Las autoridades migratorias mexicanas, están realizando la deportación de menores migrantes no acompañados que son capturados en su intento de alcanzar la Frontera Sur de Estados Unidos, por motivos de violencia intrafamiliar, huyendo de reclutamiento de pandillas, por falta de empleo o por reunificación familiar, siendo violentada su propia ley de protección de niños migrantes vigentes en dicha nación, un tema que no ha sido atendido adecuadamente por parte de los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, de los mayores expulsores de menores migrantes con el gobierno mexicano.

Debemos recordar que en el año 2012, las autoridades mexicanas, pusieron en vigencia una reforma que prometía poner a México a la vanguardia en la protección de los derechos de la niñez, pero, lamentablemente no se da cumplimiento a la protección de los menores migrantes.

La reforma establecía que cada caso de un menor migrantes que fuese detenido en territorio mexicano, debe ser evaluado de forma individual por parte de las autoridades correspondientes, antes de tomar una decisión sobre su futuro, a la vez se prohibía que sean detenidos en cárceles migratorias, debiendo ser trasladados a las instalaciones del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia DIF. tanto municipales como estatales, para su cuidado y que deberán brindar la protección que prevé la Ley, para su asistencia, pero generalmente, no se da cumplimiento a dicha normativa, con lo que se viola los derechos humanos de los menores migrantes, sector más vulnerable de la migración.

A la vez, también quedó establecido, que sería el personal de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la República mexicana, y no las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), las que deberían tomar la decisión en primera instancia si es o no deportado a su país de origen, tras la evaluación de cada caso, lo cual no se cumple, tema que debería atender tanto la Cancillería de Guatemala, como la de Honduras y El Salvador.

En una investigación realizada entre enero de 2021, al entrar en vigencia la reforma y mayo del 2022, fueron detenidos 98,671 menores migrantes, pero sólo pasaron por el nuevo sistema de evaluación 19.067, es decir, un 19%, con lo que se demuestra la violación a sus derechos y a la normativa vigente de protección de menores en México.

La seria problemática que enfrentan los cientos de miles de menores migrantes no acompañados, que abandonan su país por las razones al principio indicadas, debe ser una preocupación tanto de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, siendo el viceministro a quién le plantee dicha problemática, pero hasta el momento, no he tenido conocimiento de acciones realizadas en pro de la protección de los menores migrantes guatemaltecos, que durante la anterior administración, no tuvieron el interés de atender las denuncias presentadas tanto en México, como en los Estados Unidos, lo que constituyó una irresponsabilidad imperdonable, un tema que debe atender el gobierno de la administración Arévalo en forma eficiente.

En el caso de los menores migrantes deportados no acompañados, también debe ser tomados en cuenta los hondureños y salvadoreños, que sufren la misma violación a sus derechos, al no aplicarse la ley que les protege por parte de las autoridades mexicanas, y que muchas veces como en Guatemala, deben esconderlos sus familiares para evitar que miembros de pandillas sepan de su regreso y volverlos a querer reclutarlos o asesinarlos.

Es lamentable que hasta el momento, las autoridades mexicanas como los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, no hayan reaccionado de oficio en realizar investigación de la violación que sufren los menores migrantes no acompañados al ser deportados, ya que se están violando los derechos de los menores.

Las autoridades mexicanas, dieron a conocer que suscribieron carta de intención con Guatemala, para reforzar los procesos de protección, atención y retorno de menores migrantes, un tema que debe ser tratado de urgencia, también involucrar a los gobiernos de Honduras y El Salvador en resguardo de sus menores migrantes connacionales.

Espero que esta denuncia, se traduzca en un tema a tratar en reuniones de la Comisión Binacional entre autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, para tratar esta seria problemática de la violación que sufren los menores migrantes no acompañados, al ser deportados, violando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vigente en México.

El concepto de justicia en temas migratorios en México es ambiguo y contradictorio, por una parte la Ley de Migración incorpora principios internacionales que colocan a México en una posición de avanzada en materia normativa sobre derechos de menores migrantes, que además se fortalece con la reforma en derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, en la ley migratoria también se identifican cláusulas y lagunas que limitan o contradicen ese postulado, especialmente en lo relativo a derechos y garantías claves en el contexto de la migración irregular de menores, por lo que debe prevalecer la protección en todo momento establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es necesario que en el tema de menores migrantes, se involucre la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH, al ser afectados los menores en sus derechos al ser retornados, también involucrarse la Procuraduría de Derechos Humanos PDH, así como los miembros de las Comisiones de Migrantes, Derechos Humanos y Menor y la Mujer del Congreso de la República en resguardo del sector más vulnerable de la migración, como son los menores migrantes.