Cuando pensamos en “elecciones” en Guatemala solemos asociarlo con urnas, con ese evento que sucede cada cuatro años para renovar el Ejecutivo, el Congreso o las municipalidades. Sin embargo, hay otro tipo de elecciones, de las cuales no participamos todos pero que también tienen un papel importante en el futuro de las instituciones. Los próximos meses nos recuerdan que las grandes decisiones no solo se toman cuando depositamos papeletas en una urna; también se dan en mesas donde abogados, académicos e incluso magistrados votan por candidatos para ocupar puestos clave en el Estado.

De esa cuenta, el 2026 no será un año cualquiera. En el calendario institucional coinciden procesos que casi nunca se alinean: la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), la elección de nuevo fiscal general, la renovación del contralor general de Cuentas, así como del rector de la Universidad de San Carlos y el presidente del Banco de Guatemala. En un lapso corto se reemplazarán o se buscará capturar instituciones clave para el control efectivo de la República.

La renovación simultánea de tantas instituciones genera un efecto de golpe. Es una reconfiguración profunda de poder. El oficialismo tratará de ocupar espacios en esas instituciones desde las cuales hoy recibe presión, las redes que cada vez orillan al país hacia una cleptocracia intentarán mantener el statu quo que las beneficia, y seguramente otros querrán inclinar la balanza hacia sus propios intereses. La carrera por cooptar las instituciones (así se ha descrito por años) ya empezó. En medio de todo esto, ¿dónde quedarán quienes buscan que se cumpla la ley, se elija a los mejores y que las instituciones cumplan su función sin ser exprimidas para provecho personal? Ojalá no sea desde el banquillo, sino desde el protagonismo, exigiendo reglas claras y compromiso con la objetividad e imparcialidad.

En realidad, no tenemos que esperar hasta 2026 para dimensionar lo que se viene: cálculos, tensiones, negociaciones y pactos. Claramente decisiones políticas. Los próximos meses serán la antesala a lo que se espera para el 2026.

La batalla por el presupuesto será el primer round. Sabemos que es herramienta poderosísima en la política guatemalteca porque es a través de este que se definen los márgenes de negociación y asignación de recursos. Quién recibe fondos, quién controla obras y proyectos define también quiénes quedan excluidos, y en años como este (de reacomodo), el presupuesto es como un anticipo de lealtades. Veremos quién logra qué en este reparto y con ello, qué grupos políticos dentro del Congreso y el oficialismo “mandan” realmente.

Lo mismo con la elección de la nueva junta directiva del Congreso. No es un trámite rutinario, más bien es un medidor de las alianzas políticas. La decisión que se tome en el hemiciclo, o por tradición, en los pasillos y oficinas del Congreso, va a calibrar las fuerzas al menos para las elecciones de magistrados del TSE, de CC y la renovación de la Contraloría General de Cuentas, pues son los diputados quienes los eligen eventualmente.

Así como cuestionaron a Benjamin Franklin al salir de la Convención de Filadelfia sobre el sistema que habían formulado los padres fundadores, y él dijo: “Una república, si son capaces de mantenerla”, esa es la pregunta esencial para Guatemala una vez termine la temporada de renovaciones. ¿Será el 2026 el año en que se consoliden arreglos para la impunidad, para revanchismos, o el de una verdadera renovación republicana?