Walter Juárez Estrada

Los tribunales sin importar rango o condición están constituidos para dar certeza y credibilidad en un régimen democrático. Actuar políticamente desvirtúa lo que norma la Constitución y someterse a la impunidad de los políticos, es el pueblo el soberano el que tiene todo el derecho de condenarlos y juzgarlos. Resulta incómodo que en los últimos años el Organismo Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, se plieguen a intereses espurios para afectar la voluntad de los ciudadanos.

Jueces honestos, fiscales, periodistas, han sido blanco de la inconformidad de los grupos que tiene cooptado el Gobierno y optaron por dejar sus cargos y refugiarse en el extranjero para salvaguardar su vida: Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro y comunicadores sociales, situación que deviene por no ser del agrado de las instituciones que dirigen los cuadros importantes del Estado y por esa situación, la crítica y la censura a nivel internacional, ha sido drástica y ha puesto en la picota de esos organismos a Guatemala, como una nación donde se criminaliza y se juzga a quienes no les son “simpáticos” a ciertos personajes.

El encausamiento de José Rubén Zamora ha transportado fronteras y se ha pedido reiteradamente su libertad, porque se considera que su encausamiento es una venganza política por las severas críticas que hizo en el medio del cual es presidente y va camino a su desaparición, al promoverse proceso contra periodistas y columnistas, violando lo que regula el artículo 35 de nuestra Carta Magna. En relación con el Organismo Judicial, la Constitución dice: que está instituido para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado… pero no cumplen lo que dice la ley. El juez Jimi Bremer, sin analizar a fondo el pedido de la fiscal Cinthia Monterroso, solicito certificar lo conducente contra los periodistas que haciendo uso de su derecho de libre expresión, han demandado la libertad de Zamora.

El artículo 268 de la Carta Magna indica en lo conducente: su función esencial de la Corte de Constitucionalidad, es la defensa del orden constitucional… Sin embargo, los fallos que ha dictado, tienen contaminación política al resolver que un aspirante a la vicepresidencia, no puede participar en el evento eleccionario, porque no cuenta con finiquito. Tal resolución viola lo que dice la ley matriz, que indica cuáles son los requisitos que debe tener un aspirante a un cargo. Se vedó el derecho al candidato Rodas, apoyado por un partido de izquierda y cuando fue Procurador de los Derechos Humanos, no se plegó a los intereses de grupos oficialistas.

En torno al Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos lo han puesto contra la pared, por no encuadrar sus decisiones lo que dice la Constitución, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y un reglamento obsoleto lleno de imprecisiones. Denotan los magistrados, desconfianza en un proceso que entre luces y sombras discurre sin dar mayor certeza a la población, que podría optar a no votar, porque está consciente que hay arreglos encubiertos para favorecer a determinados candidatos apuestos de elección popular financiados por narcos y los grupos que por años han explotado la política engañando al pueblo con falsas promesas.

No debe contaminarse la aplicación de la justicia, con la política, porque no da certeza y credibilidad en un régimen democrático y serán los guatemaltecos los responsables si votan por los corruptos como ha sido una tradición en los últimos años.