticos, tecnológicos, financieros, sociales e institucionales. La realización exitosa de la PEG-5 y el PET-3 será central, pero no suficiente por sí sola. El verdadero reto será no perder la visión integral del sistema eléctrico, donde generación, transmisión, distribución y demanda evolucionen de forma coherente.