Médicos del Hospital General San Juan de Dios informaron este lunes 29 de septiembre que el estado de salud de Larkin Daniel Morales Cuque, de 22 años, continúa siendo delicado, tras ser atropellado en tres ocasiones por un automovilista el pasado 25 de septiembre en la zona 9 capitalina.

Según el parte médico, el joven motorista fue sometido a una operación por una fractura expuesta en la tibia y el peroné de la pierna derecha. Aunque ha mostrado cierta mejoría, su condición sigue siendo crítica, por lo que permanece en recuperación bajo monitoreo constante.

Morales Cuque, estudiante de segundo año de Enfermería en una universidad del país, realizaba diligencias personales cuando fue embestido.

Ligado a proceso

Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 70 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil poco después del hecho. El Juzgado de Turno lo ligó a proceso por lesiones graves y le otorgó arresto domiciliario, arraigo y una caución económica de Q35 mil.

El incidente, grabado por cámaras de videovigilancia, muestra al conductor embistiendo al joven en más de una ocasión, lo que ha generado cuestionamientos sobre la tipificación legal del hecho.

Inicialmente, la Fiscalía de Distrito Metropolitano solicitó que el delito fuera calificado como homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, el juez resolvió procesar al acusado por lesiones graves. Según el abogado penalista Denis Cuesy, con base en la evidencia audiovisual, el Ministerio Público podría solicitar una reforma del auto de procesamiento para cambiar la figura penal.

¿Accidente o delito doloso?

Cuesy explicó que la diferencia entre un delito culposo y uno doloso radica en la intención. “Una primera embestida puede considerarse culposa, pero insistir en atropellar a la misma víctima revela un claro dolo. El vehículo se convierte en un arma, y el acto deja de ser accidental”, señaló.

En Guatemala, los delitos culposos pueden acarrear penas de dos a ocho años de prisión, con posibilidad de medidas sustitutivas. En cambio, si se prueba la intención, como en el caso de lesiones dolosas o tentativa de homicidio, las penas van de 10 a 30 años de cárcel, sin opción a redención.

Además de la sanción penal, el responsable debe resarcir los daños a la víctima, lo que incluye tratamientos médicos, terapias, prótesis o pérdida de ingresos.

La figura cambia si hay muerte

Si la víctima fallece y se demuestra que hubo intención, el delito se convierte en homicidio doloso, con penas de 15 a 40 años de prisión. Si no hay intención, se califica como homicidio culposo, con una condena menor.

Otro agravante es huir del lugar sin brindar auxilio. “Omitir el deber de socorro puede influir en la calificación jurídica del hecho y en la severidad de la sentencia”, advierten expertos.

Prensa Libre consultó al Ministerio Público sobre su postura institucional ante este tipo de casos, pero aún no se ha pronunciado.

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